Bruselas abre la puerta a que los Estados miembros envíen a los migrantes rechazados a campos de deportación fuera de la UE

La nueva regulación europea de retornos abre la puerta a que los Estados miembros recurran a campos de deportación fuera de la UE, en la senda de los que la ultraderechista italiana Giorgia Meloni ha lanzado en Albania. La normativa, que busca aumentar el número de deportaciones de quienes han visto denegada su solicitud de asilo en la UE, establece la posibilidad de que quienes tengan ya una orden de retorno puedan ser enviados no solo a su país de origen sino a un tercer país con el que el Estado miembro que le expulsa tenga un acuerdo de repatriación, según el borrador del reglamento, que ha podido conocer EL PAIS. Esa posibilidad, dice el texto —que según varias fuentes aún puede cambiar antes de su debate en el Colegio de Comisarios este martes—, debe estar sujeta a “condiciones específicas” para garantizar los derechos fundamentales de los migrantes y no puede incluir, por ejemplo, a los menores.

Con el debate migratorio muy caliente en una Europa en la que la ultraderecha sube, una mayoría de Estados miembros había reclamado al Ejecutivo comunitario que actualizase la directiva de retornos. También que estudiase e incluyese en sus próximas regulaciones lo que llaman “soluciones innovadoras” para afrontar la inmigración irregular. Se trata de un eufemismo que se refiere fundamentalmente a los campos de deportación en países fuera de la UE considerados seguros. Algo que ha intentado hacer Italia con los centros que ha abierto en Albania tras un convenio con ese país (candidato a la UE pero no miembro).

La decisión Italiana, sin embargo, ha chocado con la justicia europea. No por el carácter o la legalidad de esos centros, por ahora, sino sobre todo por a quiénes envía allí. La justicia ha recortado la lista de países de origen seguros y limitado por tanto las posibilidades de enviar a esos campos a los nacionales que procedan de los Estados que no están en la lista italiana de países seguros. Bruselas revisará el concepto de “país seguro” antes del mes de junio y estudia presentar una lista europea. Esa iniciativa puede, además, aumentar las posibilidades de deportación.

La nueva regulación europea que debate este martes el colegio de comisarios —el más derechizado en décadas— deja la puerta abierta a la posibilidad de establecer campos de deportación a través de pactos bilaterales entre un Estado miembro y un país de fuera de la UE (aunque no habla de un formato europeo y no desarrolla la idea de cómo debería hacerse). Sin embargo, no replica el modelo Albania (tampoco la fórmula Ruanda que intentó poner en marcha Reino Unido). En el modelo europeo solo se podría enviar a esos campos de deportación a los migrantes ya rechazados, en el caso italiano, se envían a los centros de Albania mientras transcurre el proceso. El Ejecutivo comunitario ya se había comprometido a estudiar tanto legalmente como los costes de los campos de deportación fuera de la UE.

La nueva regulación, diseñada por el comisario de Interior, el austriaco Magnus Brunner, aumenta las opciones de deportación para quienes han visto rechazada su petición de asilo y endurece las condiciones para quienes se quedan en territorio europeo cuando ya tienen una orden de que deben marcharse.

“El establecimiento de un sistema europeo eficaz y común para el retorno es un pilar central del pacto sobre migración y asilo. Para funcionar, cualquier sistema de gestión de la migración debe tener una política de retorno creíble y eficaz”, dice la nueva regulación, según el borrador que ha podido conocer este diario. Tras años de negociaciones, el pacto migratorio se aprobó a principios de 2024 para entrar en vigor a mediados de 2026. Se trata de un conjunto de legislaciones mucho más restrictivas, que establecen un reparto solidario de solicitantes de asilo por cuotas entre los Estados miembros o, si lo rechazan, una contribución de 20.000 euros a la cesta común por cada refugiado rechazado.

Además, el pacto establece como procesar las solicitudes de refugio, cómo registrar e identificar a los migrantes y cómo derivarles a la siguiente fase e iniciar o no el proceso de asilo, en función de su nacionalidad y de cuántas posibilidades tienen de recibir esa protección. También establece las condiciones de acogida e incluso incluye una opción de dejar al refugiado en el limbo y computar como que aún no ha entrado en la UE mientras se procesa su petición.

Pero para muchos, faltaba un pieza clave: lograr aumentar las deportaciones de quienes no tienen derecho al asilo en la UE. “El hecho de que cuatro de cada cinco personas a las que se les emitió una decisión de retorno terminen quedándose en la UE demuestra claramente que algo no está funcionando”, señala el comisario Brunner durante un encuentro con EL PAÍS y un reducido encuentro de medios. “Es simplemente inaceptable y también injusto para quienes han respetado las reglas”, remarca.

La nueva regulación, explica el comisario, llega para sustituir una directiva de principios de los años 2000 que se había quedado anacrónica. “La actual directiva sobre retorno, que todavía está vigente, se ha aplicado de formas muy diferentes en los Estados miembros y también ha sido interpretada de forma muy diferente por los tribunales nacionales. Y esto crea ambigüedad e incertidumbre para los nacionales de terceros países afectados, pero también para las autoridades que tienen que ocuparse de ello y gestionar los retornos. Y eso es lo que buscamos solucionar con el nuevo reglamento”, dice Brunner.

La norma elimina el plazo para los retornos voluntarios e introduce, por ejemplo, una revisión de seguridad al principio del proceso para determinar si el migrante representa un riesgo para la seguridad del Estado. También amplía los plazos de detención si se considera que hay riesgo de que el migrante vaya a huir antes de ser deportado. Las personas deportadas no podrán volver a territorio europeo en diez años (antes eran cinco).

Las cifras de deportaciones de quienes han visto denegada su solicitud lleva años en un 20%. En algunos casos, es imposible localizar a la persona a deportar, en otros se hace legalmente muy difícil. También hay complicaciones con los países de origen, que no aceptan los retornos. Ese capítulo, los acuerdos con los países de origen, también se va a abordar a través de pactos europeos y de los acuerdos bilaterales que firma cada Estado miembro.