Las millonarias multas impuestas a Trump en dos juicios civiles en Nueva York dejan al republicano sin liquidez

Cada mañana, solo por levantarse de la cama, Donald Trump añade 112.000 dólares de intereses a la multa que un juez de Nueva York le impuso la semana pasada por fraude en sus negocios. Si la sanción fue de 355 millones de dólares, el taxímetro no ha parado y hoy son ya 454 millones [unos 418,5 millones de euros] los que debe satisfacer. El propio Trump, el candidato favorito en las primarias republicanas y previsible aspirante a la reelección en las elecciones de noviembre, cifró el año pasado en unos 400 millones de dólares el montante de su liquidez. Si a la multa, y sus intereses, se le suman sanciones anteriores, como los 83 millones por difamar a una columnista, y las abultadas minutas de su defensa, la fortuna del magnate, de la que hizo bandera para dar su salto a la política, corre el riesgo de quedarse en calderilla. El republicano ha recurrido este lunes la sentencia, lo que detiene el contador y embarra el proceso.

Tales son los apuros que Trump afronta para pagar sus deudas judiciales que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció la semana pasada que embargará algunas de sus propiedades si no afloja a tiempo la cuantía. Cuanto más tarde en hacerlo, mayor será la deuda. En la sentencia del caso por fraude continuado ―al menos una década― por inflar el valor de algunas propiedades para obtener ventajas crediticias, se mencionan dos de sus posesiones más preciadas: la Torre Trump de Nueva York y la mansión de Mar-a-Lago, su residencia desde que abandonara la Casa Blanca (y foco de una de las cuatro imputaciones penales en su contra: la retención indebida de material clasificado). En el listado de activos inflados también figuran varios campos de golf.

Si en 2021, tras el asalto al Capitolio por una horda de seguidores suyos ―a los que había arengado previamente para impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden―, Trump vivió la vergüenza de ver cómo varias propiedades suyas retiraban las letras de su apellido de la fachada, el golpe a sus finanzas es ahora mucho menos simbólico.

Trump se impuso este sábado a Nikki Haley en las primarias de Carolina del Sur y su camino hacia las presidenciales parece del todo expedito. Pero el contador de las deudas engorda, y no solo por la multa de Nueva York. Si el año pasado su campaña tuvo que destinar más de 50 millones de dólares a gastos legales, el pasado martes se supo, gracias a la presentación de documentos de campaña ante los reguladores federales, que el PAC (siglas en inglés de comité de acción política, el motor de la campaña) del republicano pagó casi tres millones de dólares a abogados en enero por culpa de sus numerosos problemas legales: entre ellos, la multa de 83 millones de dólares, impuesta en Nueva York, por difamar a la columnista E. Jean Carroll. Además, debía otros 1,9 millones de dólares en facturas legales impagadas a finales del mes pasado, según esos documentos.

El mayor desembolso de Save America (Salvar EE UU), como se llama el principal PAC del candidato republicano ―activo ya desde su derrota en 2020―, fue de más de medio millón al bufete de abogados que le representa en el caso de intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020, una de las más graves imputaciones de las cuatro contra él, que suman 91 cargos penales en total. Los dos casos civiles citados, ambos en Nueva York, por difamar a Carroll y por fraude en sus negocios, no implican pena de cárcel, pero sí las multas que pueden dejarle sin liquidez.

Al comenzar el año, el Comité Nacional Republicano, que coordina la recaudación de fondos y la estrategia electoral, tenía más de ocho millones de dólares en efectivo. La campaña de Trump, otros 33 millones. Ninguno de los dos ha publicado los totales recaudados en enero, pero en cualquier caso van a la zaga de los fondos electorales del candidato demócrata Joe Biden: 130 millones de dólares en el banco, 42 de ellos recibidos en enero. En un país en el que el dinero lo es todo, el poderío económico de una campaña puede ser determinante, incluso con los sondeos de intención de voto en contra, como le sucede a Biden, aunque lo cierto es que los presidentes en ejercicio suelen tener ventaja financiera al entrar en un año electoral.

Maniobras dilatorias de la defensa

Trump demostró este martes en un debate televisado cuánto ha acusado la multa por fraude, al compararse con el opositor ruso Alexéi Navalni para presentarse como mártir de lo que viene calificando de persecución política desatada por sus rivales demócratas con intención de hacer descarrilar sus opciones electorales. “Caza de brujas” política es el mantra que repite, invariablemente, tras cada actuación judicial en su contra. El hecho de que la fiscal James, que presentó la acusación por fraude, y el fiscal de Manhattan Alvin Bragg, que le endosó su primera imputación por el caso Stormy Daniels, sean demócratas, subraya, como no se cansa de repetir, que le persiguen solo por motivos políticos. Con su maximalismo habitual, Trump dijo el martes que la multa por fraude era “una forma de Navalni, una forma de comunismo o fascismo” contra él.

“Si no tiene fondos para pagar la sentencia, entonces buscaremos mecanismos de ejecución de la misma en los tribunales, y pediremos al juez que embargue sus bienes”, contestó James a los lamentos del republicano. “Vamos a garantizar que pague la sentencia a los neoyorquinos, y sí, miro al [número] 40 de Wall Street todos los días”, dijo la fiscal en referencia al inmueble del Bajo Manhattan conocido como Edificio Trump, la primera pieza potencial del embargo y que, aparte del logo de una conocida cadena de farmacias, ya no ostenta en la fachada ninguna mención a su dueño.

Además de los 400 millones de dólares en efectivo que dice tener, el resto de su patrimonio neto está invertido en campos de golf, rascacielos, complejos residenciales ―como los de Nueva York que arrancaron las letras de su apellido en 2021― y otras propiedades, junto con inversiones y participaciones. Para dilatar el hipotético embargo ―y también despejar de juicios el camino a las elecciones de noviembre―, sus abogados recurren reiteradamente a maniobras dilatorias (en el caso de la multa por fraude civil, la apelación presentada este lunes).

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