China condena a dos conocidos abogados pro derechos humanos

China ha condenado a Xu Zhiyong y Ding Jiaxi, dos destacados abogados defensores de los derechos civiles y políticos, a 14 y 12 años de prisión, respectivamente. A los dos se les acusaba de subversión por promover el Movimiento de Nuevos Ciudadanos, una agrupación que reclamaba mayor transparencia política y justicia social, y por participar en una reunión en Xiamen, una ciudad ubicada en el sur del país, frente a Taiwán, para debatir sobre la transición democrática en China.

La sentencia, conocida este lunes —una de las más severas impuestas por un tribunal del país asiático contra miembros de la disidencia—, es una muestra más del cerco a cualquier discrepancia política desde la llegada del presidente Xi Jinping al poder hace una década, según denuncian activistas. La condena se ha conocido a través de familiares y organizaciones de derechos humanos. “El hecho de que vuestras condenas sean más largas que las de Liu Xiaobo [premio Nobel de la Paz, fallecido en 2017 mientras cumplía una condena de 11 años] prueban vuestro valor para la libertad y la democracia en China y vuestra oposición a un régimen autoritario”, ha reaccionado a través de las redes sociales Gao Yu, periodista disidente también detenida y condenada en el pasado. Las penas incluyen también la privación de derechos políticos durante cuatro años para Xu y tres años para Ding.

Ambos condenados hicieron llegar antes de la sentencia una declaración a los editores del portal en línea China Change: “Una China democrática debe hacerse realidad en nuestro tiempo, no podemos cargar a la próxima generación con este deber”, son las palabras de Xu Zhiyong, de 50 años. “Estoy orgulloso de sufrir por la libertad, la justicia y el amor”, añade en el texto. “No creo que la nación china esté destinada al autoritarismo y la esclavitud. No creo que la libertad pueda encerrarse para siempre tras altos muros. Y no creo que el futuro sea para siempre una noche oscura sin amanecer”.

Ding Jiaxi, de 55 años, apunta: “Asistimos a una batalla sin cuartel entre las fuerzas de la democracia y el autoritarismo”. “La megalomanía de la dictadura y el eterno Estado de partido único están llegando rápidamente a su fin, y la transformación social de China está cada día más cerca”, añade.

Luo Shengchun, esposa de Ding, ha explicado a través de redes sociales que al no permitírseles tener papel y bolígrafo, y con escasas posibilidades de que se les dejara hablar frente el tribunal antes de la condena, ambos procesados dictaron la declaración, la cual se ha hecho pública antes de la sentencia. Luo, que actualmente reside en Estados Unidos, agrega que la resolución llega 9 meses después de que se haya celebrado un “juicio secreto” y más de 39 meses después de ser detenido, en el caso de su marido, y 38 meses después, en el caso de Xu.

Ambos forman parte de la emergente sociedad civil de principios de los años 2000 desmantelada en tiempos de Xi. Xu comenzó su carrera junto a un grupo de abogados que usó el paraguas constitucional de la República Popular para promover los derechos civiles. Su primer gran golpe forzó la abolición del sistema de custodia y repatriación, que permitía la detención de los migrantes del campo sin permiso de residencia. Hacia 2010, ese grupo que defendía derechos de los chinos que buscaban justicia evolucionó en el Movimiento de Nuevos Ciudadanos.

Ding se unió al movimiento en 2011, tras una década como abogado mercantil y civil. “Impulsamos la democracia y el Estado de derecho mediante asistencia jurídica y acciones civiles, como exigir que los funcionarios hagan público su patrimonio personal”, escribió Xu en 2014, cuando ya se habían convertido en enemigos públicos de Pekín: ese año fueron condenados a cuatro años (Xu) y tres años y medio (Ding), junto a otros activistas, por “reunir a una multitud para alterar el orden público”.

Tras salir en libertad, ambos fueron detenidos de nuevo en 2020 tras participar en un encuentro de fin de semana con otros activistas y abogados de derechos humanos en un chalet en la ciudad costera de Xiamen en diciembre de 2019. Varios de los participantes también fueron detenidos. Para las autoridades chinas, aquella cumbre de disidentes fue un complot contra el régimen: se les acusó de tratar de subvertir los poderes del Estado. “Ambos fueron torturados durante seis meses de detención en lugar secreto”, asegura el portal China Change.

Interrogatorios en la ‘silla del tigre’

Luo Sengchun, la esposa de Ding, narró el año pasado a este diario las vejaciones a las que su marido fue sometido mientras estuvo retenido bajo el sistema denominado “Vigilancia Residencial en Lugar Designado” (RSDL, por sus siglas en inglés), que permite el aislamiento de un sospechoso durante medio año. Sufrió maltrato diario como privación de sueño, alimentación deficiente, falta de acceso al aire libre o a la luz natural e interrogatorios en la silla del tigre, diseñada para inmovilizar al detenido en la misma postura durante horas, con cadenas en manos y pies.

La organización Human Rights Watch ha denunciado unas condenas “cruelmente falsas” y basadas en “acusaciones infundadas” que reflejan que “la inquebrantable hostilidad del presidente chino, Xi Jinping, hacia el activismo pacífico”, y ha reclamado la “revocación inmediata” de las sentencias.

La situación de ambos forma parte —junto a otros muchos nombres— del diálogo sobre derechos humanos entre la Unión Europea y China, un canal oficial reanudado en febrero después de tres años congelado. La sentencia ha llegado apenas unos días después de la visita a Pekín del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ambos líderes aseguraron haber sacado el siempre espinoso asunto de los derechos humanos en sus entrevistas con el Gobierno chino y celebraron la reanudación del diálogo oficial.

Una fuente europea radicada en Pekín prevé que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que aterriza en China el jueves, sume la condena de los activistas a la agenda de sus encuentros de alto nivel. Desde Bruselas, el Servicio Europeo de Acción Exterior ha reaccionado también a la noticia. “Pedían transparencia y democracia”, aseguró el lunes su portavoz, Nabila Massrali, tras conocerse la noticia. “Según el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, fueron detenidos arbitrariamente. Pedimos su liberación incondicional”.

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