El reto de aplicar la ley de eutanasia

España da hoy un paso muy importante en la ampliación de los derechos civiles. Con la entrada en vigor de la ley de la eutanasia aprobada el pasado 18 de marzo, se suma al reducido grupo de países que reconocen el derecho a solicitar y obtener ayuda para morir en determinados casos de enfermedad incurable o que causa un sufrimiento insoportable. Tras dos décadas de intentos infructuosos, los enfermos que se encuentren en esa situación pueden invocar a partir de ahora su derecho. Pero, dada la materia que regula y la oposición que suscita en sectores minoritarios, pero influyentes, tan importante como la entrada en vigor de la ley es lograr que su aplicación sea lo más rigurosa y eficiente posible.

Algunos sectores se quejan de que no ha habido tiempo suficiente para prepararla bien. Pero lo cierto es que en estos tres meses debería haberse asegurado que todo estuviera a punto, y no ha sido así. A dos días de entrar en vigor, solo media docena de comunidades habían constituido la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia. La mayoría ha aprobado en el último momento los decretos de constitución y aún no han surtido efecto.

Quedan también otras importantes lagunas por cubrir, entre ellas la forma de regular la objeción de conciencia a la que pueden acogerse los médicos. La objeción tiene que ser por escrito y anticipada y las comunidades tienen que habilitar un registro de facultativos objetores, algo a lo que el Consejo General de Colegios de Médicos se opuso durante la tramitación de la ley. Este es un asunto trascendente, como ya lo fue en la aplicación de la ley del aborto, porque aunque los médicos puedan rechazar colaborar en una eutanasia, la Administración sanitaria tiene la obligación de garantizar la prestación.

Tampoco están plenamente desarrollados los protocolos de actuación de los profesionales sanitarios y las guías clínicas que deben dar seguridad a la hora de evaluar una cuestión tan delicada y subjetiva como es la percepción de sufrimiento. La ley española es muy garantista y, a diferencia de Bélgica y Holanda, cuya comisión de control interviene con posterioridad, aquí se exige una evaluación previa, lo que alarga y dificulta un proceso que puede durar 40 días y en el que tienen que intervenir al menos el médico de referencia del paciente, un segundo facultativo que no tenga relación con el equipo que le atiende y la citada comisión de evaluación. Existe el temor de que algunos gobiernos controlados por el PP e influidos por Vox, partidos que votaron en contra de la ley, utilicen su capacidad de decidir la composición de estas comisiones para entorpecer la aplicación de la ley, algo que sería del todo inaceptable.

Para que la ley inicie su recorrido sin sobresaltos es crucial desplegar una intensa labor de explicación y divulgación. Afortunadamente, existe un acreditado trabajo previo de los comités de bioética que ayudará, pero hay que garantizar que los engranajes funcionen desde el primer momento a fondo para evitar distorsiones y polémicas que generen confusión y ruido alrededor de los primeros casos que se acojan a la norma. No hay que olvidar el previsible boicoteo de sectores vinculados a la Iglesia católica, cuya Conferencia Episcopal ya ha anunciado su intención de que los hospitales y residencias de ancianos bajo su autoridad puedan declararse “zonas libres de eutanasia”.