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La eutanasia, a debate

El Congreso debe abordar a la vez el derecho a paliativos y la ayuda a morir

Maria Jose Carrascosa, enferma de esclerosis multiple en fase terminal.
Maria Jose Carrascosa, enferma de esclerosis multiple en fase terminal. EL PAÍS

El Congreso de los Diputados va a abordar por fin, tras varios intentos fallidos, la regulación de la eutanasia y el suicidio asistido. El desbloqueo de la proposición de ley orgánica presentada por el PSOE asegura que pueda tramitarse, y esta vez tiene altas posibilidades de salir adelante si no se interrumpe la legislatura. El hecho de que Ciudadanos haya comprometido su apoyo allana el camino para una medida que supone un avance importante en la extensión de los derechos civiles. La ley prevé la despenalización de la ayuda a morir en casos de enfermedad grave e incurable con un pronóstico de vida limitado o una discapacidad irreversible que cause un sufrimiento insoportable. De llegar a buen puerto, supondrá un paso decisivo en la extensión de los derechos civiles. Como ya ha ocurrido otras veces en materia de regulación bioética, si se aprueba, el legislador demostrará su capacidad para atender los cambios sociales y de sensibilidad en materias que atañen a la libertad y la autonomía de las personas.

Ciudadanos ha condicionado su apoyo a la aprobación previa del proyecto de ley de muerte digna que presentó en marzo de 2017 y se encuentra en una fase avanzada de tramitación. Pero la despenalización de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido no es incompatible con la regulación de los cuidados paliativos. Ambas normas pueden tramitarse en paralelo. El proyecto de Ciudadanos regula el acceso a los cuidados paliativos y la sedación terminal, y su propósito es extender el derecho a una muerte digna que ya han regulado con normas específicas 10 comunidades autónomas. En estos momentos, todavía hay muchos lugares en los que no se muere bien por falta de recursos médicos o porque no está plenamente garantizado que los facultativos atiendan la voluntad del paciente cuando este decide rechazar un tratamiento o un soporte vital. Es preciso garantizar unos paliativos de calidad, pero eso no impide afrontar también la despenalización de la ayuda a morir. Incluso con los mejores y más completos cuidados paliativos seguirá habiendo enfermos incurables con un gran sufrimiento que desearán morir. En esos casos, debe ser el paciente quien decida si quiere seguir viviendo. Si decide morir, ha de recibir ayuda médica para hacerlo en condiciones seguras y dignas.

La despenalización de la muerte asistida cuenta con un amplio apoyo ciudadano desde hace años. El miedo a los costes electorales ante la previsible oposición de la Iglesia católica es lo que ha frenado el cambio legislativo. Pero el apoyo a la eutanasia y el suicidio médicamente asistido es mayoritario incluso entre las personas que se declaran católicas. No hay ninguna razón para no aprobar un proyecto que permitirá a los enfermos incurables decidir el momento de morir sin tener que recurrir a la clandestinidad como ocurre ahora. Muchos enfermos de patologías neurodegenerativas deciden suicidarse mucho antes de lo que desearían por el miedo a que el avance de la enfermedad les impida poder hacerlo más tarde. Por supuesto, la existencia del derecho a decidir el momento de la muerte no obliga a nadie a ejercerlo si sus creencias se lo impiden y tampoco obliga a los médicos a practicar esta asistencia si hacen objeción de conciencia.

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