Las personas dependientes nos necesitan aún más

Los Presupuestos Generales del Estado recogen un incremento del 34,4% en la partida destinada a reforzar los servicios de atención a la dependencia. Un aumento que, sin lugar a dudas, se trata de una muy buena noticia. Pero no lancemos las campanas al vuelo.

El gasto público en Dependencia resulta muy modesto si se compara con las necesidades de cuidados de la población. Por ello, desde el Consejo Económico y Social de España (CES) hemos solicitado a las Administraciones Públicas que redoblen sus esfuerzos para aumentar sustancialmente la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) frente a las debilidades ya preexistentes a la pandemia y que el coronavirus ha evidenciado.

Ciertamente resulta complejo saber a ciencia cierta el gasto real en atención a la Dependencia. Por ello, convendría desarrollar un sistema común de información contable del SAAD. Dicho lo cual, y pese a que habría que aprovechar los fondos europeos para mejorar el Sistema de Atención a la Dependencia, no sólo es cuestión de financiación.

En este contexto, el CES pide alinear el sistema sanitario y el de atención a la dependencia para reforzar la lucha contra el virus, máxime teniendo en cuenta que la falta de coordinación ha sido uno de los principales agravantes de la pandemia.

Frente a ello, este órgano consultivo del Gobierno ha elaborado el informe sobre el Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que insta a integrar la perspectiva de género y a superar las desigualdades existentes entre territorios, para lo que habría que desarrollar la red de servicios sociosanitarios en la España rural.

En nuestro país más de un millón de personas han solicitado estos servicios. Y los datos resultan demoledores, puesto que durante el primer semestre del desgraciado año 2020, más de 32.000 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia (20.413 dependientes con derecho y 11.622 pendientes de valorar).

Por otra parte, en España el volumen de mayores de 65 años pasará de representar el 19,6% de la población en 2020 al 26,5% en 2035. Sin embargo, el CES llama a superar la visión edadista, puesto que el 6% de la población española dependiente es menor de edad.

Y hablando de visiones, aunque todo dependa de la lente con que se mire, lo cierto es que este colectivo ha sido y es una de las principales víctimas de la pandemia. Porque si los confinamientos y las restricciones pueden hacer mella a nivel psicológico y social, la pérdida de contacto físico y las consecuencias emocionales en las personas dependientes que permanecen en sus hogares y han dejado de recibir servicios o no han logrado acceder a ellos resultan especialmente preocupantes.

Y es que si la creación del SAAD supuso un hito muy importante en el sistema de protección social español, ahora urge fortalecerlo para mitigar los graves efectos colaterales del coronavirus.

Para ello, el CES —como uno de sus máximos exponentes— defiende el diálogo entre el Gobierno y los interlocutores sociales, que en esta ocasión ha dado sus frutos a la vista del acuerdo alcanzado en la mesa en materia de Dependencia.

El informe también advierte del riesgo de “sustitución” de las prestaciones residenciales por cuidados familiares (prestaciones económicas con coste muy inferior para las administraciones), en un contexto en el que la corriente de preferencia por la “atención en el hogar” frente a la “institucionalización” parece estar cobrando fuerza.

En cualquier caso, el CES pone el acento en la necesidad de mejorar el alcance y la intensidad de la atención a domicilio, su profesionalización, y la conveniente mejora de las condiciones laborales en este subsector.

En este sentido, la calidad de las prestaciones no puede separarse de la del empleo. Y ésta resulta bastante mejorable, como demuestran la alta temporalidad y rotación, la escasa duración de los contratos, el elevado nivel de tiempo parcial involuntario y el porcentaje de personas ocupadas en el sector que están buscando otro trabajo por razones salariales. Frente a ello, el acuerdo del Gobierno con los interlocutores sociales insta a asegurar que las condiciones laborales de las personas que trabajan en el SAAD sean adecuadas.

En paralelo, el informe sugiere evaluar los aspectos del funcionamiento de la contratación pública que puedan revertir en una mejora de la calidad de las prestaciones y en una mayor equidad interterritorial. Sobre todo debido a que la atención a la dependencia es una de las vertientes de la protección social donde la colaboración público-privada está más extendida y a que buena parte de la actividad de las empresas del sector se desarrolla sobre la base del sistema de concierto de servicios.

En definitiva, las dramáticas consecuencias de la covid-19 deberían marcar un antes y un después para abordar los cambios necesarios en el sistema para ofrecer a las personas dependientes los servicios que merecen —y necesitan— ahora más que nunca.

Pedro C. Fernández Alén es presidente en funciones del CES.