Daniel Ortega ordena una masiva redada policial que deja 40 detenidos en Nicaragua

Las patrullas policiales del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo salieron a cazar a las calles de Nicaragua la noche de este miércoles: allanaron viviendas y detuvieron a opositores, activistas campesinos y periodistas en los departamentos de Managua, Rivas, Matagalpa, Chinandega, Madriz, Estelí, Granada, Jinotega y Chontales. Fue una redada masiva que dejó al menos 40 personas detenidas, según calculan organismos de monitoreo de la oposición. Se trata de la mayor cifra de detenciones registrada en una sola jornada desde el operativo paramilitar de 2018 conocido como Operación Limpieza.

La zozobra reinó durante la noche y la madrugada de este jueves, cuando los detenidos comenzaron a ser juzgados de forma exprés por los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas”. De acuerdo con diversas fuentes consultadas por EL PAÍS, casi la mitad de los detenidos fueron enviados a arresto domiciliario con la obligación de firmar diariamente en la delegación policial más cercana de su localidad.

Entre las personas detenidas destaca María de la Cruz Bermúdez, la madre de Richard Pavón, el primer joven asesinado en las protestas de abril de 2018. En la ciudad de Rivas, al sur del país, Octavio Ortega Arana, quien fue uno de los líderes de la protesta contra el fallido proyecto del Canal Interoceánico promovido por el régimen sandinista y un empresario chino, fue sacado en muletas por la policía. A mediados de 2022 le amputaron una pierna por problemas de diabetes.

El excorresponsal del diario La Prensa William Aragón fue capturado coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Aragón fue enviado a casa por cárcel y fue despojado de su computadora y todo equipo electrónico. No todos los capturados han denunciado por temor a represalias, ya que después de ser juzgados fueron amenazados por las autoridades. Sin embargo, se conoció del “secuestro” de la opositora Ileana Velásquez en Matagalpa. Los ciudadanos originarios de Somoto Danelia Argüello, Xiomara Ruiz, Ruth Espinoza, Socorro Medina y Daniel Moncada también fueron interceptados y detenidos cuando salían de la iglesia católica conocida como Tepeyac. En Chontales, la lideresa del Movimiento Campesino Teresa Mena fue secuestrada y trasladada directamente a la prisión de El Chipote, sitio donde organismos defensores de derechos humanos denuncian las prácticas de tratos crueles e inhumanos a los detenidos políticos.

“La estrategia de desarticular cualquier rastro de oposición, por pequeño que pueda ser, continúa”, dice a EL PAÍS Félix Maradiaga, preso político desterrado y excandidato presidencial. “Quieren erradicar toda forma de resistencia local, de manera tal que cualquier acción externa contra el régimen, tenga menor impacto al interior del país. El régimen intuye que pueden venir acciones de gran presión internacional, y por ello consideran importante sofocar cualquier expresión local de resistencia. A este aspecto se le suma la represión a la iglesia católica. El régimen sabe que esa persecución religiosa puede elevar la indignación ciudadana de una nación de gran sentimiento católico, y por ello ejercen una política represiva directa contra personas que, en la paranoia dictatorial, podrían canalizar ese descontento ciudadano”.

Nuevo patrón represivo empuja al exilio

Los organismos opositores han denunciado que juzgar de forma exprés a estos ciudadanos incurre en un nuevo patrón represivo, que consiste en la detención y la posterior acusación masiva de personas por delitos como “menoscabo a la soberanía nacional” y “propagación de noticias falsas”, para generar terror y provocar exilios forzados.

“Hay un mapeo de activistas, opositores y defensores de derechos humanos que todavía están en el país. Lo que están haciendo es empujar al exilio a la gente en una nueva oleada de terror”, explicó una fuente de las redes ciudadanas que sigue la situación en Nicaragua y que por motivos de seguridad pidió mantenerse en el anonimato.

Muchos de los obligados a prisión domiciliaria están aterrorizados y sopesan la idea de abandonar Nicaragua, ya que el peligro es latente y la decisión judicial puede variar en cualquier momento. “Se violenta el debido proceso. Al momento de hacerles la audiencia no les permiten tener a un abogado de su elección, se les lleva secuestrados ante una autoridad judicial. Que los detenidos fueran trasladados en horas de la madrugada ante un juez y se hiciera una audiencia masiva es algo que jamás hemos visto en la historia de Nicaragua”, explicó la abogada Yonarqui Martínez, quien recepcionó más de una decena de denuncias la noche anterior. “Al no existir un juicio justo, todos los derechos del acusado fueron violentados. Es una modalidad nueva hacer estas detenciones masivas por diferentes departamentos”, insistió.

Después que el régimen Ortega-Murillo encarcelara y desterrara a 222 presos políticos en febrero pasado, la policía ha ejecutado el “efecto puerta giratoria”, que consiste en volver a llenar las cárceles de presos políticos. Las detenciones más notables que precedieron a esta redada fueron las de Semana Santa y las del mes de abril, cuando se cumplieron cinco años de las protestas sociales que cimbraron a la administración sandinista. Sin embargo, fueron detenciones ejecutadas de forma escalonada y en todo el mes sumaron 21 “secuestros”.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.