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La jueza prohíbe a Trump atacar a los testigos y fiscales en el juicio electoral de Washington

La magistrada permite al expresidente seguir criticando a Biden y el Departamento de Justicia por las investigaciones penales contra él

U.S. President Donald Trump
Donald Trump, el pasado 9 de octubre en un mitin en Wolfeboro (New Hampshire).BRIAN SNYDER (REUTERS)
Miguel Jiménez

¿Libertad de expresión o acoso a los testigos? La jueza Tanya Chutkan ha decidido imponer este lunes una orden de silencio limitada contra el expresidente Donald Trump en la que le prohíbe atacar a través de sus declaraciones públicas a los fiscales, testigos y personal del tribunal en el caso de interferencia electoral en las elecciones presidenciales de 2020 que se sigue contra él en Washington. Chutkan ha avanzado las líneas generales de la orden tras una vista de algo más de dos horas en la que se han debatido los contornos de la libertad de expresión en un caso como el suyo.

Se trata de una situación sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Trump busca ser elegido presidente mientras está imputado por 91 delitos en cuatro casos penales diferentes. Eso hace difícil el equilibrio entre, por un lado, respetar su libertad de expresión y, por otro, impedir que condicione al jurado o los testigos con sus descalificaciones y ataques. La jueza Chutkan ha buscado una solución salomónica. Trump podrá seguir criticando al presidente, Joe Biden, y al Departamento de Justicia con su tesis de que sufre una “caza de brujas” con motivación política. También podrá denigrar, como ha venido haciendo, a la ciudad de Washington, la jurisdicción del caso. Sin embargo, no podrá dirigir descalificaciones, insultos y amenazas contra los testigos, los fiscales que le acusan ni el personal del tribunal.

La jueza no ha anunciado cómo planea hacer cumplir su decisión y ha señalado que lo decidirá cuando llegue el momento en el caso de que Trump incumpla su orden. La decisión se produce después de que el juez del caso de fraude civil de Trump en Nueva York impusiera una orden de silencio más limitada que prohíbe los ataques personales contra el personal del tribunal tras una publicación en las redes sociales de Trump en la que difamaba a la principal asesora del juez. En el caso de Washington la juez Chutkan ya había impuesto pequeñas restricciones aceptadas por Trump al dictarse la libertad condicional.

Durante la vista de este lunes, el abogado de Trump, John Lauro, ha insistido una y otra vez en que la libertad de expresión ampara al expresidente y que en una situación de campaña electoral en la que alguno de los testigos del caso, como Mike Pence, son rivales políticos, tiene derecho a criticarlos. La jueza Chutkan, sin embargo, le ha señalado que muchos otros testigos no son rivales políticos y que Trump ha lanzado contra ellos mensajes amenazadores. “Prohibiré declaraciones sobre testigos potenciales o el asunto de su testimonio. Si quiere criticar al señor Pence puede hacerlo, pero no puede criticar al señor Pence sobre los acontecimientos de este caso. Sin esta restricción existe un riesgo real de que otros testigos puedan ser intimidados, u otros testigos pueden ser reacios a presentarse no sea que sean objeto del mismo acoso o intimidación”, ha dicho Chutkan.

Además, la jueza ha subrayado que muchos de sus ataques han ido dirigidos contra servidores públicos que simplemente cumplen con su trabajo. Ha puesto algunos ejemplos, como el hecho de que Trump haya llamado “matón” al fiscal especial que le investiga, Jack Smith. Al anunciar su decisión, ha indicado que Trump no puede montar una “campaña de desprestigio” contra los fiscales y el personal del tribunal. “A ningún otro acusado penal se le permitiría hacerlo, y no voy a permitirlo en este caso”, ha dicho. “No se trata de si me gusta el lenguaje que utiliza el señor Trump. Se trata del lenguaje que representa un peligro para la administración de justicia”, ha explicado.

Previamente, durante la vista, a la que han acudido unas 80 personas, entre ellas una veintena de periodistas y la congresista Marjorie Taylor Greene, fiel escudera de Trump, la jueza ha dicho que la política se quedaba fuera del tribunal. John Lauro, abogado de Trump, ha dicho que se estaba intentando “censurar a un candidato político en plena campaña” y que la solución sería retrasar el juicio para después de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024. También ha sostenido, en un alegato que por momentos parecía más político que jurídico, que las declaraciones de Trump eran la respuesta a la “opresión” y la “tiranía”.

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Chutkan ha rechazado de plano retrasar el juicio y ha subrayado que el acusado “no tiene derecho a decir y hacer exactamente lo que le plazca”. “Usted sigue hablando de censura como si el acusado tuviera derechos ilimitados de la Primera Enmienda. No los tiene. No estamos hablando de censura. Estamos hablando de restricciones para garantizar que haya una administración justa de la justicia en este caso”, ha añadido.

La decisión de la jueza es recurrible y podría acabar llegando al Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, tres de cuyos nueve miembros fueron nombrados por Trump. El expresidente puede recurrir la orden dictada ahora o las penalizaciones que, llegado el caso, le imponga la jueza. Lauro ya ha dicho que una orden de silencio sería “imposible” de ejecutar y que la recurriría de inmediato.

Los fiscales proponían a la jueza Chutkan “una restricción estrecha y bien definida” que prohibiría a Trump hacer declaraciones “sobre la identidad, el testimonio o la credibilidad de posibles testigos” y “declaraciones sobre cualquier parte, testigo, abogado, personal del tribunal o posibles miembros del jurado que sean despectivas e incendiarias, o intimidatorias”. En su escrito, sostenían que las recientes declaraciones extrajudiciales del acusado pretenden socavar la confianza pública en una institución —el sistema judicial— y socavar la confianza e intimidar a las personas —el tribunal, el conjunto de jurados, los testigos y los fiscales—”. También señalaban que “el acusado sabe que cuando ataca públicamente a personas e instituciones, inspira a otros a perpetrar amenazas y acoso contra sus objetivos”. En las alegaciones recogían algunas de las declaraciones del presidente, entre ellas una que repite reiteradamente con tono amenazador: “Si venís contra mí, yo iré contra vosotros”. El expresidente ha atacado también a la propia jueza, nombrada por el presidente Barack Obama.

La defensa del expresidente considera que el Departamento de Justicia trata de silenciarle de forma inconstitucional, violando su libertad de expresión, en beneficio del presidente Joe Biden, su probable rival en las elecciones de 2024. “Esta misma moción llegó tras una encuesta adversa para el presidente Biden. El plan de su Administración es bastante simple: desatar una imputación de 45 páginas, discutir y filtrar sus puntos de discusión en la prensa, y luego intentar cínicamente invocar la autoridad del tribunal para impedir que el presidente Trump y aquellos que actúan en su nombre presenten su versión de la historia al pueblo estadounidense durante una campaña política. Este esfuerzo desesperado de censura es inconstitucional a primera vista”, sostenían en su respuesta.

Trump, por su parte, ha ido calentando la vista de este lunes en sus mensajes de recaudación de fondos de los últimos días: “Si el presidente en ejercicio puede salirse con la suya SILENCIANDO a su principal oponente en medio de unas elecciones que está perdiendo estrepitosamente, entonces realmente nos hemos convertido en una Dictadura Marxista del Tercer Mundo”, decía en uno enviado este domingo en el que pedía contribuciones a su campaña.

La jueza Chutkan ha fijado como fecha para el inicio del juicio el 4 de marzo de 2024, víspera del Supermartes, el día clave en las elecciones primarias para las presidenciales del ese año. Si se cumple el calendario, sería el primer juicio penal que se celebra contra Trump.

En el pliego de cargos de este caso, que supuso la tercera imputación de Trump, el fiscal lo acusa de cuatro delitos: conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para violar derechos civiles. Trump sostiene que le robaron las elecciones, pero el fiscal no lo acusa por ese gran bulo sin fundamento, sino por sus actos para alterar el resultado e impedir la certificación de la victoria de Joe Biden.

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Sobre la firma

Miguel Jiménez
Corresponsal jefe de EL PAÍS en Estados Unidos. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactor jefe de Economía y Negocios, subdirector y director adjunto y en el diario económico Cinco Días, del que fue director.

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