Presión fiscal

El plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado por el Gobierno a Bruselas para detallar las reformas que abordará a cambio de los fondos europeos ha generado polémica en los últimos días a cuenta de algunas medidas de carácter fiscal. En primer lugar, acerca de la supresión paulatina que el documento recogía de la ayuda por tributación conjunta de los matrimonios en el IRPF, uno de los beneficios fiscales más extendidos, que afecta a 2,1 millones de contribuyentes y supone un coste de 1.070 millones de euros para el Estado, según los Presupuestos de este año. Tras recibir numerosas críticas a derecha e izquierda y en vísperas de las elecciones a la Comunidad de Madrid, el Gobierno se apresuró a echar marcha atrás. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, llegó a calificar la propuesta como una “errata” del texto. Pese a que la iniciativa está negro sobre blanco en el documento enviado a Bruselas, el Ejecutivo asegura ahora que no se recoge en su agenda y que debe ser el grupo de expertos reunido para diseñar la reforma fiscal quien decida el camino a seguir. El episodio ha causado legítimo desconcierto.

La otra controversia suscitada tiene que ver con la propuesta de extender los peajes a todas las carreteras estatales y regionales de gran capacidad a partir de 2024. La iniciativa recibió críticas incluso de miembros del PSOE. Pero, en esta ocasión, el Ejecutivo no se ha echado atrás. Ha defendido que el Estado tiene que mejorar sus ingresos para sufragar los servicios sociales. Argumenta que la medida solo se pondrá en marcha cuando la recuperación esté asentada y se hará de la mano del sector. Países del entorno como Portugal, Francia, Italia y Alemania tienen diferentes modelos para gravar la circulación del transporte por sus principales carreteras.

Estos episodios deben ser considerados en un contexto en el que, tras dos profundas crisis económicas en una década, las desigualdades sociales se han acentuado y las finanzas públicas están debilitadas. La inversión pública se ha reducido al mínimo desde la Gran Recesión y el dinero para conservación de las infraestructuras, incluidas las carreteras, llega apenas para evitar el deterioro. En términos generales, la presión fiscal de España está muy por debajo de la de los principales socios europeos. Las empresas pagaron en 2020 un tipo efectivo del 8,3% sobre sus beneficios. Hay margen para recaudar más. La conjunción de estos factores hace que el Gobierno acierte en la idea de ir estudiando medidas de incremento de la presión fiscal, como sostiene el plan de recuperación, y como además avalan importantes instituciones internacionales. Es preciso más músculo público para reforzar el Estado de bienestar y evitar un desgarro social en esta fase. El modelo que abandera el PP madrileño de reducción de impuestos en esta etapa de especial sufrimiento social es una receta para un nuevo y lamentable incremento de la desigualdad.

El Gobierno tendrá que proceder con máxima ponderación, diálogo y claridad en la comunicación. El incremento debería ser moderado, de inspiración progresiva y activado a medio plazo en cuanto la recuperación se haya asentado. En el caso específico de las carreteras, por ejemplo, habrán de buscarse fórmulas que no acaben perjudicando a las rentas más bajas o agravando la brecha entre población urbana y rural. La definición de la reforma fiscal será un reto formidable. Pero la senda es correcta.