Hablemos del problema a resolver

Nunca se debe comenzar a hablar de aquello que se quiere hacer, sino del problema que se necesita resolver. Ahora piensen en el alboroto que se ha montado ante la hipótesis de que el Gobierno conceda un indulto a los líderes catalanes condenados por sedición. El mismo, por cierto, que se generó tiempo atrás a resultas de un pretendido relator encargado de ordenar los trabajos de una mesa de negociación. Al igual que entonces, el error se repite de nuevo al plantear una medida concreta (los indultos) que activa un debate visceral cuyos argumentos desorientan y dificultan la conexión de la misma con la solución del problema de fondo (la cuestión catalana).

Vamos al origen. El Gobierno de Cataluña impulsó un proyecto político bajo la ilusa pretensión de hacer factible la independencia. El resultado es conocido. La independencia nunca se alcanzó y quienes trataron de llevar a término sus pretensiones al margen de la ley cumplen hoy penas privativas de libertad. Las consecuencias de todo lo expuesto se han manifestado en el orden político, judicial, económico y también en el social. De hecho, el proceso quebró la armonía entre catalanes, a la par que ensanchó el desafecto con el resto de españoles. Sin entrar ahora en un ejercicio estéril de atribución de culpas, ¿podemos estar de acuerdo en aceptar la existencia de un problema que compromete a futuro la cohesión del propio proyecto de país? De ser esto cierto, ¿es razonable imaginar fórmulas que contribuyan a evitarlo? y, en su caso, ¿quién debe asumir el reto de buscar soluciones?

Parece obvio que corresponde a la política ofrecer el marco en el que proliferen las respuestas adecuadas a los problemas existentes, una vez han sido depuradas las pertinentes responsabilidades penales de quienes, como ocurre en este caso, vulneraron la ley. Desde esta perspectiva, el Gobierno es el competente para valorar y seleccionar los instrumentos pertinentes para lograr una solución, tomando en consideración el grado de aceptación que las medidas pudieran suscitar entre las distintas fuerzas políticas y la propia sociedad.

El PP ya ha expresado su opinión. Y lo ha hecho arrastrado por la ultraderecha a una oposición de trinchera que difícilmente encuentra acomodo en la serena racionalidad que exige toda discusión en torno a asuntos que impactan en las condiciones que favorecen la convivencia del país. Pero, más allá de la exagerada reacción que se ha articulado frente a la hipotética concesión de indultos, ¿qué posición tiene el PP y el resto de fuerzas políticas (también las catalanas) si se les pregunta por el problema de fondo? Este es, a mi juicio, el debate que el Gobierno tiene la responsabilidad de facilitar en las próximas semanas. Discutamos primero sobre el problema que queremos resolver y exijamos a todos un compromiso para buscarle solución. Una vez aclarado este extremo tendrá todo el sentido que el Gobierno asuma el riesgo (quizás en solitario) de adoptar cualquier medida encaminada a resolver la cuestión catalana, incluida la vía del indulto.