El régimen de Ortega congela los fondos de la principal universidad privada de Nicaragua

La Universidad Centroamericana (UCA), uno de los recintos más importantes e históricos de Nicaragua, ha recibido otro zarpazo por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y esta vez parece que es mortal: el régimen ordenó este miércoles congelar las cuentas bancarias del alma máter jesuita, así como la de algunos de sus más altos dirigentes. El medio de comunicación Divergentes reveló un correo electrónico que la universidad envió esta mañana a sus estudiantes y colaboradores informando sobre “inconvenientes” en sus medios de pago.

“Por inconvenientes en nuestros canales y medios de pago ajenos a nuestra voluntad, no estamos recibiendo pagos correspondientes a aranceles o servicios de ninguna de las instancias de la universidad. Lamentamos los inconvenientes y les estaremos informando una vez que sea posible procesar pagos en nuestra caja central y canales alternos”, detalla la comunicación. El congelamiento de las cuentas es otro zarpazo más por parte del régimen sandinista para intentar asfixiar a la UCA. El recinto ha resistido las represalias oficiales desde 2018, el año de las masivas protestas sociales contra la pareja presidencial.

El artículo de Divergentes detalla que las autoridades del régimen sandinista no informaron a la UCA si existe o no una investigación por el origen de los fondos congelados, como ha sucedido con la iglesia católica, cuyos activos fueron intervenidos por una supuesta investigación de “lavado de dinero”. De acuerdo a una fuente allegada a la institución jesuita consultada por EL PAÍS, desde hace algunas semanas en el recinto se reportaron movimientos internos, organizativos y financieros, encaminados “a reducir el impacto” de una medida similar a la de las cuentas.

Además, desde 2021, la UCA se encontraba en proceso de acreditación ante el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA). El retraso de la inscripción ha impedido que se actualicen sus directivas formalmente ante las instituciones gubernamentales e instituciones financieras, es decir, los bancos. Como esta actualización de información no ocurre, el régimen Ortega-Murillo presiona, a través de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) para que cierren “por razones administrativas financieras”. Una medida similar a la aplicada a las miles de oenegés clausuradas por la administración sandinista.

Represalia en varias escalas

La UCA abrió las puertas para atender a los heridos de la represión en 2018 y luego permitió expresiones estudiantiles de protesta contra el régimen. El recinto fue cuna de los estudiantes que protestaron por el incendio de la reserva de biósfera Indio Maíz y luego por la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el detonante de la actual crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua. Varios de los estudiantes que encararon a la dictadura, como Lesther Alemán, eran estudiantes de la UCA. Alemán fue declarado culpable por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, y permaneció en prisión durante más de año y medio, hasta que finalmente fue desterrado a Estados Unidos hace seis meses.

El acoso contra la universidad inició con auditorías inquisitivas del Consejo Nacional de Universidades (CNU) controlado por el oficialismo. Pero escaló totalmente en marzo de 2022, cuando el Parlamento sandinista ordenó quitarles el 6% constitucional, cuando fue separada del CNU y se aprobó una reforma a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior. En septiembre de ese mismo año, la institución jesuita lanzó un grito de auxilio para conseguir fondos y evitar eliminar becas, algo que no pudieron… Al final, la universidad alegó “limitaciones presupuestarias” a los estudiantes y recortó las subvenciones del 100% a un 80%.

En ese mismo año el exrector, José Idiáquez, y el vicerrector, Jorge Huete, fueron desterrados por las autoridades de Migración y Extranjería. A ambos les negaron la entrada a Nicaragua después de que realizaron viajes al extranjero. A la cabeza de la institución quedó el padre Rolando Enrique Alvarado López, quien es el actual rector de la UCA, y que por ahora no se ha referido al congelamiento de las cuentas.

La UCA ha recibido también todo tipo de represalias en el último quinquenio por parte del Consejo Nacional de Universidades (CNU), la organización rectora de la educación superior de Nicaragua, y la Dirección General de Impuestos (DGI). El acoso del CNU eran revisiones exhaustivas y extraordinarias de las acreditaciones de las carreras y maestrías que eran engorrosas y generaban un trabajo descomunal para los encargados.

El control en las universidades es uno de los últimos blancos del Gobierno sandinista. Las primeras medidas fueron expulsar a cientos de estudiantes y eliminar sus registros académicos. Además, aumentó la vigilancia en los recintos públicos, a través de la Unión Nacional de Estudiantes (UNEN), el brazo sandinista en las universidades públicas. En 2021, la pareja dio un paso más con cancelaciones y confiscaciones de universidades privadas. Desde entonces, se registran al menos 26 centros eliminados, a través del Ministerio de Gobernación y del CNEA. Esta última institución argumenta, en la mayoría de casos, que las universidades incumplen “mínimos de calidad establecidos”. Las justificaciones para los cierres de las universidades van desde acusaciones por lavado de dinero a la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), “falsear información”, no reportar sus estados financieros y no inscribirse como agentes extranjeros. En los últimos meses, las justificaciones son que la oferta académica es inconsistente o que no tienen infraestructura adecuada. La UCA no ha estado exenta, pero hasta ahora el régimen se había abstenido de confiscar abiertamente a la UCA.

Por ahora, no se sabe si este congelamiento de las cuentas bancarias implica el final de la UCA que, a pesar de los embates sufridos por parte del régimen, ha resistido. Expertos en educación superior han insistido que las cancelaciones y asfixia de las universidades son parte de un plan de control total del régimen Ortega-Murillo en todas las escalas de la educación nicaragüense. Catedráticos, exrectores, estudiantes y politólogos consultados coinciden en que la pareja gobernante pretende eliminar la pluralidad universitaria y el pensamiento libre, imponiendo su modelo totalitario.

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