Daniel Urresti y la condena a prisión que tardó 35 años

El 24 de noviembre de 1988, en la sierra sur del Perú, un periodista murió de cuatro balazos y un explosivo que dejó su rostro irreconocible. Se llamaba Hugo Bustíos, tenía 38 años, y era la piedra en el zapato de las Fuerzas Armadas y el grupo terrorista Sendero Luminoso que por esos años habían sumido en el horror a la población peruana. Con su cámara al cuello, sus preguntas, sus anotaciones, su coraje y su máquina de escribir Olivetti retrató parte de aquella espiral de violencia que se cobró la vida de 69.000 personas entre los ochenta y noventa. De acuerdo a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Bustíos fue uno de los 17 periodistas asesinados por alguno de los dos bandos.

Esa mañana, Bustíos, corresponsal de la revista Caretas, y el fotógrafo Eduardo Rojas habían salido de comisión a Erapata, un caserío en la provincia de Huanta, en la región Ayacucho, para investigar el homicidio de una señora y su hijo, supuestamente a manos de Sendero Luminoso. Una patrulla militar se interpuso en su camino y les prohibió tomar fotos, por lo que se vieron obligados a dirigirse al cuartel de Castropampa para conversar con el jefe de la base que operaba en la zona. Después de obtener su aprobación, Bustíos y Rojas regresaron al lugar de los hechos en una moto, pero se trataba de una emboscada: un grupo de militares comenzaron a dispararles desde varias direcciones. De nada valió que se identificaran como periodistas. Solo Rojas logró escapar.

Hubo varios testigos que presenciaron el asesinato de Bustíos, pero cuatro se atrevieron a brindar su testimonio: el propio Rojas y los campesinos, Hilda Aguilar, Ysabel Rodríguez y Alejandro Ortiz. Este último lo pagó caro: su cuerpo apareció tres meses después con un tiro en la cabeza mientras que Rojas falleció de una enfermedad en 1991. Identificar a los criminales, pero sobre todo probar que eran militares, fue una tarea ardua y no exenta de temores. Pero allí estuvieron, incansables, Margarita Patiño, la esposa de Bustíos, y sus hijos. En el 2007, casi veinte años después, se determinó que el comandante Víctor La Vera Hernández había sido el autor intelectual y el capitán Amador Vidal Sanbento, uno de los autores materiales por lo cual fueron condenados a prisión a 17 años y a 15 años, respectivamente.

Poco después, Vidal confesó que había un incriminado más que no había sido contemplado en la investigación: el Capitán Arturo. Se trataba del alias de Daniel Urresti Elera, un general retirado que en la última década cobró un realce mediático: pasó de asesor presidencial de Ollanta Humala a ser su ministro del Interior en el 2014. Su locuacidad y su discurso de ponerle mano dura a la delincuencia —estrategia poco sorprendente, pero efectiva— lo llevaron al Congreso y, además, a postular dos veces a la Presidencia de la República y también dos veces a tentar la Alcaldía de Lima. La última vez, en octubre de 2022, se quedó a tan solo 47.000 votos de sentarse en el sillón municipal: quedó en segundo lugar por detrás de Rafael López Aliaga.

Ese hombre de 66 años que estuvo a punto de ser la máxima autoridad de la capital peruana hoy está tras las rejas. El Poder Judicial lo ha hallado culpable y lo condenó el pasado 13 de abril a 12 años de cárcel efectiva por el delito de homicidio en el grado de coautor. Una esperada victoria para la familia de Hugo Bustíos en segunda instancia, pues en el 2018 Urresti obtuvo una sentencia absolutoria. Si en el pasado, Urresti se burló de la acusación, diciendo que todo era obra de “ONGs carroñeras” que buscaban “encarcelar inocentes para seguir recibiendo dinero”, esta vez no fue muy distinto. “Enfrentar a los grupos de poder tiene su precio. Combatir a un gobierno con casi 70 muertos tiene su precio. Exigir que se largue un Congreso con más de 90% de rechazo tiene su precio. Un precio que estoy dispuesto a pagar”, dijo en redes sociales.

Los jueces basaron su decisión en la inconsistencia de los testimonios de Urresti. Primero dijo que no conocía a Hugo Bustíos, después que no estuvo en el lugar donde lo acribillaron y le pusieron un explosivo, aseguró que no hubiera podido dar la orden por tener un rango menor al comandante La Vera y, por si no bastara con eso, puso en duda que las Fuerzas Armadas lo hubieran matado. “Bustíos le daba información al Ejército y criticaba abiertamente a Sendero Luminoso. Entonces, ¿por qué el Ejército estaría molesto con él?”, dijo. El Capitán Arturo, como se le conocía en los años ochenta, era el responsable de la Inteligencia y la Contrainteligencia de la base contrasubversiva de Castropampa en Ayacucho y, como tal, debía conocer a todos los periodistas locales. Más a Bustíos, quien se desempeñaba como corresponsal de la revista Caretas y era el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), en Huanta.

Urresti no contó con que Ysabel Rodríguez ratificaría su testimonio más de tres décadas después. La ayacuchana cuenta que el Capitán Arturo y un sargento más irrumpieron en su casa y desde su cocina le dispararon a Bustíos y al fotógrafo Eduardo Rojas. Rodríguez, además, acusó a Urresti de haberla violado en dos ocasiones por aquellos días. “Esto no debería pasar después de casi 35 años. Pero puedo decir que mis padres finalmente pueden descansar en paz”, dijo, reconfortada, la hija de Hugo Bustíos, Sharmelí, tras conocer el fallo del Poder Judicial. Su madre Margarita Patiño, que luchó incansablemente durante tantos años, murió en el 2016, en un accidente automovilístico.

Los cuatro hijos de Bustíos conservan algunas reliquias de su padre: la camisa blanca chamuscada que se puso el día que lo mataron, las sábanas con la que envolvieron sus restos, la máquina de escribir Olivetti donde daba sus reportes, una de las dos cámaras que llevaba puesta cuando lo atacaron y una carta mecanografiada donde presentía su fin. “Se sienten impotentes frente a mis armas, que son la cámara, el papel, el lápiz y mis palabras. No me asustan sus seguimientos, tampoco sus intentos de secuestro, mucho menos tentativas de desaparecerme”, dice el texto.

Diversos organismos se han pronunciado sobre esta sentencia histórica, donde se deja constancia de los abusos de las Fuerzas Armadas durante el conflicto armado interno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que “es un avance en la procuración de justicia, el combate a la impunidad y contribuye a evitar repeticiones crónicas de violaciones de derechos humanos”. Mientras que la Defensoría del Pueblo indica que “marca un hito trascendente en la lucha contra la impunidad”.

Daniel Urresti purga condena en el penal Castro Castro, al noreste de Lima. Su defensa ha anunciado que interpondrá un recurso de nulidad a la sentencia. Pero hay una sombra más en su legajo: un proceso judicial en el que se le exige una indemnización de casi 80.000 dólares por un herido de bala en un conflicto social, cuando era ministro del Interior en el 2015. Aquella vez negó que los policías hubiesen disparado. Luego de las pruebas de absorción atómica tuvo que renunciar.

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