Bélgica investiga al excomisario europeo de Justicia Didier Reynders por presunto blanqueo de dinero

El que fuera hasta este fin de semana el comisario europeo de Justicia, el belga Didier Reynders, está ahora bajo la lupa de las autoridades policiales y judiciales de su país. El también exministro de Exteriores y veterano político belga ha sido interrogado este martes por la policía en Bruselas en relación con un presunto caso de lavado de dinero a través de billetes de lotería, un sistema que el hasta ahora peso pesado de la política belga conoce bien: como también ministro belga de Finanzas, estuvo durante varios años a cargo de la Lotería Nacional.

Según los medios belgas Le Soir y Follow The Money, la policía efectuó este martes sendos registros en dos viviendas en Bruselas y sus alrededores de Reynders, quien como comisario de Justicia fue el encargado de cuestiones clave en materia de Estado de derecho en la UE.

El belga, que llegó a pedir, en una insólita carta, explicaciones al Gobierno español sobre la ley de amnistía cuando ni siquiera había aún un borrador de la propuesta, ejerció también de árbitro entre el PSOE y el PP para destrabar el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tal como solicitaron los conservadores españoles. El ya ex comisario, que traspasó su cartera al irlandés Michael McGrath este domingo, también ha declarado durante largas horas ante la policía este martes, aunque por el momento no ha sido imputado.

El político belga es sospechoso, de acuerdo con estos medios, que citan a fuentes próximas de la investigación, de haber lavado dinero durante años a través del sistema de Lotería Nacional, del que fue responsable entre 2007 y 2011.

Según los reportes, la trama consistía en la compra primero de billetes electrónicos (unos vales de 1 a 100 euros) que pueden transferirse a una cuenta de la Lotería Nacional. Desde dicha cuenta, Reynders habría participado en juegos de lotería y transferido los ingresos obtenidos ―ya blanqueados― a su cuenta privada. La oficina del fiscal general de Bruselas ha confirmado a Le Soir y Follow The Money la existencia de una investigación de blanqueo de dinero, pero no ha querido dar más detalles, señalan estos medios.

Las primeras sospechas habrían surgido a raíz de una denuncia de la Célula de tratamiento de informaciones financieras (Ctif) y de la propia Lotería Nacional. Los hechos se extienden, presumiblemente, durante varios años, desde la época de Reynders como ministro federal belga ―aunque ya no encargado de la lotería― y hasta “al menos” el año pasado, cuando ya había sobrepasado ampliamente el ecuador de su mandato como comisario europeo, destaca Le Soir.

La investigación fue abierta, con la máxima discreción (de acuerdo con las publicaciones mencionadas, solo un puñado de investigadores estaba al tanto). La actuación policial se ha producido al término del último mandato de Reynders, como comisario, ya que hasta entonces gozaba de inmunidad y actuar contra él habría implicado notificárselo primero al Colegio de Comisarios, presidido por Ursula von der Leyen y del que el belga era aún miembro. Aunque ya no ejerce ningún cargo político, todavía tiene cierta protección: si el juez a cargo de la investigación pide arrestarlo o llevar a juicio el caso, el Parlamento belga deberá levantar su inmunidad.

Reynders, de 66 años, es una cara conocida de la política belga desde hace décadas. En 1992 fue elegido por primera vez diputado, y entre 1999 y 2019 encadenó varias carteras de ministro. Durante estos años, el político liberal ha sido acusado varias veces por corrupción y por aceptar sobornos, aunque nunca se logró demostrar. Algo que le valió el apodo de “Teflón Didier”, recuerda Follow The Money. Cuando el Gobierno belga decidió apostar por la ―hasta la semana pasada ministra de Exteriores― Hadja Lahbib, como nueva comisaria; Reynders manifestó su enfado en la prensa belga. Este caso podría suponer un carpetazo definitivo a su carrera política, tanto nacional como internacional.

La investigación a Reynders se produce casi justo dos años después de que otro caso de presunta corrupción sacudiera a las instituciones europeas: el Qatargate, sobre supuestos sobornos a eurodiputados y antiguos legisladores europeos por parte de países como Catar o Marruecos para que influyeran en políticas favorables a sus intereses. El caso, que estalló con el arresto de la entonces vicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kaili, todavía no ha entrado en la fase de juicio.