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Columna
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Menos cárcel y más trabajar

La ilegalidad de las actuaciones de los políticos del ‘procés’ no puede condicionar a la democracia española, pues esta requiere mecanismos para fomentar el diálogo

David Trueba
Indulto a los presos del Proces
El presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart; el secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, el presidente de ERC y ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante su toma de posesión.Alberto Estévez (EFE)

Los que están convencidos de que la única razón por la que el presidente Pedro Sánchez sopesa conceder el indulto a los presos del procés es mantenerse en el poder, tendrán que concluir, en consecuencia, que la única razón para oponerse de Pablo Casado consiste en conseguir el poder. Tendemos a juzgar duramente la labor de los políticos cuando buscan réditos electorales. Sin embargo, sin esos buenos resultados, sus carreras sencillamente dejan de existir. En el caso que ahora nos ocupa, este de los indultos, más bien habría que elogiar de Pedro Sánchez que, pese a las encuestas de opinión desfavorables, insista en plantarse frente a la contundente oposición de algunos de sus barones territoriales y el más prestigioso de sus antecesores, Felipe González. El presidente parece decidido a aprobar el indulto, le pese a quien le pese, y aunque le pese a él mismo cuando tenga que rendir cuentas en las próximas elecciones.

Quienes están convencidos de que conceder el indulto debilita a la democracia española, quizá no han caído en la cuenta de que la permanencia de políticos en presidio perjudica igualmente a la imagen exterior de la democracia española. Desde el inicio, que dos activistas sociales sin cargo público, como eran Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, recibieran penas de prisión era algo sospechoso en una democracia. De hecho, es más que posible que con el indulto a ambos, el Gobierno español se ahorre el varapalo de los tribunales europeos cuando revisen el caso. No está de más que los que se desvelan por la democracia española, también acusen recibo de las sentencias en contra que reciben desde Europa nuestros tribunales cuando se dejan llevar por la pasión partidista y la intervención política frente a la fría disposición de la ley.

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Jordi Cuixart es el más coherente de todos los presos del procés. Representa sin fisuras la opción por la desobediencia y entiende su encarcelamiento como una oportunidad reivindicativa. Por eso, al igual que el nacionalismo español más visceral, abomina de las medidas de gracia que el Gobierno se está planteando aprobar porque desactivan su estrategia. Cuixart tiene claro un camino que sus compañeros de prisión no pueden recorrer, puesto que se deben a su filiación de partido y trabajan para el reparto de cargos, carteras y poder autonómico del que disfrutan sus formaciones gracias al apoyo ciudadano en Cataluña. El indulto a Cuixart hay que percibirlo como una buena noticia democrática, pues a las ideas no se las frena con la prisión.

El resto de indultos pretenden desencallar una situación política envenenada, que se acrecienta elección tras elección en Cataluña por más que algunos no lo quieran aceptar. El gran error de los líderes nacionales del pasado fue dimitir de sus responsabilidades para la negociación y sacudirse la incapacidad personal mandando el balón al Tribunal Supremo. El fracaso de los políticos separatistas radicó en no entender que la ley es la democracia, más allá de las pasiones particulares. La ilegalidad de las actuaciones de los políticos del procés no puede condicionar a la democracia española, pues esta requiere mecanismos para fomentar el diálogo. Fue precisamente el Tribunal Constitucional el que en reiteradas ocasiones orientó la disputa hacia el campo de la política y no el banquillo judicial. Vino a decir: menos cárcel y más trabajar. Pónganse a ello.

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