Los defensores indígenas de la tierra en Guatemala están en “primera línea de fuego”

Llueve sobre mojado en Guatemala. Un Estado culpable de cometer genocidio contra sus comunidades indígenas durante la guerra civil (1960-1996), según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, parece no haber aprendido de los errores del pasado. Los pueblos indígenas son criminalizados, desalojados y desplazados de sus tierras; despojados de sus recursos; empobrecidos drásticamente; víctimas de la “violencia de género y sexual, explotación laboral y violaciones al derecho de niñez y al derecho a la educación”, el hambre, la sed y la falta de acceso a la justicia; abandonados por un Gobierno “incapaz de impedir el uso de la fuerza y la violencia ilegítima” contra ellos. Una retahíla interminable de atentados a los derechos humanos recogidos en un informe presentado este viernes por Independent Delegation of International Lawyers (IDIL), una organización de abogados de todo el mundo.

Los juristas independientes han concluido tras una investigación en las tierras de Alta Verapaz, en el centro del país, que la nación centroamericana criminaliza y comete “fallas sistémicas en la protección de los derechos indígenas”. Las “defensoras y defensores indígenas de la tierra están en la línea de fuego tras oponerse a proyectos extractivos y desarrollos agrícolas insostenibles”. IDIL ha exigido “medidas urgentes” de protección y expresado su “grave preocupación por el impacto de los violentos desalojos forzosos en Guatemala”. Los expertos en derechos humanos instan a la necesidad de garantizar el acceso a la justicia. “La criminalización generalizada de las personas defensoras de derechos humanos es un obstáculo para garantizar la rendición de cuentas y el Estado de Derecho”, continúa el comunicado.

Un grupo de abogados de la organización se reunió con distintas “comunidades y organizaciones indígenas, incluidos miembros de comunidades encarcelados, actores de la sociedad civil, abogadas y abogados que representan a comunidades afectadas y representantes del Gobierno con el fin de comprender las causas estructurales de la violencia rural”. El viaje fue motivado por “los recientes informes de la ONU y de la sociedad civil sobre desalojos violentos, abusos contra los derechos humanos y amenazas al Estado de Derecho”, se lee en el comunicado.

Este mismo jueves, Volker Türk, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunció su “alarmante preocupación” por la “erosión del Estado de Derecho en Guatemala”. Türk sostuvo que los funcionarios de justicia del país, “entre ellos los que trabajaron o cooperaron con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, siguen enfrentándose a actos de intimidación, acoso y criminalización”. Numerosos abogados, fiscales y activistas se han visto obligado a exiliarse en los últimos tiempos debido a persecuciones políticas.

El país encara el próximo junio elecciones presidenciales marcadas por la corrupción y la criminalización de los partidos de izquierda, críticos con el actual Gobierno y respaldados por miles de campesinos e indígenas. La justicia ha llegado a excluir de la carrera por el Gobierno a varios opositores en un gesto que, según analistas, puede suponer la consolidación de una autocracia.

“Guatemala necesita urgentemente iniciar una revisión holística de sus leyes y prácticas en favor de sus pueblos indígenas, defendiendo su derecho al territorio para rescatar su identidad cultural y preservar sus conocimientos tradicionales”, ha asegurado Silvana Baldovino, jurista peruana experta en derechos indígenas, en el informe de IDIL.

“Las comunidades indígenas de Guatemala se enfrentan al menosprecio de los derechos territoriales comunales, a una distribución desigual de la tierra, al racismo, a la violencia y a una clara falta de acceso a la justicia”, ha añadido Camila Zapata Besso, experta en derechos humanos del Reino Unido. Daniel Cerqueira, especialista brasileño en derecho internacional, ha reiterado que “la comunidad internacional y las empresas con inversiones en Guatemala deben estar atentas a los retrocesos legislativos y a la criminalización de las comunidades indígenas que reclaman su derecho a vivir en sus territorios ancestrales”.

Para la organización internacional, la comunidad indígena y los defensores de los derechos humanos que “hacen valor sus derechos” corren un especial peligro en Guatemala. Existe una “falta de reconocimiento legal, institucional y práctico de sus derechos colectivos, incluido el derecho a decidir sobre el uso de sus tierras y recursos”. Hay también un “drástico aumento de la pobreza, relacionado con el debilitamiento de la soberanía alimentaria y el acceso limitado al agua y los recursos naturales”, y “problemas en la cadena de suministro llevada a cabo por empresas nacionales y multinacionales que hacen negocios en determinadas zonas, y con contrapartes guatemaltecas presuntamente implicadas en conflictos agrarios”.

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