Los fiscales de Manhattan piden una ‘orden mordaza’ para contener el discurso de Trump en su primer juicio penal

Los fiscales del distrito de Manhattan que instruyeron la causa del soborno pagado por Donald Trump a la actriz porno Stormy Daniels han pedido este lunes al juez una orden de silencio para proteger a los miembros del jurado, los testigos y otras personas involucradas en el caso. La fórmula consiste en restringir el habitualmente lenguaraz discurso de Trump, como sucediera ya en Washington durante la instrucción de otra de las cuatro imputaciones penales contra él. La orden de silencio limitaría la posibilidad de hacer comentarios públicos, a veces denigratorios -como fue también el caso del juicio civil de Nueva York por difamación- y a veces, en exceso reveladores, como cuando, en ese mismo proceso, identificó, en los peores términos, a algunos de los ayudantes del juez.

El caso Stormy Daniels será el primero de los cuatro penales que se juzgue, con la constitución del jurado el próximo 25 de marzo. Trump, el candidato republicano favorito en las primarias de su partido para las presidenciales de noviembre, está acusado del pago de 130.000 dólares en negro a la actriz de cine para adultos en 2016, para comprar su silencio sobre la relación extramatrimonial que mantuvieron. El soborno quedó consignado como gasto legal en las cuentas de su empresa, aunque el objetivo del mismo era evitar que una eventual publicidad del amorío perjudicase sus opciones electorales. La irregularidad del pago, considerado falsificación de registros mercantiles por la fiscalía, bordea la violación de las leyes de financiación de campaña.

Si el juez encargado del caso, Juan Merchan -el mismo que le leyó los 34 cargos penales en abril pasado-, aprueba la orden de silencio, Trump tendría prohibido hacer declaraciones “que interfieran materialmente en el caso” sobre el personal del tribunal, sus familiares, cualquier miembro del jurado, así como los fiscales de Manhattan, salvo el titular, Alvin Bragg. La demanda de los fiscales de embridar el discurso de Trump marca una escalada importante en sus numerosos enfrentamientos con la justicia.

“La necesidad de tal protección es apremiante”, han escrito en su petición. “El acusado tiene un largo historial de comentarios públicos e incendiarios sobre los participantes en varios procesos judiciales en su contra, incluidos jurados, testigos, abogados y personal del tribunal (…) Esos comentarios, así como las inevitables reacciones que suscitan entre los seguidores y aliados del acusado, suponen una amenaza significativa e inminente para la administración ordenada de este proceso penal y una probabilidad sustancial de causar un perjuicio material”, han argumentado.

La incontinencia de Trump le ha costado varias reprimenda de algunos jueces. En el juicio civil por fraude continuado en sus negocios, por el que ha sido condenado a pagar 355 millones de dólares más intereses -y que sus abogados han recurrido este lunes-, el juez Arthur Engoron se vio obligado a pedir a los abogados del expresidente que controlaran a su cliente, de manera similar a quien insta a otro a ponerle un bozal a su perro. Las peroratas, descalificaciones y exabruptos de Trump en sede judicial han puesto en el disparadero varias veces a jueces y magistrados.

“Esto es interferencia electoral pura y dura”

Trump, que se ha declarado inocente de todos y cada uno de los 91 cargos penales que suman las cuatro imputaciones en su contra, ha atacado con anterioridad las órdenes mordaza que se le impusieron en otros dos casos, el de Washington y el en Nueva York. Sus abogados han argumentado que violan el derecho de su cliente a la Primera Enmienda, que consagra la libertad de expresión, al “sofocar” el discurso político central de Trump como candidato presidencial.

Su defensa ha vuelto a lamentar este lunes “la solicitud de otro fiscal demócrata trastornado [Alvin Bragg] que busca una orden mordaza restrictiva, que, si se concede, infringiría inconstitucionalmente los derechos de la Primera Enmienda, incluida su capacidad para defenderse, y el derecho de todos los estadounidenses a escuchar al presidente Trump. Esto es interferencia electoral pura y dura”, declaró el portavoz de la campaña, Steven Cheung, en un comunicado.

La oficina de Bragg, citando los dos precedentes de órdenes mordaza, ha subrayado que la solicitud formulada hoy es especialmente necesaria al tratarse del primer juicio penal a un expresidente en la historia de EE UU. Al ser de ámbito estatal, si es declarado culpable no podría indultarse a sí mismo ni invalidar el proceso si en noviembre llega a la Casa Blanca, lo que sí podría plantearse en las otras imputaciones, de carácter federal.

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