El Ejército continúa su avance en Chiapas entre las primeras denuncias de ejecuciones sumarias

MAITE RICO ENVIADA ESPECIAL Tres muertos y cuatro campesinos detenidos por el Ejército en Altamirano. Una ejecución a manos de supuestos policías en Motozintla. Restricción al acceso de los medios de comunicación y de las organizaciones humanitarias en la selva Lacandona. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, vinculado al obispado de San Cristóbal, desglosó ayer las primeras denuncias que ha recibido desde que el jueves comenzara la operación militar ordenada por el presidente mexicano, Ernesto Zedillo, para detener a los líderes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y acabar con la guerrilla que se alzó en armas en el Estado de Chiapas en enero de 1994.

A pesar del desembarco en San Cristóbal de las Casas de numerosos funcionarios de los gabinetes de prensa gubernamentales, el hermetismo sobre lo que ocurre en el interior de la selva es la pauta general. Los periodistas sólo pueden entrar en la zona acompañados por los militares."No quieren que entren allá para que no vean toda la chingadera que están haciendo", comenta un jefe zapatista en Oventic, pueblecito situado a unos 10 kilómetros por camino de tierra de San Andrés Larrainzar, al norte de San Cristóbal. "Pero ustedes deberían ir. Han bombardeado, y en Ibarra y Rosario han violado mujeres y matado niños". Que sea verdad o no, lo cierto es que el cerco informativo da pie a todo tipo de rumores.

Un grupo de hombres y muchachos tzotziles de rasgos limpios se apiña en la puerta del hospital de Oventic, un edificio de dos plantas que destaca entre las cabañas donde vive la gente. La clínica, donación de un filántropo suizo, ha sido utilizada por el EZLN. Ahora está, dicen, cerrada. Una enorme antena de radio asoma detrás de la caseta. "No somos zapatistas, no somos nada". Pero las botas que calzan les delatan, como las preguntas con que espetan al visitante recién llegado: "¿De dónde vienen? ¿Adónde van? Son del Gobierno, ¿verdad? ¿Por qué no se regresan?".

Los uniformes y los fusiles están bien guardados. El Ejército se encuentra en San Andrés, el primer pueblo bajo su control. Hasta hace una semana eran los zapatistas los que habían instalado cuatro retenes en la localidad. Se han esfumado. Ahora, los vehículos y las bicicletas herrumbrosas transitan con normalidad por estos caminos polvorientos. Decenas de banderas blancas ondean sobre los tejados.

A Oventic no han llegado todavía los militares. "Han sobrevolado con helicópteros, pero no han venido por tierra. No podemos estar peor", dice un responsable local. "No pensamos hacer provocaciones, ésa es la orden de la comandancia general. Pero como sigan chingando a la población no nos aguantaremos".

Delaciones de vecinos

La amenaza se diluye después patéticamente. "Si aparecen, nos vamos forzosamente". Las delaciones por parte de los vecinos simpatizantes del gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI), dicen, los han puesto en jaque.

Así ha ocurrido en buena parte de las poblaciones de mayoría zapatista, como San Andrés. "Se fueron al camino, en las cuevas, allá donde el cerro, con todos sus hijos, las maletas y sus cositas", explica Felipe Díaz en su casita de adobe. "Tienen miedo", apostilla entre titubeos.

Felipe está tranquilo. Él se autodenomina "universal", un concepto que define como "lo que es así, pues"; es decir, apegado al PRI. "Los zapatistas tienen malas ideas. Es pura política". Pero no les guarda rencor. "Cuando pusieron los retenes, no nos molestaban. Sólo que no dejaban pasar los carros. Ni el alcohol". Por eso, a Felipe se le veía llegar a su casa girando sobre su eje, con una melopea considerable.

"La medida de Zedillo ha sido precipitada". El cura francés Michel Chanteau, diminuto párroco de Chenalhó, también en la región de Los Altos, cree que al presidente mexicano le "calentaron la cabeza". "Los militares se quedaron frustrados tras la firma del cese el fuego. Están acostumbrados a actuar de otra manera", comenta frente a un vasito de pastis.

El padre Chanteau -como el resto de los párrocos de lazona, muy comprometidos con la población indígena- se ve ahora en una situación complicada. Los mestizos, que ya no van a misa, le acusan de ser zapatista. "Yo, lo único que soy es samuelista", dice, destacando su devoción por el obispo de San Cristóbal. Samuel Ruiz está entre la espada y la pared. La sociedad criolla le acusa, sin pruebas, de estar detrás del EZLN y pide su salida de la diócesis, algo que el Vaticano persigue denodadamente por sus "desviaciones, doctrinales".