Palizas, insultos, deshidratación y falta de sueño en las cárceles chinas

La tortura es aún algo habitual en los centros de detención chinos. Pese a las reformas aprobadas en los últimos años, la policía sigue recurriendo a los abusos para obtener confesiones y los tribunales siguen condenando a aquellos que han admitido su culpa bajo malos tratos, según denuncia la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este miércoles.

Los maltratos habituales a los detenidos incluyen el encadenamiento durante días enteros a sillas especiales, denominadas “sillas tigre”; ser colgados por las muñecas, o abusos de los llamados “jefes de celda”, otros presos a los que la policía ha asignado la vigilancia de sus compañeros, según la organización. En un caso, un preso que aguardaba el resultado de su apelación contra una condena a muerte permaneció encadenado durante ocho años. También ocurren palizas o el uso de descargas eléctricas.

El informe, Sillas tigre y jefes de celda, se basa en los testimonios de 48 abogados, funcionarios, familiares de presos o detenidos recientes. También analiza los veredictos de centenares de casos penales entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2014. En 432 de ellos los sospechosos aluden a posible tortura, pero solo en 23 juicios el tribunal descartó las pruebas obtenidas bajo supuesto maltrato. En ninguno de los casos el acusado resultó absuelto.

“Casi todos los sospechosos en casos penales han sido sometidos a abusos como palizas e insultos, falta de sueño, deshidratación y amenazas. Básicamente cada oficina de la Seguridad Pública tiene una silla tigre, porras eléctricas y material así. Guardan esos instrumentos (en la oficina)”, según el testimonio de un expolicía de la provincia norteña de Heilongjiang, identificado bajo el seudónimo de Zheng Qianyang.

Tras una serie de escándalos en 2009 y 2010, las autoridades chinas adoptaron una serie de medidas para prohibir la tortura y los testimonios obtenidos mediante tortura. Entre ellas se incluía la grabación de vídeo de los interrogatorios o la prohibición de designar “jefes de celda”. En cierto modo, admite HRW, algunos tipos de tortura han disminuido. Pero en otros casos, simplemente los funcionarios han encontrado vías alternativas para perpetrar los maltratos.

Según los testimonios, para evitar la detección algunos agentes de policía sacan a los arrestados de los centros de detención y los torturan en otros lugares, o emplean métodos que no dejan marcas visibles. En otros casos, los magistrados de los tribunales hacen caso omiso de pruebas claras de maltrato.

Tal y como está, el sistema de justicia penal china, según HRW, permite numerosas oportunidades para que la policía perpetre abusos de los detenidos. Los presos a la espera de juicio se encuentran bajo la autoridad del Ministerio de Seguridad Pública, no de Justicia. Los agentes de policía pueden mantener bajo arresto e incomunicada a una persona durante 37 días sin necesidad de que intervenga el sistema judicial. Los abogados de los presos no pueden estar presentes en los interrogatorios; y los arrestados carecen del derecho a guardar silencio. “Los procuradores y los jueces raramente ponen en duda la conducta policial y los mecanismos de supervisión siguen siendo débiles”, explica el informe.

“Pese a años de reformas, la policía aún tortura a los sospechosos para que confiesen sus delitos y los tribunales declaran culpable a gente que ha confesado bajo tortura”, denuncia la directora de HRW para China, Sophie Richardson, en un comunicado. “A menos y hasta que los sospechosos puedan contar con abogados durante los interrogatorios y cuenten con otras protecciones básicas, y hasta que la policía tenga que rendir cuentas de los abusos, es improbable que estas nuevas medidas puedan eliminar la tortura”.