Los presos reclutados para la guerra por el grupo Wagner: héroes para Moscú, criminales para sus víctimas

Nikita Kasatkin murió con apenas 23 años en Ucrania. Procedía de un pequeño pueblo del este de Rusia, Zhireken, donde no era muy querido. En 2020 había sido condenado por asesinato tras asestar a un pastor nueve puñaladas y seis golpes en la cabeza con una tubería de hierro. Su futuro era una década en prisión y el repudio de muchos de sus vecinos, pero la compañía de mercenarios Wagner, con permiso de Moscú, le ofreció el indulto a cambio de combatir unos meses en el frente de Ucrania. No sobrevivió, como otros muchos compañeros de celda, y su pueblo optó por un entierro discreto. Aquello soliviantó a las autoridades rusas: para ellas, merecía el funeral de un héroe.

Zhireken se encuentra en la región siberiana de Transbaikal, junto a las fronteras de Mongolia y China. La localidad, de unos 4.000 habitantes, supo de la muerte de su vecino el 8 de febrero, cuando una persona anónima publicó en los chats locales que el Consistorio se negaba a celebrar el funeral en la Casa de la Cultura, un pomposo nombre para una vieja tienda.

El Gobierno del distrito en el que se ubica el pueblo tomó cartas en el asunto y presionó al Consistorio. “Todos son iguales para nosotros. Las personas llamadas a la movilización, los voluntarios y los miembros de compañías privadas. Todos los fallecidos son personas que dieron sus vidas en defensa de nuestros intereses y de los intereses del Estado”, advirtió públicamente Víktor Nadeliaiev, el jefe del distrito de Chernishevski, la administración de la que depende Zhireken.

El entierro de Kasatkin había dividido al pueblo y la última palabra la tuvo su familia. Finalmente, sus dos hermanas y una tía abuela decidieron que el velatorio tuviese lugar en su casa y que se celebrase una misa en la iglesia local en honor del fallecido. “Esta situación ha sido muy dolorosa”, confesó la alcaldesa de Zhireken, Aliona Kogodeieva, al diario Sibir Reali. “La condena [por asesinato] fue hace solo dos o tres años y la gente todavía se acuerda. La mayoría de los vecinos están indignados. Unos se preguntan si vamos a convertir a los asesinos en héroes. Otros creen que [los reos] expían sus pecados con su sangre en la operación militar. No puedo tomar partido. Creo que esa persona merece ser despedida, pero sin hacer un espectáculo”, agregaba la primera edil.

El Consistorio y las autoridades regionales han rechazado dar su versión de los hechos a este periódico. Tanto el uso de los presos como carne de cañón en el frente, como su puesta en libertad sin cumplir las penas en prisión, son un tema tabú en Rusia. Mientras algunas figuras públicas insisten en tratarlos como héroes redimidos, otras no dejan de remarcar que eran violadores, asesinos o traficantes de drogas. En ambos casos, su deshumanización facilita que sean empleados en tácticas casi suicidas impensables con otras unidades de las fuerzas armadas rusas.

El ejemplo más claro es el de la batalla por Bajmut, en el este de Ucrania. La ocupación de las cárceles rusas se redujo en 23.000 personas entre octubre y noviembre de 2022, justo un mes antes de la ofensiva que lideró el grupo de mercenarios de Wagner en las inmediaciones de aquella ciudad. Según Kiev, oleadas y oleadas de combatientes de la empresa de Yevgueni Prigozhin fueron enviados a pecho descubierto contra sus posiciones hasta que lograron la caída de la vecina Soledar. Miles de ellos murieron en el intento.

Entre entradas y salidas, la cifra total de presos se redujo en 32.900 en 2022, según el balance anual del Servicio Penitenciario Federal. El organismo asegura que son cifras similares a las de los años previos a la pandemia porque “ahora se conceden otras penas alternativas”. Sin embargo, la ONG Rus Sidiáshchaia (Rusia tras las rejas, declarada agente extranjero por las autoridades) cifra en unos 50.000 los presos reclutados en total por Wagner, de los que solo quedarían vivos unos 10.000, según sus cálculos.

El activista Vitali Votanovski recopila en su canal de Telegram los entierros que hace Wagner en un cementerio privado en Krasnodar y los coteja con los expedientes judiciales. Entre otros casos, identificó el de Alexánder Korjalev, un hombre que falleció en la guerra con 51 años. Había sido condenado a 12 años de cárcel por homicidio involuntario: según el auto judicial, apuñaló ebrio a su madre porque se negó a darle dinero de su pensión para comprar cigarrillos, y tras salir de casa se olvidó de ella.

El entierro de Kasatkin no es el primero que provoca rechazo. El Ayuntamiento de Kamishlov, en la región de Sverdlovsk, junto a los Urales, negó en enero a los padres del exrecluso Iván Savkin un funeral público porque estaba condenado por robo. “No sabía que en aquel Ayuntamiento habían decidido actuar como animales. Nos ocuparemos de esa escoria y arrastraremos a sus hijos por las fosas nasales hasta la operación militar”, amenazó Prigozhin a través de un comunicado de su empresa Concord.

Conocido como el Chef de Putin, Prigozhin ha recibido la bula del Kremlin para conceder indultos a los presos a cambio de combatir seis meses en el frente, y Moscú incluso ha mirado a otro lado cuando ha ejecutado a alguno de ellos públicamente y sin juicio previo por supuestamente fallar al grupo Wagner. Sin embargo, su posición dentro de las fuerzas armadas produce fricciones con el alto mando. Enfrentado con el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, sus rencillas terminaron por explotar esta semana y Prigozhin hizo trizas la regla no escrita por Vladímir Putin de que sus facciones deben evitar cualquier confrontación en público.

Ningún medio ruso publica imágenes violentas para evitar concienciar a la opinión pública de las consecuencias de la guerra, pero el jefe de Wagner se atrevió a difundir una fotografía con los cuerpos de más de medio centenar de mercenarios suyos tirados a la intemperie junto a un mensaje demoledor: “El culpable es aquel que no resuelve el suministro de munición. Al final de la lista [de suministros] debería aparecer la firma de [el jefe del Estado Mayor ruso] Valeri Gerásimov, o de Shoigú”. “No quieren que Wagner exista”, sentenció en un audio que fue publicado justo al arrancar la fiesta masiva por la guerra que celebró Putin el 23 de febrero por el Día del Defensor de la Patria. Horas después, borró la foto.

El propio Putin, observador en la distancia de estas rivalidades, no tiene inconveniente en que se envíe a presos al frente. La semana pasada, durante un encuentro con la defensora del menor de Rusia, Maria Lvova-Belova, el mandatario abogó por conceder el mismo estatus a los mercenarios que a los soldados profesionales, independientemente de su pasado. “Todos cumplen un deber sagrado con su tierra natal. Y por ello, ante la patria, todos son iguales”, afirmó el presidente ruso tras apuntar que así también pueden lavar el apellido de sus hijos.

Sin embargo, en Rusia existe el debate sobre la conveniencia del indulto a los delincuentes. En diciembre fue detenido un exmiembro de Wagner en la región fronteriza de Rostov. El hombre, de 38 años, se enfrentó a la policía con disparos de un Kaláshnikov. Según Wagner, era un desertor que había sido condenado a la cárcel por robo. Prigozhin, que anteriormente había dicho a los presos de una prisión que una huida se paga con la muerte, exigió una investigación sobre la filtración a la prensa de este incidente.

La revelación del pasado escabroso de algunos miembros de Wagner apunta a fines propagandísticos. A diferencia de los miembros de las fuerzas armadas, especialmente de los movilizados a filas, la muerte de los antiguos presos tiene una cobertura menor en los medios rusos. Muchos de ellos son solo delincuentes comunes.

Wagner también ha puesto el ojo en uno de los colectivos más vulnerables en las cárceles, el de los presos de otros países. “Las autoridades de Kirguistán están intentando repatriar a casa urgentemente a sus ciudadanos condenados en Rusia”, advierte Asel Doolotkeldieva, profesora de la Academia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Bishkek, la capital de aquella nación centroasiática.

En Rusia hay 1.077 kirguisos presos, según el Ministerio de Exteriores. Uno de ellos es Amanbol, de 30 años. Hace tres meses se alistó en Wagner, desesperado por su situación. Había cumplido entre rejas la mitad de sus nueve años de condena por una violación que, según su madre, cometió otra persona semanas antes de que él llegase a Rusia. “Has gastado demasiado dinero ya en recurrir. Si estoy destinado a morir, moriré. Si no, volveré, no sufras más”, le dijo a su madre en una de sus últimas conversaciones por mediación de la ONG Rus Sidiáshchaia.

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