La comunidad internacional se resigna a tratar con los talibanes, pero evita reconocer su Gobierno

En Afganistán, las mujeres y las niñas reciben tradicionalmente menos y peor comida que los hombres. Por esa y otras razones, sufren más el hambre y la enfermedad. Después de que muchas ONG suspendieran sus actividades en diciembre como respuesta a la prohibición de los talibanes de que siguieran empleando a mujeres, la ayuda humanitaria destinada a 11,6 millones de afganas se redujo, advierte el centro de estudios International Crisis Group. La protesta de estas organizaciones se volvió así paradójicamente contra las afganas, un ejemplo del callejón sin salida que afronta la comunidad internacional en Afganistán. En la encrucijada entre cortar toda relación con los fundamentalistas en el Gobierno y abandonar a los afganos más vulnerables, o bien dar pasos hacia el reconocimiento internacional de su poder a cambio de que se moderen, la ONU y gobiernos de Occidente han optado por seguir tratando con los talibanes, pero sin reconocerlos. Tampoco Rusia y China los han legitimado aún oficialmente, pero sí han concluido acuerdos comerciales con ellos.

El 1 y el 2 de mayo, Naciones Unidas mantuvo una reunión en Doha (Qatar) con los enviados especiales para Afganistán de los Estados de la región; los principales donantes internacionales; EE UU, Rusia y la Unión Europea, cuyo fin era definir una estrategia conjunta para tratar con los fundamentalistas, que regresaron al poder en agosto de 2021 tras la salida de las tropas de Washington y el desmoronamiento del Ejecutivo de Ashraf Ghani. A su término, el secretario general de la ONU, António Guterres, desmintió que durante el encuentro se hubiera reconocido al Gobierno de los talibanes —un temor expresado por muchos afganos en redes sociales— y enumeró las condiciones que no reúnen para ello. Esos requisitos son los mismos que EE UU, la UE, e incluso Rusia definen como imprescindibles para otorgar legitimidad a los fundamentalistas; que Afganistán deje de albergar a grupos terroristas; que el Gobierno afgano incluya diferentes sensibilidades políticas y etnias, además de a mujeres —cuyos derechos se insta a respetar—, y que el país deje de ser el primer productor mundial de heroína, según la ONU.

Dos semanas antes de esa cumbre, la número dos de Guterres, la secretaria general adjunta de la ONU, Amina Mohammed, había alimentado los rumores al expresar su “esperanza” de que se empezaran a dar “pasos de bebé” hacia un reconocimiento internacional del Gobierno de hecho afgano “con condiciones”. Estas palabras suscitaron tal escándalo en la diáspora afgana que el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, se vio forzado a desmentir esa posibilidad.

Según el diario afgano Hash-e-Subh, algunos diplomáticos presentes en Doha afirmaron que esa normalización se habría abordado en la reunión de no haber sido por esa airada reacción de muchos afganos. Los partidarios de avanzar hacia el reconocimiento consideran que la mejor baza negociadora internacional para que los talibanes se moderen es la promesa con condiciones de un alivio de las sanciones contra ellos y la posible devolución de los 9.000 millones de dólares (8.100 millones de euros) de fondos afganos congelados en bancos de Estados Unidos y Europa.

En Doha, Guterres confirmó que la ONU tampoco ha optado por la vía contraria, que reclaman muchos afganos, sobre todo de la diáspora: cortar todo lazo con la actual Administración de Kabul. El secretario general afirmó que Naciones Unidas seguirá en Afganistán y que la ayuda humanitaria continuará. El pasado 4 de abril, después de que los fundamentalistas prohibieran a las afganas trabajar para Naciones Unidas, la organización amagó con una retirada completa del país. De haber cumplido esa amenaza, los 28,3 millones de afganos (de 40,1 millones de habitantes) que necesitarán asistencia en 2023, de acuerdo con la ONU, habrían quedado abandonados a su suerte.

Este último veto afecta solo a 400 empleadas locales de Naciones Unidas, pero constituye una declaración de inflexibilidad de los fundamentalistas sobre la cuestión de los derechos de las mujeres, frente a una organización que lleva meses pidiéndoles que reviertan otras prohibiciones de consecuencias más graves. Una es la del 24 de diciembre, que obligó a las ONG a dejar de emplear a las 50.000 trabajadoras afganas del sector, que desarrollan un trabajo vital para que la ayuda humanitaria llegue a la población femenina. Otra prohibición, el 20 de diciembre, había dejado ya a todas las estudiantes mayores de 12 años sin educación al cerrarles las puertas de las universidades. Los institutos de Secundaria para niñas llevaban clausurados desde septiembre de 2021.

“Compromiso”

Como muchos afganos, Lailuma Sadid, presidenta de la Red de Asociaciones de la Diáspora Afgana en Europa, cree que nada justifica “reconocer a un grupo terrorista como los talibanes” y descarta que el posible reconocimiento internacional sea una baza negociadora internacional. Sadid considera que esa decisión reforzaría a los fundamentalistas y “tendría un efecto nocivo para las afganas”.

Laila Basim, una de las líderes del Movimiento de Mujeres Afganas que Protestan, coincide desde Kabul, sobre todo en lo que respecta a los derechos de las afganas: “Los talibanes son un grupo ideológico y en ningún caso abandonarán sus creencias respecto a las mujeres. Para ellos, el principio y el fin [de esa ideología] es que las mujeres no tienen derecho al trabajo, a la educación ni a la participación política. Incluso si se les reconoce, nunca aceptarán a las mujeres en la sociedad”, explica por WhatsApp. Los analistas atribuyen esas sucesivas andanadas contra las afganas al líder supremo de los talibanes, Haibatulá Ajundzadá, y a su círculo estrecho en la ciudad meridional de Kandahar. Ajundzadá es un ultraconservador que hasta ahora no se ha dignado a recibir a ninguna delegación extranjera.

Para la eurodiputada alemana de Los Verdes Hannah Neumann, presidenta de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con la península Arábiga y vicepresidenta del subcomité de Derechos Humanos del organismo, “quienes ostentan el poder son el núcleo duro en torno a Kandahar y su emir. Esa gente está obsesionada totalmente con su imagen de una sociedad puramente islámica, donde el hombre debe ser purificado de influencias occidentales y la mujer no tiene papel alguno”.” No creo que reconociéndolos se consiga influir sobre ellos. Es un camino equivocado”, asegura.

Naciones Unidas no ha cerrado del todo esa puerta. En su comparecencia en Doha, Guterres aseguró estar dispuesto a reunirse con los fundamentalistas “cuando fuera el momento adecuado”. Luego destacó la necesidad de un “compromiso” con Afganistán, una idea de la que Neumann no discrepa. La eurodiputada aboga por “encontrar la manera de hablar con los talibanes de cosas como el acceso a la ayuda humanitaria” porque “nos guste o no, han ganado esta guerra y están en el poder”. Ahora, subraya, “la comunidad internacional puede ayudar a las mujeres afganas que resisten y dicen ‘ya hemos librado esa lucha y la vamos a volver a librar”.

La idea del compromiso con el fin de seguir ayudando a los afganos sin reconocer al Ejecutivo fundamentalista afgano no está exenta de riesgos, según el instituto de estudios sobre seguridad norteamericano Just Security. Uno de ellos es que “los Estados acaben llegando a lo que el filósofo Avishai Margalit denomina un compromiso podrido, es decir, un acuerdo que establece o mantiene un orden político inhumano basado en la crueldad y la humillación sistemáticas como sus características permanentes”. El International Crisis Group sostiene que, ahora mismo, “no hay ninguna opción buena” para la comunidad internacional en Afganistán.

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