La autonomía, clave de los polémicos pactos de San Andrés

La nueva correlación de fuerzas en México, el triunfo de la oposición en las generales del 2 de julio y en el Gobierno de ese Estado, en agosto, desbancando al PRI, favorecen una solución negociada de la rebelión zapatista. Todo pasa, no obstante, por el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, objetados por el Gobierno de Ernesto Zedillo como susceptible de facilitar reclamaciones independentistas y choques civiles. Esos acuerdos establecen una amplia autodeterminación para los 10 millones de indígenas, pertenecientes a 56 etnias.El 16 de febrero, el Ejecutivo y la dirección de la guerrilla suscribieron un documento que se compromete a reconocer en la Constitución la existencia de los pueblos indígenas, sus formas de Gobierno, y los llamados usos y costumbres. El proyecto de ley, redactado con el espíritu de los acuerdos por la parlamentaria Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), fue enmendado por el Gobierno de Zedillo al interpretar en ese proyecto desviaciones medulares respecto al contenido de los Acuerdos de San Andrés. Propuso varias revisiones. El EZLN no las aceptó, y en enero de 1997 anunció su retirada del proceso.

Acuerdos "afinados"

El presidente mexicano, Vicente Fox, declaró en una entrevista reciente con este corresponsal que aceptaría la totalidad de los acuerdos, salvo unas pequeñas "afinaciones". No avizoraba, dijo, peligros secesionistas. El proyecto de la Cocopa, aceptado por el EZLN, establecía el respeto "al ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa".Los cambios planteados por el Gobierno establecían el respeto al ejercicio de la libre determinación "en cada uno de los ámbitos y niveles en que tenga valor su autonomía de conformidad con los dispuesto en el artículo 4º de la Constitución". Los pueblos indígenas tienen derecho a "decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural", subrayaba la Cocopa en otro artículo. La propuesta del Ejecutivo aceptaba los usos y costumbres, pero apegados siempre al ordenamiento constitucional.

El acceso "de manera colectiva" de los pueblos indígenas al uso y disfrute de los recursos nacionales de sus tierras "y territorios", quedó modificado en el sentido de subordinarlo a "las formas, modalidades y limitaciones establecidas para la propiedad por la Constitución y las leyes". La administración de medios de comunicación propios también fue acotada señalándose que deberá hacerse "conforme a ley". El resto de las revisiones, referidas a los planes educativos, y otras competencias, fueron redactadas en paralelo con el contenido de las prerrogativas generales de esta nación federal.