Las políticas de energía y cambio climático: una propuesta para alcanzar consensos sociales y territoriales

En las intervenciones en el Pleno del Congreso de los Diputados y con más detalle en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico venimos señalando una carencia sustancial en el diseño de la política energética y ahora también de la relativa al cambio climático y a la transición energética: las políticas energéticas obvian que los hechos que regulan suceden en territorios concretos.

Para corregir esta práctica defendemos la necesidad urgente de incluir la dimensión socio-territorial en las políticas energéticas, en sus leyes, reglamentos y planes. Los hechos económicos que pretende ordenar y regular el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no suceden solamente en la abstracción del mercado o del pool energético, o en el sistema informático que resuelve las subastas de renovables, sino que tienen lugar en territorios, en parcelas y fincas agrarias de propietarios públicos y privados. Y sus efectos o los de las subastas de energía renovable producen efectos fundamentales y a veces irreversibles en paisajes, en pueblos y comarcas.

Desde el compromiso innegociable con los objetivos de descarbonización de la economía, con la lucha contra el cambio climático y con el impulso de las energías renovables, entendemos que es necesario clarificar el escenario legislativo de la transición energética, que es imprescindible consensuar los objetivos ambientales y socioeconómicos, y explicitar cómo se va a actuar sobre estos dos procesos en marcha: la reforma del mercado eléctrico y el despliegue de las centrales de energías renovables. Es necesaria la coordinación de los agentes privados con el sector público, incluidas las comunidades autónomas, así como la sincronización en el tiempo del diseño de la normativa y del despliegue de la nueva industrialización del territorio que provocan las centrales de renovables.

Se debe extender los beneficios de las renovables a las comunidades locales y a los territorios en los que se implantan. No puede ser que el desarrollo de las energías renovables, la modernización del sector eléctrico lo soporten, sin compensación, los territorios de la España vaciada. Por ello, en el núcleo de la política de energías renovables y en todas sus acciones es imprescindible integrar principios que ahora mismo no lo están. Es prioritario impulsar la generación distribuida, lo que quizá debe reflejarse en las propias subastas eléctricas. Es imprescindible que el Estado garantice con rigor y en todas sus dimensiones el control ambiental y de los paisajes en el despliegue de renovables. Es esencial que el Estado regule, certifique y exija la participación de las comunidades locales y de los territorios en los beneficios del sector de las renovables. Es inaplazable incluir, de manera prioritaria, en las subastas de energía renovable la repotenciación de los aerogeneradores de las centrales de renovables que ya han quedado obsoletos.

La dimensión territorial debe ser el cuarto pilar de las políticas energéticas. En nuestra visión, el contenido de las políticas energéticas y de cambio climático se apoya en tres pilares: la regulación del mercado energético, del pool energético, con un sistema marginalista puro en la formación del precio de la electricidad, la política de descarbonización y de lucha contra el cambio climático, y el impulso y ayudas a las energías renovables. En esos tres soportes se asienta el tablero de las medidas energéticas del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El repaso a la legislación de la actual Administración o de las anteriores permite comprobar que lo territorial no existe, que no ha existido para las políticas energéticas, sin embargo los hechos económicos y ambientales que regulan estos instrumentos políticos o legislativos no suceden en la abstracción. Hay un olvido reiterado en los anteriores y en el actual Gobierno: la dimensión territorial en la política energética. Una grave omisión que es necesario revertir: la política de energías renovables y la relativa a la lucha contra el cambio climático deben incorporar una dimensión territorial que contemplen sus dimensiones ambientales, sus impactos sociales y económicos en las comunidades locales, así como su relevante función territorial y su capacidad de arrastre para el desarrollo de comarcas y áreas rurales. Este pilar político debe configurar un marco para el consenso social y territorial, para la incorporación e identificación de las comunidades locales con el proceso de despliegue de las energías renovables.

Las prácticas en vigor en todas las comunidades autónomas para la instalación de cada una de las centrales de renovables en España ponen de relieve que la política energética del Estado debe incorporar una política de evaluación ambiental rigurosa, que atienda al hecho real, que considere todos los efectos ambientales de la instalación así como las dimensiones de las instalaciones, sin fraccionamientos u ocultamientos; que tenga la certificación del Estado en unos parámetros de calidad ambiental que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debe formular.

En la misma línea, para la elección de los emplazamientos, se hace imprescindible un modelo de planificación física para la instalación de las centrales renovables que incorpore las garantías, el procedimiento, la transparencia, la participación ciudadana y la equidistribución de beneficios, en línea con el modelo danés para esta finalidad.

El emplazamiento de las centrales de energía renovables debe basarse en el respeto riguroso a las condiciones ambientales, a las normas de ordenación del territorio, a las cartas del paisaje o, en su defecto, a los valores paisajísticos y en el acuerdo y la participación explícita y amplia de las comunidades locales. Para ello es importante impulsar fórmulas de participación de estas comunidades locales que pueden ir desde el consenso alcanzado en procesos transparentes, regulados e implementados, a las compensaciones económicas o la incorporación en el accionariado del proyecto de las comunidades locales o de vecinos que lo deseen. Por ello es importante respetar la ordenación del territorio y las cartas del paisaje, sin buscar atajos con las declaraciones de “proyectos de interés autonómico”.

En este sentido el Ministerio, en línea con lo que señalan reconocidos juristas, no debe permitir la aplicación del procedimiento de expropiación forzosa, en los procedimientos para la instalación de las centrales de energías renovables. Dado que la actividad de generación de electricidad se ha convertido en una actividad económica industrial privada como otra cualquiera, que puede ser libremente ejercida, no cabe la aplicación de esta normativa sobre expropiación forzosa que favorecía claramente los derechos de las empresas promotoras o de las empresas dedicadas a la gestión de autorizaciones y a la obtención de terrenos, frente a los derechos de los propietarios rurales o de los Ayuntamientos o de otras administraciones.

Paralelamente, en el marco de esta política territorial de las energías renovables, en la búsqueda del consenso social y territorial, se hace necesario impulsar el desarrollo económico de las comarcas que reciben las instalaciones de renovables, impulsar nuevas oportunidades y fortalecer la cohesión territorial; por estas razones proponemos la creación de un canon extrafiscal sobre las centrales de energías renovables que debería nutrir el fondo de compensación ambiental de las energías renovables.

Este canon busca vincular, en un compromiso insoslayable, la oportunidad que representan la transición energética y la economía verde con el desarrollo económico y territorial de las comarcas de áreas despobladas que sufren un atraso histórico producto de décadas de olvido. Cabe recordar que en España ya han existido precedentes similares a esta propuesta: la ley 7/1981 reguladora del canon sobre la producción de la energía eléctrica, vigente hasta la entrada del IVA en 1985, que permitió la modernización de la red de carreteras de algunas comarcas turolenses.

Tomás Guitarte Gimeno es diputado de Teruel Existe.