El primer ministro de Portugal afronta la segunda moción de censura en dos semanas por sus negocios familiares

Quince meses después de que un primer ministro (el socialista António Costa) dimitiese por una investigación judicial, Portugal tiene a otro primer ministro (Luís Montenegro, centroderecha) contra las cuerdas. Esta tarde se votará en la Asamblea de la República una moción de censura contra su Gobierno presentada por el Partido Comunista Portugués (PCP), la segunda que afronta en 15 días, tras la presentada por Chega, la formación ultraderechista, el 15 de febrero.

Ni la de Chega prosperó, ni tampoco lo hará la comunista. Al menos, si se mantiene el sentido del voto contrario anunciado por los partidos de la oposición más numerosos. Pero eso no aleja la crisis política. El propio Montenegro amenazó con presentar una moción de confianza que conduciría a la caída del Gobierno, dado que la oposición votaría en contra. Esto obligaría al presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, a decidir si encargaba formar Gobierno a otro primer ministro o si convocaba elecciones. Un misterio, a día de hoy.

Si bien el historial de Rebelo de Sousa muestra una preferencia por las urnas, sus mensajes más recientes le muestran receloso ante otra contienda electoral que, ahora mismo, solo desea abiertamente la ultraderecha por considerar que saldrá más reforzada.

Estas son las claves que explican qué ha ocurrido en Portugal para que su primer ministro se haya convertido en un líder acorralado, que será investigado en el Parlamento, por el Colegio de Abogados y por la Fiscalía, que examina una denuncia presentada contra él por este asunto.

Un primer ministro con empresa. Luís Montenegro lleva en política desde la juventud, cuando se afilió al Partido Social Demócrata (PSD, de centroderecha), pero hay un intervalo de pocos años en los que da un paso atrás y se dedica a la actividad profesional como abogado. Funda un bufete con otro socio y, en 2021, crea en Espinho, su localidad natal, cerca de Oporto, la empresa Spinumviva. Aunque su objeto social es amplio, de la viticultura al inmobiliario, su principal actividad es la consultoría. Montenegro capta cinco sociedades, que comienzan a pagarle una contribución mensual. El cliente principal es Solverde, un grupo que gestiona hoteles y casinos cuyos accionistas son amigos suyos. Cada mes, ese grupo empresarial aporta 4.500 euros a Spinumviva por “servicios especializados de compliance [cumplimiento normativo] y definición de procedimientos en el dominio de la protección de datos personales”, según el periódico Expresso.

Esta empresa no cesó esa actividad cuando Montenegro se convirtió en primer ministro en abril de 2024. Aunque el político había traspasado a su esposa las acciones y la gerencia de Spinumviva al regresar a la política en 2022, el acto se considera nulo por tratarse de una venta entre un matrimonio que está en régimen de bienes gananciales. Para la oposición, no hay duda de que el primer ministro se ha beneficiado del dinero mensual de Spinumviva durante los 11 meses que lleva al frente del Gobierno.

La exclusividad, a examen en una comisión de investigación. El Partido Socialista, el principal de la oposición, ha promovido una comisión parlamentaria de investigación para determinar si Montenegro ha infringido la exclusividad que la ley exige al primer ministro y que es “incompatible con cualquier otra función profesional remunerada o no, así como con la integración en estructuras sociales de cualquier persona colectiva con fines lucrativos”. El otro asunto crucial que se investigará es si el primer ministro incumplió su obligación de declarar todos sus bienes.

Patrimonio bajo sospecha. En los últimos días, la prensa portuguesa ha publicado informaciones sobre dos operaciones de compra de pisos en Lisboa, que fueron pagados al contado en un solo año, y acerca de como parte de esos fondos procedían de cuentas no declaradas. El primer ministro, su esposa Carla Montenegro y sus dos hijos (de 23 y 19 años) pagaron 715.000 euros por dos apartamentos en diciembre de 2023 y noviembre de 2024, según Correio da Manhã. El primer ministro ha pedido a la Entidad de la Transparencia que audite sus declaraciones de rendimientos para demostrar que no ha cometido irregularidades. El asunto ha llegado también a la esfera de la Fiscalía General del Estado, que está estudiando una denuncia anónima.

Otro frente en el Colegio de Abogados. El primer ministro anunció el sábado que Spinumviva pasará a manos de sus hijos y cambiará el domicilio social, que ahora mismo está en la casa familiar de Espinho. Pero lo ocurrido entre 2022 y 2025, cuando la gerente pasó a ser su esposa, Carla Montenegro, formada en Ciencias de la Educación, suscita interrogantes múltiples. El Colegio de Abogados, por ejemplo, ha ordenado investigar si se han cometido irregularidades en Spinumviva por ejercer labores del gremio sin tener profesionales cualificados para ello, dado que ni la esposa ni los hijos son abogados. La sociedad explicó que contaba con dos profesionales jurídicos, colaboradores externos, que se ocupaban de realizar los informes.