Una decisión histórica, aunque haya poco que celebrar

Durante 46 minutos, Joan E. Donoghue, presidenta del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), ha desgranado los motivos por los que este se declara competente para investigar la acusación de genocidio en Gaza presentada por Sudáfrica contra Israel. Y ha dictado unas medidas cautelares que no coinciden con las demandas sudafricanas (en síntesis, la suspensión de las operaciones militares y el suministro inmediato de ayuda humanitaria), pero que Pretoria ha acogido con satisfacción. En más de un sentido es un hecho histórico, por más que sin un alto el fuego inmediato poco haya que celebrar.

Las medidas dictadas suponen el reconocimiento de que hay circunstancias que apuntan a que lo que está en marcha es un genocidio del pueblo palestino de Gaza. Esta vez, Israel no se ha salido con la suya, no se ha desestimado la demanda. A un Estado especialista en el lavado de imagen (pinkwashing, greenwashing, techwashing), le afecta especialmente este asunto. The New York Times dejaba entrever hace unos días que las actas del consejo de ministros israelí presentadas en su defensa al TIJ habían sido “editadas”.

Para la mayoría de los palestinos, el sabor es agridulce: esta vez confiaban un poco más en el derecho internacional que tantas veces les ha dado la espalda, y las medidas no son suficientes; a fin de cuentas, nunca han sido unas víctimas dóciles. Pero ver a Israel sentado ante el TIJ es un logro, como comentaba esta semana un jurista tan curtido como el gazatí Raji Sourani, director del Centro Palestino de Derechos Humanos, que ha formado parte de la delegación sudafricana y que se declara, siempre, partidario de un optimismo estratégico. En esta ocasión se ha pasado de lo simbólico a lo posible.

Las medidas incluyen que Israel debe permitir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, que debe dejar de causar daños físicos y psicológicos a la población, que debe perseguir y castigar los llamamientos al genocidio, y que debe evitar la destrucción de pruebas. Y le exige que en el plazo de un mes presente un informe sobre su cumplimiento. No es poca cosa, teniendo en cuenta la excepcionalidad de la que disfruta Israel en Naciones Unidas: 52 resoluciones contrarias a sus políticas han sido vetadas en el Consejo de Seguridad por Estados Unidos.

Otro aspecto positivo es que el tribunal no solo ha evaluado las evidencias aportadas, sino que también ha argumentado su decisión a partir de informes de los organismos de Naciones Unidas, como la OMS o la UNRWA. El derecho internacional y las instituciones que lo representan salen así fortalecidos, cuando el resentimiento contra Occidente está dando paso a la rabia de los pueblos del Sur, algo que conocen bien las cancillerías europeas y que deberían tomarse muy en serio.

Al nivel más prosaico, la reflexión que se impone es si Israel interpretará que puede seguir un mes más matando a los palestinos, aunque sea más lentamente y alimentándolos, para que mueran sanos.

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