Reconstrucción

La reconstrucción de la economía española tras la parálisis causada por la pandemia exige una gestión política muy compleja. Las expectativas de que Gobierno, fuerzas políticas y Administraciones autonómicas y locales la culminen parecen hoy bastante remotas. Las dificultades de la Comisión de Reconstrucción para firmar acuerdos significativos indican que la oposición parece no haber entendido la gravedad de la situación y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tampoco se ha fajado para tender puentes, más allá de las obligadas declaraciones retóricas. La debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición —y su misma composición, un asunto no menor— agrava el sudoku.

El juego de bloqueo, por el que los acuerdos con unos partidos provocan el rechazo de otros, amenaza con acarrear pésimas consecuencias. Porque lo que se juega no son detalles de un plan para la normalidad, sino resolver una situación económica excepcional: los dramáticos problemas de un país con reformas pendientes hace años, con el turismo gripado, una industria que necesita inversiones gigantescas, una tasa de paro aliviada solo temporalmente por los ERTE, un déficit que se desbordará y una deuda que se acercará al 120% del PIB este año. Resulta necesario también recuperar una reputación ante los agentes económicos —nacionales e internacionales— que el país ahora mismo no tiene.

La estrategia tiene que partir de un programa de recuperación de la economía durante los próximos años (de cinco a siete), aproximadamente al ritmo del paquete presupuestario europeo. El programa debería incluir un plan de estabilidad financiera con el fin de establecer las acciones fiscales y de gasto público necesarias para corregir el déficit y la deuda. El propósito encierra gran dificultad porque, a diferencia de la crisis de 2008, hay que partir del criterio de que durante los próximos años es indispensable mantener un gasto social coherente con el ya comprometido e iniciar, desde 2021, planes anuales de inversión destinados a fortalecer la industria, aumentar la masa crítica de las empresas turísticas, garantizar el éxito de la transición energética y estimular el capital tecnológico. Todo ello necesita de la aquiescencia de las fuerzas políticas, acuerdos con las fuerzas sociales y colaboración de los poderes autonómicos y municipales.

Un plan tiene valor si allega ideas claras para su aplicación y la certeza de que puede financiarse. La primera condición puede cumplirse fijando los sectores y mercados donde debe invertirse el dinero público en concertación con la economía privada. Evítese el error de suponer que la disponibilidad de fondos (las ayudas europeas) es condición suficiente para estimular el crecimiento y aumentar el empleo de calidad. De poco sirven los fondos sin un plan creíble para todos los actores económicos.

La condición financiera se cumplirá si se admite que el sistema tributario necesita una reforma dirigida a aumentar la recaudación, con criterios de equidad y claridad normativa. Las tasas Google y Tobin son insuficientes. Las líneas de esa reforma no constituyen un misterio ni tienen por qué implicar subidas desmesuradas de impuestos, y menos aún a corto plazo o con trasfondo de bandería política. Bastaría con ajustar la presión fiscal a la media europea, al ritmo de la recuperación, para no asfixiarla. Los principales ajustes consisten en revisar los beneficios fiscales obtenidos a cambio de prestaciones sociales de eficacia dudosa (algo evidente, pero no solo, en el Impuesto de Sociedades), modificar la estructura del IVA, subir los tributos de alcohol y carburantes, fijar un suelo para el Impuesto sobre el Patrimonio en las autonomías y organizar las tasas medioambientales.

Los partidos han de entender la gravedad de esta recesión, empezando por los de gobierno. Pese a la retórica de unidad, las diferencias de fondo entre la socialdemocracia reformista de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y ciertos discursos de sus socios de Unidas Podemos son más que sustanciales. Y siguiendo por el resto de formaciones políticas. De lo contrario, sólo quedará el frustrante parcheo político anual, la destrucción del tejido empresarial y el empleo, y el regreso a las malas políticas de reducción de rentas y descapitalización inversora.