Meloni deporta de nuevo migrantes a Albania sin esperar a que el tribunal de la UE aclare si es legal

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, vuelve a la carga con un tercer intento de deportación a Albania de migrantes rescatados en el Mediterráneo, tras el fracaso de los dos anteriores, anulados por los jueces, y después de parar dos meses el plan ante los reveses judiciales y el mal tiempo. El centro de internamiento de Gjäder fue cerrado y el personal enviado a casa, pero ahora el clima favorable ha aumentado las llegadas a la isla de Lampedusa y, aunque el contexto legal apenas ha variado, el Gobierno de ultraderecha ha decidido echar otro pulso a los tribunales.

Meloni no ha querido esperar a que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), resuelva en febrero el choque de criterios entre el Ejecutivo italiano y los jueces, ante un plan que ya arrancaba lleno de dudas legales. En principio, poco ha cambiado para que el desenlace no sea el mismo de las otras dos veces, pero mientras tanto Meloni puede seguir explotando el efecto propagandístico de echar inmigrantes y luego culpar a los jueces de oponerse a la voluntad popular.

La nave militar Casiopea, según informó el Ministerio del Interior italiano, navega este domingo rumbo al puerto albanés de Shëngjin, donde se prevé que atraque este lunes o el martes. Lleva a bordo 49 migrantes, el grupo más numeroso trasladado hasta ahora. Son de Egipto y Bangladés, las mismas nacionalidades de los dos viajes anteriores, que hicieron que los jueces rechazaran su traslado, pero también de Gambia y Costa de Marfil, una novedad.

Coste disparatado

En los dos viajes anteriores, fueron tan solo 16 personas en octubre y 8 en noviembre. Todos acabaron luego en Italia. Fueron cifras ínfimas respecto a los 6.000 inmigrantes que llegaron al país en ese periodo, una prueba de la difícil viabilidad del modelo Albania que la UE sigue con interés, en su pretensión de endurecer la política de asilo. Con un coste disparatado: el coste por migrante ha sido de 85.600 euros, según ha calculado la prensa italiana, frente a los 35 euros diarios de coste de los centros de acogida en el país.

El problema está en los requisitos que debe cumplir Italia para enviar a un migrante a Albania y mantenerse en la legalidad dentro del sistema que ha ideado, un protocolo de respuesta rápida a peticiones de asilo. Se trata de deportar, como si fueran retenidos en frontera, a personas a las que se presume que, por sus características, se va a rechazar una petición de asilo. De este modo, solo se envían a Albania hombres adultos sanos que procedan de países considerados seguros por Italia y que hayan sido rescatados en el mar antes de tocar tierra.

Es en la clasificación de lo que es un país seguro donde ha surgido la batalla legal. Italia ha elaborado una lista de 19 naciones que es cuestionada por los jueces, amparándose en una sentencia del Tribunal de la UE. Esa resolución señala que si en un país hay una zona o un grupo de población con violaciones de derechos humanos, todo el país debe considerarse no seguro. Por eso los jueces rechazaron la deportación de ciudadanos de Bangladés y Egipto. Sin embargo, esto liquida el plan de deportaciones de Albania. La sentencia europea recorta la lista italiana de países seguros a solo ocho: Cabo Verde y siete de los Balcanes. Es decir, ninguno de los países principales de origen de la inmigración ilegal en Italia.

El Gobierno italiano argumenta que se debe decidir caso por caso, no de forma general. Meloni se agarra ahora a una reciente sentencia del Tribunal Supremo italiano, que estableció que corresponde al Gobierno determinar si un país es seguro o no, pero que al mismo tiempo admitía el derecho del juez a decidir en cada caso. Ahora solo queda esperar si esta semana los tribunales italianos responderán o no lo mismo de las otras dos ocasiones.