Planes que no encajan

El revuelo llegó cuando en la versión completa del plan de recuperación español, de 2.000 páginas (desvelada al público el miércoles), afloraron alzas de impuestos para el último tramo de la legislatura… que Bruselas conocía desde el viernes 30 de abril. Pero no así la ciudadanía, a la que se sirvió un resumen de 343 folios. Feo.

Otra sorpresa surge al comparar su cadencia fiscal y la de la Actualización de Programa de Estabilidad 2021-2024 (APE). Triste conclusión: difieren, no encajan. ¿Qué carta nos quedamos?

La APE descarta alzas de tributos o la creación de otros, salvo lo presupuestado para este año. “La estrategia fiscal 2021-2024 se ha planteado en un contexto de ausencia de medidas fiscales salvo para el caso de 2021”, proclama en tres ocasiones.

Y sin embargo, el Plan de Recuperación prevé reforzar el impuesto de sociedades, armonizar Patrimonio y crear nuevas tasas medioambientales a plazo fijo: “La fecha de entrada en vigor de la reforma fiscal será el primer trimestre de 2023”, y durante ese ejercicio se abordarán también los agujeros negros de las bonificaciones injustificadas e inútiles en varias figuras.

Aparte de esa discordancia, el calendario puede suscitar polémica excesiva en fase preelectoral. O variar, si el ritmo de la reactivación no culmina a tiempo, “recuperando a finales de 2022 los niveles de actividad previos a la pandemia”, como prevé el Gobierno, mientras varios organismos internacionales la fían a 2023.

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El documento no es, ni aspira a serlo, un plan de consolidación fiscal a medio plazo, como pedían la Autoridad Fiscal y el Banco de España. Fía las mejoras macro al efecto rebote de la crisis y la mejora nominal del crecimiento, y al fin de los gastos extras muy ligados a la parálisis de la covid (ERTE, autónomos, ayudas directas a la solvencia), sin incorporar ajustes fiscales.

Si damos por buena la APE, su cotejo con las de los países vecinos similares, Italia y Francia, arroja conclusiones de mucho interés. La principal consiste en que para el último año del periodo programado, 2024, será imposible cumplir las pautas del Pacto de Estabilidad (3% de déficit público sobre el PIB; descenso continuado de la deuda hacia el 60%). O al menos, es lo que sostienen los tres Gobiernos.

Así, España reduciría su desequilibrio presupuestario, desde el 10,97% del PIB en 2020 al 3,2% en 2024. Italia lo haría desde el 9,5% negativo al 3,4% en las mismas fechas. Y Francia, del 9,2% al 3,9%: con la particularidad de que no bajaría del tope admitido del 3% ni siquiera en 2027 (-3,2%). Por poner otros casos, el déficit belga seguiría parecida senda (del 9,3% al 3,7%), mientras que Portugal, la ruta de los más prósperos y ortodoxos: del 5,7% al 1,6%

En cuanto al criterio de la deuda, España cumpliría, al pasar del 120% en 2020 al 112,1% en 2024. Mejor que Italia, que bajaría su 155,8% al 152,7% (aunque con picos inferiores al inicial, este año y el próximo). Y mucho mejor que Francia, que, más realista o más displicente ante el examinador, planea endeudarse aún más: desde el 115,7% al 118% en 2024 y al 117,7% en 2027. Bélgica le sigue, subiendo tres puntos y tres décimas. Y Portugal vuelve a ser un buen alumno.

Esas sencillas cifras ilustran lo difícil que será verificar el pronóstico preliminar de la Comisión de “desactivar desde 2023 la cláusula de escape” aplicada al Pacto de Estabilidad desde el inicio de la pandemia (One year since the outbreak of Covid-19, 3/3/2021). Entre otras razones, porque Alemania ya ha escenificado que pretende compartir las grandes decisiones no solo con Francia, sino con los otros dos grandes países mediterráneos. Y de la UE.