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El Gobierno empeora la previsión de déficit público hasta el 8,4% del PIB para este año

El Ejecutivo envía este viernes a Bruselas el Programa de Estabilidad 2021-2024 con peores pronósticos de déficit y deuda

Laura Delle Femmine
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa de este viernes.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa de este viernes.A. Pérez Meca (Europa Press)

El retraso en la recuperación pasará factura a las cuentas públicas. El Gobierno prevé que el déficit alcance el 8,4% del PIB en 2021, siete décimas más que el anterior pronóstico de otoño, mientras que la deuda se mantendrá en máximos del último siglo, en el 119,5%, según el nuevo escenario que presentó este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Estas previsiones, que van incorporadas a la actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024 enviado a Bruselas, suponen que los números rojos de las administraciones no bajen hasta 2025 del límite del 3% del PIB, el umbral a partir del cual Bruselas los considera excesivos.


El deterioro en los pronósticos se debe a una situación sanitaria que aún no está bajo control y a una actividad que continúa a medio gas por las restricciones. A ello se añaden los retrasos en la tramitación de las ayudas europeas, cuyo impacto multiplicador se verá demorado. La vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, ya había enfriado las previsiones económicas a inicios de abril: tras caer el PIB un 10,8% en 2020, el Ejecutivo calcula ahora que la actividad crecerá un 6,5% este ejercicio, una rebaja de más tres puntos con respecto al 9,8% vaticinado anteriormente. Economía confía en que este mordisco se recupere en 2022, con un salto del 7%. Después, el avance se irá moderando y acercándose al crecimiento potencial de España, hasta el 3,5% en 2023 y el 2,1% en 2024.

“La nueva senda de déficit es coherente con el cuadro macroeconómico que incluye los datos de crecimiento de PIB y las cifras de desempleo previstas para los próximos años”, señaló este viernes Montero. El Gobierno estima que la tasa de paro bajará al 15,2% en 2021 y se situará en el 12,7% en 2024. La diferencia entre ingresos y gastos públicos, que en 2020 alcanzó el 11% del PIB —incluido el impacto del banco malo, que agrandó el agujero en un punto porcentual—, se reducirá a un ritmo mucho más rápido: al 8,4% este año y al 5% el próximo gracias a la mejora de la situación sanitaria y la progresiva retirada de los estímulos. Para 2024, el Gobierno augura un déficit del 3,2%, cerca del umbral máximo del 3% que fijan las reglas fiscales de la UE, que han sido suspendidas ante el embate de la crisis y serán revisadas antes de volver a funcionar.

En este sentido, Montero alejó una vez más la fecha de presentación de un plan de reequilibrio en el medio plazo —tal y como recomiendan organismos como la Autoridad Fiscal y dispone la Ley de Estabilidad—, y lo aplazó a la reactivación del Pacto de Estabilidad europeo, que espera no sea antes de 2023. “Hoy tenemos que consolidar la recuperación”, dijo. “Hemos pedido a la Comisión que las reglas fiscales sigan suspendidas, pero demostramos nuestro compromiso en bajar el déficit”.

El Estado seguirá acumulando el grueso del desajuste por las transferencias brindadas a las demás administraciones, pero sus cuentas se irán saneando rápido. En 2021, su déficit bajará al 6,3% del PIB, y cerrará 2024 en el 2,5%. Las comunidades, con un desajuste de solo el 0,2% en 2020 gracias a las inyecciones de liquidez del Estado, elevarán su déficit al 0,7% este año y volverán al 0,2% en 2024; el agujero de la Seguridad Social, del 1,5% en 2020, será del 0,7% en tres años.

Montero defendió que la revisión en la previsión de déficit, de siete décimas frente a un recorte de más de tres puntos en la subida del PIB, se debe a un mejor cierre presupuestario en 2020 —el déficit no llegó al 11,3% del PIB previsto en otoño— y a una caída de la recaudación (-8,8%) menor a la de la actividad (-10,8%). Esto fue posible por el buen comportamiento del IRPF, la única figura que creció en 2020 por el alza del sueldo de los funcionarios, la revalorización de las pensiones y los apoyos a las rentas, encarnados en los ERTE, que, junto a otras políticas de protección y al aumento del gasto sociosanitario, disparó en 2020 el gasto a un récord de 53.000 millones.

Este año se prevé que la recaudación crezca un 7,6%, aupada por los vientos de la recuperación. Los ingresos por IRPF se elevarán un 5,9%; sociedades, que perdió un tercio de su recaudación en 2020, repuntará un 13,9% por la mejora de los beneficios empresariales. Los ingresos por IVA, castigados por el frenazo en el consumo, repuntarán un 7,8%. La deuda, al contrario, seguirá en niveles inéditos hasta al menos 2024. Del 120% del PIB de 2020, cuando dio un salto de más de 24 puntos, el mayor jamás registrado, bajará medio punto en 2021. En 2022 descenderá al 115,1% por la mejora de la actividad y la reducción del déficit, pero en 2024 seguirá disparada en el 112,1% del PIB.

“Todas las proyecciones se han calculado a partir de un escenario inercial”, matizó Montero. Esto significa que no tienen en cuenta el impacto de medidas que se puedan adoptar durante el ejercicio y de las reformas comprometidas con Bruselas en materia fiscal, laboral o de pensiones para desbloquear los fondos europeos. La ministra añadió que, pese al empeoramiento de las previsiones y la caída de la actividad un 0,5% en el primer trimestre de este año, hay razones para el optimismo: la llegada de las vacunas, el hecho de que los organismos internacionales sitúan a España a la cabeza del crecimiento de las grandes economías, las ayudas europeas y el plan de reformas. La evolución de la pandemia en los próximos meses y la reactivación de la economía lo dirán.

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La Airef avala el escenario, pero alerta de riesgos

La Autoridad Fiscal (Airef) avaló este viernes el escenario del Gobierno, pero alertó de que existen riesgos que pueden empujar a la baja las previsiones. El organismo hace hincapié en la evolución de la pandemia y la incertidumbre sobre los fondos europeos. Considera que aún no se puede evaluar “con el rigor necesario” el impacto del Plan de Recuperación, por “la escasa información disponible sobre el calendario de ejecución de los fondos y el detalle de los proyectos de inversión y de las reformas”. Además, señala que la situación sanitaria aún supone “una elevada incertidumbre sobre la intensidad de la recuperación”.

El organismo, que publicará un análisis sobre el Programa de Estabilidad, cree que la previsión del Gobierno para 2021 será viable solo si avanza el proceso de vacunación y se materializan ya este año las primeras inversiones del Plan de Recuperación. En el medio plazo, hará falta que la pandemia remita a nivel global y que los proyectos ligados a los fondos europeos se ejecuten en los plazos y tengan calidad suficiente para elevar el crecimiento. “Con la información disponible en la actualidad, la Airef alerta de que los riesgos se encuentran sesgados a la baja”, concluye.

Una solución conjunta para el IVA de las comunidades

Montero también se pronunció sobre la devolución del IVA de 2017, tras conocerse esta semana que el Supremo ha condenado al Estado a compensar a Castilla y León. Los Gobiernos regionales llevan tiempo exigiendo que se les reintegre una mensualidad de ese ejercicio —unos 2.500 millones, según Hacienda—, que no pudieron computar porque en 2017 el Ejecutivo de Mariano Rajoy implementó un nuevo sistema de gestión que causó un desfase de un mes en el cobro del impuesto. “Vamos a estudiar la sentencia en profundidad, y lo que se aplique para un subsector, una comunidad, se aplicará en la totalidad en territorio”, dijo la ministra tras señalar que lo ocurrido es fruto de “dos atropellos del PP”.

En su opinión, el PP no solo causó el desfase; tampoco buscó una solución, ya que votó en contra de los Presupuestos del PSOE de 2019 que consignaban una partida para zanjar el problema. Antes de la pandemia, Hacienda suavizó el déficit autonómico a cambio de no devolver el IVA de 2017, pero el trueque no gustó a los Gobiernos regionales: muchos llevaron el asunto a los tribunales.

Montero insistió en que el Estado inyectó a las comunidades 16.000 millones en 2020, y que este año transferirá otros 13.000, “11 veces más” que el importe reclamado por el IVA. Añadió que 10 autonomías —Cataluña, Galicia, Asturias, La Rioja, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Castilla y León— ya han firmado el convenio para desbloquear los 7.000 millones de ayudas directas a empresas anunciados en marzo, y que Castilla-La Mancha y Extremadura ya recibieron los importes. Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla y León los tendrán en torno al 7 de mayo, aseguró.

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Sobre la firma

Laura Delle Femmine
Es redactora en la sección de Economía de EL PAÍS y está especializada en Hacienda. Es licenciada en Ciencias Internacionales y Diplomáticas por la Universidad de Trieste (Italia), Máster de Periodismo de EL PAÍS y Especialista en Información Económica por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

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