Media Lima se quedará sin agua potable por un corte que durará hasta cuatro días

Lima, la segunda ciudad más grande del mundo levantada sobre un desierto después de El Cairo, no tendrá agua potable en 22 de sus 43 distritos a partir de este viernes. Se trata de un corte programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), pero la población se ha visto inmersa en una espiral de preocupación por dos aspectos: el modo de la empresa estatal de anunciar la medida y el recordatorio de que Perú es un país donde el 10% (3,3 millones) de sus ciudadanos no cuentan con una red pública de agua potable y el 23% (6,4 millones) no posee conexiones de alcantarillado. Condiciones que se agravarán ante la inminente llegada de eventos climatológicos como El Niño costero.

Con dos tuits el 24 de septiembre, Sedapal informó de manera escueta que “próximamente interrumpiría el servicio en algunos distritos de la capital” y que días después explicaría el plan de contingencia para “asegurar el abastecimiento de los usuarios”. La poca precisión de los mensajes activaron las alarmas, desatando el caos. El ente fiscalizador, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), y otras instituciones conminaron a Sedapal a explicar la medida en detalle. Se supo después que se habían quedado cortos: no serán “algunos distritos” sino poco más de la mitad de Lima Metropolitana, afectando a prácticamente seis millones de personas. Iniciará este viernes 6 de octubre y la reconexión tardará dos días en la mayoría de zonas, pero en cuatro distritos se prolongará hasta 96 horas. El motivo de la suspensión es renovar tuberías del sector sur, una necesidad para una ciudad donde el 35% de sus tuberías superan los 40 años de antigüedad.

“Me enteré de este corte al igual que todos”, ha contado Hania Pérez de Cuéllar, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, institución a la que está adscrita Sedapal. El ente que gestiona el agua de Lima y Callao estaba descabezada desde el 5 de septiembre, tras la salida de su expresidente Héctor Piscoya, acusado de realizar nombramientos irregulares y de haber manejado en estado de ebriedad. Su reemplazo, Jorge Gómez Reátegui, fue designado el sábado, a una semana del corte masivo.

Como sucedió con el encarecimiento del limón, las autoridades han tratado de calmar a la gente, pero han fracasado en el intento. La declaración más polémica ha sido la de la ministra del Ambiente, Albina Ruiz: “Ahora nos bañaremos con una tacita, ahorraremos agua. Vamos a mirarlo por el lado positivo que es por donde siempre quiero caminar”. Poco después, ante la incomodidad de un sector de la población, Ruiz se explicó: “Lo traje a colación, porque fue parte de mi vida (...) el sentido era decir: hagamos un uso racional del agua. Tengamos estas prácticas cotidianas de reutilizar”.

Según Sunass, 635.000 peruanos no cuentan con agua potable en Lima y deben adquirirla en cisternas, pagando un sobreprecio: un promedio de quince soles (cuatro dólares) por metro cúbico cuando la tarifa de Sedapal ronda por los tres soles (0.8 centavos de dólar). La lógica es perversa: quienes menos tienen son los que más pagan. Es el caso de los vecinos del asentamiento humano Vencedores de la Rinconada, en San Juan de Miraflores, quienes son abastecidos de agua una vez cada ocho días o del asentamiento humano San Genaro II, de Chorrillos, quienes aseguran carecer del servicio desde hace 30 años. A ello se suma que en algunas zonas, como el barrio Señor de la Justicia, en Ventanilla, se producen extorsiones y existen mafias que exigen un cupo de 50 soles (13,5 dólares) por familia para permitir que los camiones cisternas suban a los cerros para llenar los tanques.

Mientras la ciudadanía se ha lanzado a las calles a comprar baldes, bateas y tachos de plástico, la discusión en el campo político ha girado en torno a si el agua debe privatizarse, un tema que gira en círculos ante la precariedad de acceso a un bien indispensable. “No se puede privatizar un derecho”, ha alertado la congresista Sigrid Bazán, de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú. Bazán ha denunciado que a fines de septiembre se promulgó una ley que ha dotado de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, entre las que se encuentra “permitir la utilización de la infraestructura (de los servicios de saneamiento) para prestar servicios públicos”, con lo cual se allana el camino para que empresas privadas puedan comercializar el agua.

Para Gonzalo Prialé, presidente del Instituto de Infraestructura, Institucionalidad y Gestión, una opción viable son las asociaciones público privadas. “La solución no es privatizar, sino contratar gerencia e inversiones a largo plazo. El problema no es la plata, sino la capacidad de gestión”, remarca. La ministra de Vivienda no tiene una postura definida al respecto. Ha dicho que la privatización es viable, pero a su vez ha señalado que no están pensando en que ello se produzca en un corto plazo. “Analizaremos a detalle si la solución es una privatización o una reestructuración (de Sedapal)”, sostiene.

La gestión es punto crítico. Según el diario El Comercio, el programa Agua Segura para Lima y Callao (Paslc), cuyo propósito es reducir las brechas de agua potable y saneamiento, solo ha ejecutado el 36,1% de su presupuesto en lo que va del 2023. En las regiones, el panorama está más comprometido: el 19 de septiembre, el Gobierno declaró en emergencia a 544 distritos de 14 departamentos por peligro inminente ante un déficit hídrico a consecuencia del Fenómeno del Niño.

Este lunes, autoridades de Sedapal se reunieron con 16 alcaldes de los 22 distritos afectados por el corte masivo. La empresa estatal asegura que habilitará 102 puntos de distribución de agua en Lima Metropolitana y 100 camiones cisterna para menguar el impacto. Tampoco cobrará las horas en las que la capital se quedará sin agua.

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