Todo claro

Las cuestiones que suscita la reforma de la ley educativa son interesantes y merecerían un debate más detenido del que han recibido: la consideración de la concertada, el paso de curso con varios suspensos, la elección entre ética y formación cívica, la educación sexual de los niños... ¿Y la supresión del castellano como lengua oficial del país y vehicular en las aulas? No, ese no es un problema meramente educativo. Se trata a la vez de una agresión de incalculable gravedad a los derechos constitucionales de los ciudadanos y a un símbolo principal de la realidad de nuestra nación. Dicen que aun así los alumnos acabarán el bachillerato sabiendo castellano además de la lengua de su autonomía: ¡naturalmente, ya que en la mayoría de los casos se trata de su lengua materna! No salen sabiéndola, sino que entran así, pues la traen de casa. Pero no tendrán derecho a estudiar en ella, como sería natural, ni a transformarla de lengua familiar en lengua de cultura. Y además se verán discriminados por usarla como si fueran forasteros no en su terruño, sino en su patria. Así el separatismo, el peor enemigo, se cobrará su pieza más codiciada.

Aquí solo se admiten tres modos políticos: izquierda (el Gobierno y sus apoyos), centro (critican, pero se abstienen) y extrema derecha (oposición activa. En caso de duda, preguntar a Pablo Iglesias). De modo que, últimamente, la izquierda no solo consiste en decidir qué memoria es democrática y cuál no, en defender la autodeterminación de género sin zarandajas biológicas, en crear una comisión gubernamental de la verdad para penar a quien se salga del carril..., sino también en facilitar el arrinconamiento de la lengua común de todos. Lástima no haberlo sabido hace años: nos habríamos quitado antes.