Andorra investiga al fundador de la constructora Odebrecht por sobornos de 237 millones a 145 dirigentes de Latinoamérica

La justicia de Andorra indaga al fundador de Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que perpetró la mayor trama de sobornos de América, por integrar un esquema que pagó 237 millones de euros en comisiones ilegales a través de una intrincada madeja societaria y de cuentas opacas en este país europeo, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Una jueza de Andorra, un microEstado de 77.000 habitantes que estuvo hasta 2017 blindado por el secreto bancario, investiga por estos hechos al empresario Marcelo Odebrecht y a su conglomerado. Una mole que llegó a emplear a 168.000 trabajadores en 28 países e hizo de la obra pública su principal maná de beneficios.

Bajo la denominación de causa Pernambuco, las pesquisas que rastrean al empresario y a su compañía indagan la comisión de un posible delito de blanqueo de capitales. El caso aterrizó en los tribunales andorranos en 2015, cuando se intervino por un presunto delito de blanqueo una de las dos entidades que acogió las cuentas cifradas creadas para abonar las comisiones de Odebrecht, la Banca Privada d’Andorra (BPA).

El Meinl Bank, entidad del país caribeño Antigua y Barbuda, fue el otro banco que integró el engranaje corrupto. Y en este mecanismo de maletines putrefactos jugó presuntamente un papel clave el fundador de la constructora. “[Marcelo Odebrecht] aparece implicado en un importante asunto de sobornos, corrupción y blanqueo que afecta a toda Latinoamérica”, indica la magistrada andorrana en uno de sus autos.

Los sobornos fueron a parar —según los investigadores— al bolsillo de 145 dirigentes, empleados públicos y testaferros que participaron en los procesos de adjudicación de obra pública de la constructora en Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina.

Los nuevos documentos a los que ha tenido acceso este diario revelan que la madeja societaria y de cuentas por la que circuló el dinero de las comisiones movió más de 237 millones de euros. El enjambre mercantil se extendió con el silencio de las complicidades a través de tentáculos en Panamá, Austria, Suiza, Portugal y Antigua y Barbuda.

Una de las dos mercantiles usadas por Odebrecht para abonar sobornos —la sociedad constituida en 2005 en Antigua y Barbuda Klienfeld Services Ltd— figuró como titular de una cuenta en la BPA que recibió abonos por valor de esta última suma. La segunda firma sin actividad a la que recurrió Odebrecht para comprar las voluntades de los políticos —la panameña Aeon Group— se utilizó para abrir una cuenta en la BPA que cobró más de 71 millones.

A golpe de traspasos internos, un sistema que no deja rastro, Odebrecht envió el dinero a los depósitos en el mismo banco que la constructora abrió a los políticos, funcionarios y empresarios implicados en las adjudicaciones. Para enmascarar estas transacciones, los abonos se disfrazaban como presuntos pagos de servicios inexistentes. Y el dinero aterrizaba después en cuentas cifradas o constituidas a nombre de sociedades panameñas. Todo un modelo de blindaje urdido con precisión para no levantar sospechas.

La nómina de agraciados por las comisiones ilegales de Odebrecht a través de Andorra salpica a Demetrio Papadimitriu, que fue ministro de Presidencia y jefe de campaña del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014). La constructora abonó a los padres de Papadimitriu —al menos— 2,1 millones de euros, según reveló este diario.

Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad de Ecuador durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017), cobró un millón de Odebrecht en la BPA con una cuenta abierta a nombre de una firma instrumental.

También resultaron regados por la generosidad de la constructora unos cuantos empresarios y altos funcionarios del segundo mandato presidencial del peruano Alan García (2006-2011), que se suicidó de un disparo en 2019 antes de ser arrestado en su casa de Lima por su relación con Odebrecht. El exdiputado del Partido Popular Cristiano (PPC) Jorge Horacio Canepa Torre ingresó 1,2 millones del gigante brasileño. La misma suma que se embolsó el expresidente del Comité de Licitación de los tramos 1 y 2 del metro de Lima. El exfuncionario del Ministerio de Transportes y Licitaciones (MTC) de Perú Santiago Chau Novoa, por su parte, percibió algo menos de medio millón. Y el que fuera vicepresidente de la firma estatal Petróleos de Perú cobró en el país europeo 1,1 millones en una cuenta que compartió con su hijo.

Xavier Jordana, abogado en Andorra de Marcelo Odebrecht, explica que sus defendidos declinan valorar la instrucción judicial en el principado pirenaico. “[Mis clientes] desean que el caso se acabe de aclarar lo antes posible porque son muchos años de diligencias y actuaciones de carácter general sin ninguna conclusión práctica en el sumario”. Jordana alude así a que, casi 10 años después de la intervención de la BPA, no hay ninguna sentencia sobre las distintas tramas corruptas que anidaron en el banco.

Según este letrado: “Marcelo Odebrecht no intervino para nada en las actuaciones que se hicieron en Andorra. No ha venido jamás al Principado, no tiene ninguna cuenta ni ha intervenido para nada y por lo que a él respecta el caso —a mi entender— tendrá que ser sobreseído”.

La causa judicial en Andorra de Odebrecht se suma a otros frentes en los tribunales del gigante brasileño de la construcción. La empresa ya reconoció ante la justicia de Brasil que costeó campañas electorales y a candidatos en América desde 2001. Y que pagó sobornos por valor —como mínimo— de 788 millones de dólares (720 millones de euros).

El engranaje de maletines y dinero sucio salpicó a Michel Temer (Brasil), Juan Manuel Santos (Colombia), Danilo Medina (República Dominicana), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Ollanta Humala (Perú).

Las prácticas corruptas de Odebrecht llevaron a la compañía al pago de una multa de 3.500 millones de dólares a las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza. La sombra de sus sobornos se proyectó desde 2001 a 12 países.

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