EZLN: así ha caminado el zapatismo a 40 años de su fundación

El zapatismo irrumpió en la escena política de México la madrugada del 1 de enero de 1994, cuando miles de combatientes indígenas se levantaron en armas y tomaron cinco cabeceras municipales de Chiapas, en el extremo sur del país. Desde San Cristóbal de las Casas, los rebeldes se presentaron al mundo con una declaración de guerra al Gobierno mexicano y definieron su origen en los procesos históricos que, desde la Conquista, resultaron decisivos para el alzamiento. “Somos el producto de 500 años de luchas”, explica la Primera Declaración de la Selva Lacandona, que llamó a unirse a la insurgencia y reivindicar los derechos que les han sido negados históricamente: “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”.

La rebelión, sin embargo, comenzó a gestarse una década atrás: en noviembre de 1983, un grupo de seis integrantes de las extintas Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), una guerrilla fundada en 1969 en Monterrey y desaparecida durante la Guerra sucia en México, levantaron el primer campamento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la Selva Lacandona. Diez años después, tras acumular fuerzas en silencio, vincularse con comunidades indígenas politizadas que formaron una base social que se cuenta por decenas de miles y aprender tácticas militares, el EZLN introdujo de golpe la realidad de los pueblos indígenas a la historia nacional.

El levantamiento armado contrastaba con la narrativa que pretendía legar el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari de cara al siglo XXI: 1994, año electoral y de cierre de sexenio, marcaba la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLC), un acuerdo que en el papel, afianzaba el desarrollo económico como el motor para la modernización del país. Tras los primeros informes de inteligencia, que desestimaban el origen indígena del levantamiento y lo atribuían a cuadros extranjeros con experiencia en guerrillas centroamericanas, la respuesta inicial del Gobierno consistió en lanzar una ofensiva militar para sofocar la rebelión.

Con un despliegue de poco más de 12.000 soldados, el Ejército mexicano recuperó la mayoría de las posiciones en manos rebeldes durante los primeros cuatro días de combate obligándoles a replegarse. Sin embargo, la imagen de los zapatistas, con el rostro cubierto por pasamontañas y paliacate rojo atado al cuello, dio la vuelta al mundo acumulando simpatías, especialmente entre pueblos indígenas, estudiantes universitarios e intelectuales de izquierda. Sus demandas agitaron la esperanza del altermundismo, justo cuando la pugna entre socialismo y capitalismo parecía resuelta en definitiva.

El inicio del diálogo

Tras una serie de bombardeos aéreos indiscriminados y el inicio de una investigación dirigida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre ejecuciones sumarias cometidas por las tropas federales, el clamor por un alto al fuego se materializó en una protesta multitudinaria en el Zócalo de la capital del país celebrada el 12 de enero de 1994, donde miles exigieron al Gobierno la retirada del Ejército de Chiapas, una condición de los zapatistas para establecer el diálogo. El mismo día, el presidente Carlos Salinas de Gortari anunció el cese al fuego y se establecieron las bases para dialogar por primera vez desde el levantamiento: mientras el Gobierno nombra al canciller Manuel Camacho Solís comisionado para la paz, los zapatistas proponen a Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las Casas, como mediador en vías de un proceso de pacificación.

El diálogo entre la Comisión de Paz y el EZLN arrancó oficialmente el 21 de febrero, con sede en la catedral de San Cristóbal. Durante poco más de un mes, la tónica general de los encuentros se estancó entre las demandas presentadas por los zapatistas y las respuestas insatisfactorias del Gobierno, contenidas en un primer borrador llevado a consulta entre los zapatistas y sus bases de apoyo. La negativa llevó a una primera suspensión de las negociaciones, un escenario que se repitió constantemente durante el resto del año.

En paralelo, y a pesar de que el presidente entrante, Ernesto Zedillo, ofreció una salida pacífica al conflicto y aseguró que no habría violencia por parte del Gobierno, el Ejército mantiene un cerco alrededor de las zonas de influencia zapatistas en Chiapas, con intromisiones y ataques constantes. El acoso, denunciado por los rebeldes como una “guerra de baja intensidad” y negado por las fuerzas armadas, se convirtió en una constante en el conflicto, dando lugar a la aparición de grupos paramilitares y una ola de violencia que provocó el desplazamiento forzado de miles de indígenas.

La fundación de los municipios autónomos

A finales de 1994, el EZLN rompe la tregua y anuncia la fundación de una treintena de municipios autónomos en su zona de influencia, los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ). La reacción del Gobierno recrudece la presencia militar en Chiapas y por primera vez desde el inicio del conflicto, libra órdenes de aprehensión por terrorismo contra quienes aseguran, lideran la insurrección en Chiapas. Entre ellos, el Subcomandante Marcos, principal portavoz y el rostro más visible de los zapatistas desde el levantamiento, cuya identidad es revelada: según los informes de inteligencia del Estado, se trata de Rafael Sebastián Guillén Vicente, un hombre de Tamaulipas y exprofesor universitario.

Al anuncio del Gobierno siguió otra movilización popular en el corazón de la capital. El 11 de marzo de 1995, bajo la consigna “Todos somos Marcos”, decenas de miles se congregaron en el Zócalo para exigir un alto a la militarización y la retirada de cargos contra los zapatistas. Al mismo tiempo, la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna, una iniciativa que pretendía crear el marco legal para solucionar el conflicto, avanza en el Congreso y es enviada a los rebeldes.

Los acuerdos de San Andrés y la caravana zapatista

Entre octubre de 1995 y febrero de 1996, El EZLN y el Gobierno federal llevaron a cabo las primeras mesas de negociación que dan como resultado los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena; un documento que en el papel, sentó las bases para establecer una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas a partir de su pleno reconocimiento constitucional, así como de sus derechos políticos y culturales, además de su autonomía. Sin embargo, el compromiso de modificar la Constitución naufragó como proyecto de ley ante las modificaciones propuestas al acuerdo, tanto del Gobierno de Ernesto Zedillo en 1997, como el de Vicente Fox en 2001.

La no consecución de los Acuerdos de San Andrés, devenidos letra muerta, marcó un parteaguas en la frágil relación entre el Gobierno y los zapatistas. El 1 de diciembre de 2000, Vicente Fox tomó posesión como nuevo presidente de México, consolidando la alternancia política tras siete décadas de gobiernos priistas. En su discurso inaugural, Fox se dirigió especialmente a los pueblos indígenas y se comprometió a solucionar el conflicto, impulsar como proyecto de ley la esencia de los Acuerdos de San Andrés y construir la paz: “En Chiapas, serán las acciones, no las palabras huecas, el eje vertebral de una nueva política federal y presidencial que conduzca a la paz”, aseguró el presidente.

Un día después de su toma de posesión, el EZLN anuncia una caravana integrada por 24 representantes que recorrerá 17 estados del país hasta llegar a Ciudad de México, con el fin de exigir al gobierno el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. En marzo de 2001, los zapatistas alcanzaron el corazón de Ciudad de México. Arropados por decenas de miles, además del cumplimiento de los Acuerdos, exigieron la desmilitarización de Chiapas y la liberación de presos políticos para volver a entablar un diálogo: “México, no venimos a decirte qué hacer, venimos a pedirte humildemente que nos ayudes. No permitas que vuelva a amanecer hasta que la bandera tenga un lugar para todos nosotros”, manifestó Marcos.

La creación de los caracoles y la Otra campaña

En agosto de 2003, el EZLN anuncia la mayor reorganización social en los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas con la creación de los caracoles, cinco regiones que en adelante agrupan a los más de 30 MAREZ. Con la Juntas de Buen Gobierno, instituciones de autogobierno indígena establecidas en cada caracol, los zapatistas ponen en práctica un proceso de autonomía que marca el retiro definitivo de las actividades militares del EZLN, una característica que conservan hasta la actualidad.

Con las elecciones presidenciales de 2006 en puerta, los zapatistas lanzan la Sexta Declaración de la Selva Lacandona en junio de 2005, un posicionamiento en el que llaman a establecer un “programa de lucha nacional” y una nueva Constitución. La campaña, respaldada por pueblos indígenas y una base social cada vez más amplia, llevó al Subcomandante Marcos y otros miembros de la Comandancia General a recorrer el país y reunirse con organizaciones políticas y sociales de izquierda. El zapatismo no sólo volvió a poner en el centro del debate el abandono y la discriminación a los indígenas, también se configuró como una alternativa crítica a los partidos políticos y el sistema electoral en general.

María de Jesús Patricio Martínez, la primera precandidata indígena

En víspera de un nuevo año electoral, en mayo de 2017 el Congreso Nacional Indígena (CNI), un órgano creado en octubre de 1996 en el marco de los Acuerdos de San Andrés tras un llamado del EZLN a los pueblos indígenas de México, decidió presentarse a las elecciones presidenciales con una candidatura unitaria, respaldada por el zapatismo: María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, una mujer defensora de los derechos humanos y médica tradicional nahua, fue designada como vocera y representante del Concejo Indígena de Gobierno de cara a las elecciones de 2018.

En octubre de 2017, Marichuy se registró frente al Instituto Nacional Electoral (INE) como precandidata independiente a la contienda presidencial de 2018 y comenzó una gira por el país que interrumpió tras un accidente carretero. Si bien la aspirante no logró cumplir con las firmas requeridas para registrarse ante las autoridades como candidata presidencial y enfrentó un sinfín de trabas como la negativa de bancos para abrir una cuenta, así como los constantes fallas en la aplicación móvil del INE para recaudar firmas, el zapatismo volvió a poner en el centro del debate la discriminación y los derechos indígenas en tiempos electorales.

En noviembre de 2023 y tras meses de advertencias sobre la escalada de violencia que enfrenta Chiapas derivada de la pugna entre grupos criminales, el EZLN anunció la modificación más reciente a su estructura civil. En un documento firmado por el subcomandante Moisés, los zapatistas anunciaron la desaparición de los MAREZ y las Junta de Buen Gobierno. La medida, que no afecta la estructura de autonomía zapatista, traslada el poder de las Juntas de Buen Gobierno y los MAREZ a los Gobiernos Autónomos Locales (GAL), una acción obligada por la situación limite que atraviesa el Estado, con “bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado y balaceras”, explica el comunicado.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país