Fondos europeos: fracaso colectivo español
El plan de gestión de la ayuda de la UE avanza en el Parlamento de forma pésima
El Congreso de los Diputados votó este jueves la convalidación de un decreto de gran importancia, el que esboza el marco de gobernanza de los ingentes fondos europeos que España tiene previsto recibir. Se trata del proyecto de mayor envergadura transformadora en décadas. Desafortunadamente, el resultado de la votación es, antes que ningún otro, un fracaso colectivo de la política española, lastrada por tacticismos de cortas miras, cálculos partidistas, raquítica propensión a dialogar y construir juntos. Las responsabilidades, aunque de distinto grado, manchan gran parte del hemiciclo.
Tras la estampida de su volátil socio ERC, el Gobierno salvó la votación gracias al apoyo de EH Bildu y la abstención de Vox. Que esta sea la base sobre la que edificar un trascendental proyecto de modernización del país provoca honda inquietud. Como han señalado correctamente varias formaciones políticas, el Ejecutivo tiene la grave responsabilidad de no haber dialogado en tiempo y forma acerca de esta iniciativa con los demás partidos. Es incomprensible que el presidente, Pedro Sánchez, esperara tener una adhesión automática a una norma de tan vital importancia y muy polémica por un diseño que, con el comprensible afán de agilizar el gasto, centraliza mucho las decisiones y recorta peligrosamente los controles. Por ello mismo, requería la máxima concertación política y cooperación institucional.
La sensación de improvisación que exhibió el Ejecutivo es alarmante y evidencia los límites de las alianzas parlamentarias que ha cultivado —con especial impulso del socio minoritario—. Si alguien tenía alguna duda, la afinidad electiva con ERC demostró este jueves toda su evanescencia. La formación republicana optó sin más por su interés partidista en vísperas de las elecciones autonómicas y puso el epitafio a cualquier pretensión de que se pueda confiar en ella para proyecto de país alguno.
En el otro lado del hemiciclo, se asistió a una nueva prueba de la ciega intransigencia del PP, que, de forma cada vez más evidente, prioriza su ventajismo político sobre el interés general. Una posición radical que desalienta cualquier aproximación negociadora. El alabado discurso de moderación pronunciado por Pablo Casado en la moción de censura de Vox ha quedado en eso: un discurso nada más. España sigue a la espera de la metamorfosis de sus palabras en hechos. Ciudadanos, por su parte, que en el pasado ha mostrado mayor disposición negociadora, esta vez pareció modular un tono más duro con la vista puesta en las elecciones catalanas. Ambos partidos votaron que no, asumiendo el riesgo de provocar un importante accidente en la gestión de los fondos.
El Ejecutivo evitó in extremis una derrota que habría proyectado una pésima imagen en Bruselas gracias al apoyo de la izquierda abertzale y a la abstención de la extrema derecha —en la improbable interpretación del papel de fuerza responsable—. Detrás de la maniobra de Vox se intuye el deseo de desmarcarse del PP y cultivar su propio perfil. La gestión de los fondos europeos es, por su trascendencia, un asunto intrínsecamente turbulento. El Gobierno italiano acaba de caer por un pulso sobre esta materia. Hay sin embargo mucho camino por delante, quedan oportunidades para mejorar el esquema de gobernanza —que lo necesita— y concertar los proyectos. Por desgracia, visto el panorama en el Congreso, cuesta creer que se vayan a aprovechar esas oportunidades.
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