Las comunidades volverán masivamente a los mercados en 2026 para financiar su deuda

Las comunidades autónomas volverán de forma masiva a los mercados este año. De los cerca de 30.000 millones de euros que necesitarán en 2026 —principalmente para atender los vencimientos de la deuda—, captarán unos 16.000 millones de euros de inversores privados, según las estimaciones de la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI), que asesora tanto al sector privado como a las administraciones públicas. Se trata de un movimiento inédito en más de una década, por lo menos para aquellas autonomías que siguen enganchadas a los préstamos baratos que el Tesoro les viene concediendo desde los años más críticos de la Gran Recesión, a los cuales el Ministerio de Hacienda ha puesto limitaciones a partir de este curso.

La Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos (CDGAE), el órgano que analiza las políticas económicas más relevantes, ha acordado restringir desde 2026 el acceso al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el principal compartimento de los llamados mecanismos extraordinarios de liquidez. Se trata de préstamos a bajo coste que el Tesoro lleva más de una década brindando a las comunidades para que financien sus vencimientos de deuda y déficit. El año pasado, nueve comunidades seguían acogidas a ellos: Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria, Murcia y La Rioja. El objetivo es que empiecen a compaginar la financiación del Estado con los recursos privados.

La decisión llega en un momento políticamente complicado, pero económicamente propicio. El Gobierno, en minoría parlamentaria, no ha logrado aún reunir los apoyos suficientes para aprobar unos nuevos Presupuestos, la misma razón por la cual se prevé complicada la reforma del sistema de financiación autonómica que se ha comprometido a presentar a principios de este año, a raíz del acuerdo con ERC para dotar a Cataluña de una financiación singular. Sin embargo, la economía crece con vigor y con ella los ingresos públicos, con lo que las comunidades disponen de más recursos que nunca y el acceso a la financiación ha mejorado notablemente con respecto a la época más dura del crac financiero.

En 2012, en pleno vendaval de la crisis del euro, los mecanismos extraordinarios de liquidez operaron como un salvavidas para aquellos territorios que no podían asumir los costes disparados que les exigían los acreedores privados. En la práctica, se produjo un rescate encubierto del sector autonómico: el Estado se endeudaba por las comunidades, al contar con mejores condiciones de financiación, y después les prestaba el dinero a un tipo de interés más favorable.

Esta es la razón por la cual el 60% de la deuda autonómica está en manos del Estado: 203.121 millones de un total de 338.804, según el Banco de España. El mapa, sin embargo, es muy desigual. Cataluña es la comunidad más endeudada en términos absolutos y la que más uso ha hecho del FLA —el Estado posee más del 85% de su pasivo—, seguida por la Comunidad Valenciana, una situación que distorsiona el resultado del conjunto del sector. Otros territorios, en cambio, no tienen ningún compromiso pendiente con el Tesoro, como Madrid, País Vasco y Navarra.

Ahora, el Gobierno intenta poner fin a lo que considera una anomalía, puesto que hay consenso en que los mecanismos de liquidez redundan en una dinámica perversa: proporcionan un colchón a las comunidades, pero desincentivan la disciplina fiscal. Además, se diseñaron para una emergencia que ha remitido —de ahí su apellido extraordinarios—. “Los fondos cumplieron su función, pero ahora tienen mucho menos sentido. Todas las administraciones españolas han mejorado su solvencia”, incide César Cantalapiedra, socio director de Finanzas Públicas en AFI. “Los últimos años ya habían sido buenos para los mercados de la deuda autonómica. Aunque el mercado anticipa que no habrá mucho recorrido de tipos a la baja en 2026, no tiene que ser un año malo. La política monetaria va a entrar en un periodo más neutral, y la volatilidad en el mercado puede ser más relevante”.

Limitaciones

En 2026 no habrá “con carácter general adhesión a FLA” y las comunidades estarán acogidas directamente al otro gran compartimento que contemplan los mecanismos, el Fondo de Facilidad Financiera (FFA). La diferencia no es baladí. El FLA estaba destinado, hasta ahora, a aquellas comunidades que no cumplían con los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto, y los territorios que lo solicitaban no podían financiarse a la vez en los mercados. El FFA, en cambio, permitía compaginar ambas vías —préstamos del Tesoro y crédito privado—, siempre y cuando se hubiesen satisfecho los tres requisitos contables mencionados.

El nuevo acuerdo sellado por la CDGAE relaja las reglas y establece que el próximo año podrán combinar financiación pública y privada todos los territorios que cerraron el ejercicio 2024 sin déficit o que, a la misma fecha, tuviesen una deuda inferior al 19,5% de su PIB. Solo Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña no cumplen con ninguna de estas dos condiciones: acabaron 2024 en números rojos y una tasa de deuda muy por encima del techo máximo fijado (40,7%, 31,5% y 29,7%, respectivamente). Aun así, el nuevo marco dispone que puedan captar de inversores privados un 10% de sus necesidades anuales de financiación, lo que implicará que busquen parte de los recursos que precisan en los mercados por primera vez en 14 años.

Ese porcentaje se corresponde a algo más de 800 millones en el caso de Cataluña, el territorio con las mayores necesidades de financiación (8.246 millones) para 2026, según las previsiones de AFI. La Comunidad Valenciana, en segundo lugar en cuanto a volumen de vencimientos (5.653 millones), buscará unos 560 millones en inversores privados; Murcia recurrirá a los mercados para conseguir unos 170 millones de los 1.273 que le hacen falta. La limitación responde a los mayores costes de financiación de estos territorios por su deuda asfixiante.

Andalucía, con las terceras mayores necesidades (4.007 millones), fue la única autonomía que en 2025 estuvo adherida al FFA y compaginó la financiación del Tesoro con los recursos privados, pero ya ha anunciado que en 2026 captará dinero exclusivamente en los mercados. Madrid, que lleva años sin recurrir a los préstamos del Estado, se enfrenta a los cuartos mayores vencimientos (3.368 millones), que financiará por completo a través de entidades privadas. AFI calcula que la práctica totalidad de estos importes se destinará a la deuda, puesto que el Congreso ha tumbado la senda de déficit presentada por el Gobierno —que contemplaba un desfase del 0,1% del PIB para el sector autonómico—, y el Ministerio de Hacienda ha adelantado que, a falta de objetivos, las comunidades deberán cerrar el ejercicio en equilibrio presupuestario.

Cantalapiedra explica que se ha producido un estrechamiento de los márgenes entre los tipos que el mercado exige a las comunidades y los que ofrece el Tesoro, sobre todo en el caso de los préstamos, llegando a ser negativo en alguna operación. Recuerda, además, que el proyecto de condonación de parte de la deuda autonómica que se está tramitando, un acuerdo pactado con los partidos independentistas catalanes y aplicable a todas las autonomías, prevé que el FLA se convierta en 2029 en una mera red de último recurso. “Los mecanismos extraordinarios de liquidez estaban cubriendo cerca de dos tercios de las necesidades de financiación de las comunidades y algunas llevan mucho tiempo sin salir a los mercados. Será un aprendizaje”, concluye.