Demanda social

Tras dos intentos fallidos en 2018 y 2019, el proyecto de ley orgánica de regulación de la eutanasia ha sido de nuevo admitido a trámite y esta vez tiene muchas posibilidades de salir adelante porque cuenta con un amplio apoyo parlamentario. Solo dos fuerzas políticas, el PP y Vox, que suman 140 de los 350 diputados, se oponen. El hecho de que esta sea la primera proposición de ley de la nueva legislatura indica la importancia que se le quiere dar. Presentada por el PSOE, supone el reconocimiento de un nuevo derecho individual y satisface lo que desde hace décadas es una clara y sostenida demanda social. Diferentes y sucesivas encuestas han mostrado que más del 70% de la población apoya regular la eutanasia y resulta muy significativo que ese apoyo supera el 60% entre los católicos, pues el principal obstáculo formal hasta ahora ha sido la oposición de la jerarquía de la Iglesia.

La ley prevé la posibilidad de recibir ayuda para morir en casos de enfermedad grave incurable o enfermedad crónica grave e invalidante que cause un sufrimiento intolerable, siempre que medie la petición expresa, reiterada en el tiempo, e informada del paciente. El proyecto excluye la posibilidad de practicar la eutanasia a personas que no tengan capacidad para decidir, excepto cuando lo hayan dispuesto previamente en un testamento vital. También reconoce el derecho a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario.

Las mejores condiciones de vida y el éxito de la propia medicina hacen que cada vez se alargue más la vida y aumente la supervivencia de personas con patologías graves e invalidantes que cursan con dolor. Prolongar la vida puede suponer en estos casos alargar una agonía insoportable. En tales circunstancias pueden entrar en colisión diferentes principios constitucionales que la ley pretende armonizar. Por un lado, el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral, y por otro, los principios de dignidad, libertad y autonomía de la persona. Con la regulación de la eutanasia se trata de reconocer una última y crucial libertad: la de poner fin a la vida cuando la única expectativa es un padecimiento insoportable que no puede ser aliviado por otros medios, como los cuidados paliativos. En definitiva, cuando, de acuerdo con sus valores, la persona afectada considera que la vida que le queda no es digna de ser vivida.

La progresiva secularización de la sociedad española y los cambios que han experimentado los valores dominantes exigen dar respuesta a estas nuevas necesidades. Algunos sectores han expresado su temor a que la ley pueda propiciar una especie de pendiente resbaladiza que lleve a utilizar la eutanasia para deshacerse de ancianos y personas desvalidas. Son temores legítimos que nacen de la compasión y la empatía, pero no deben combatirse con inmovilismo, sino con controles eficaces, y la ley prevé mecanismos suficientes para garantizar que eso no ocurra. Muy diferente es la oposición, que ya se está organizando, basada en la idea de que la vida no pertenece a la persona sino a Dios. Tal creencia es muy respetable, pero los que la invocan no pueden pretender imponerla a quienes no la comparten. Sería muy deseable que el principal partido de la oposición evitara caer en argumentos miserables, como afirmar que es una ley pensada para ahorrar costes sanitarios. La sociedad española se merece un debate de más altura.