El llamamiento a una “tregua nacional” del Gobierno choca con más protestas en Perú

Lima se convirtió este martes en un intercambio masivo de perdigones, bombas lacrimógenas, piedras, palos y pintura. La Policía lo sospechaba y por eso dispuso a 6.800 agentes custodiando el centro de la capital, el foco principal de las movilizaciones. Allí es donde se encuentran el palacio presidencial, el Congreso, la sede del poder judicial y demás instituciones en los que los manifestantes peruanos ya no creen. Desde primera hora, además, un grupo de tanques reforzó la avenida Abancay, una de las principales arterias de la ciudad.

Al mediodía, la presidenta Dina Boluarte había llamado a una “tregua nacional” y había pedido perdón a los familiares del más de medio centenar de fallecidos desde que estallaron las protestas tras el autogolpe fallido de Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre. Sin embargo, al mismo tiempo Boluarte remarcó que las protestas son “azuzadas por grupos radicales que tienen una agenda política y económica basada en el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando”. Sus palabras chocaron con más protestas. Bajo el lema “Universitarios de todo el Perú, unidos”, diversos grupos de estudiantes de la universidades públicas del interior del país se concentraron en la Plaza Dos de Mayo a las cuatro de la tarde junto a las bases del sindicato Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y reservistas de las Fuerzas Armadas. Después de darse ánimos tocando zampoña y tambor, la protesta se encaminó hacia el Congreso. A lo largo de la tarde y hasta caer la noche se produjeron enfrentamientos en los jirones Puno, Lampa y Miroquesada, además de la avenida Emancipación y la Plaza San Martín.

A diferencia de las jornadas anteriores, esta vez la Policía reprimió con mayor dureza a los manifestantes. Prueba de ello son los heridos con perdigón, quienes sufrieron lesiones en las piernas e incluso en el rostro. Todavía no puede precisarse la cantidad de los afectados. Pero entre los heridos se encuentran periodistas (Ernesto Benavides de la agencia AFP y Sebastián Castañeda de Reuters), manifestantes, menores de edad, enfermeras voluntarias y también policías. “Aquí, allá, el miedo se acabó”, se decían a sí mismos para darse ánimos. El bloque de los universitarios se asentó frente al Palacio de Justicia para lanzar sus arengas.

Pero no pasó mucho tiempo para que fueran desalojados del Paseo de los Héroes Navales por la neblina tóxica de las bombas lacrimógenas. El contingente policial ganó terreno y los condujeron hacia el Parque Neptuno al costado del Centro Cívico, un conocido centro comercial. Los enfrentamientos se extendieron en la avenida Wilson al frente de la Clínica Internacional. En algún pasaje de la protesta, centenares de personas se quedaron atrapados en el jirón Lampa, pues los agentes lanzaron gases tóxicos en los dos extremos de la calle, dejándolos sin posibilidades de escape. Otro momento crítico fue cuando una bomba lacrimógena se quedó atascada en un edificio en las intersecciones de Lampa y Puno. Hubo desesperación porque pudiera incendiar el predio, como sucedió el viernes pasado en una vieja casona.

La mañana comenzó con una movilización simbólica en el distrito residencial de San Isidro, con delegaciones del pueblo aymara de Puno y el pueblo quechua de Canchis, Cusco. Después de desfilar por algunas avenidas realizaron un plantón en los exteriores de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP). Por la tarde, la presidenta Dina Boluarte había brindado una conferencia de prensa, donde lanzó una frase desafortunada que avivó aún más la ira de la gente: “Puno no es el Perú”. Pero no solo eso. A largo del día, un contingente militar se desplazó desde la región Moquegua hasta Puno. Exactamente hasta el centro poblado Laraqueri, en el distrito de Pichacani. Se presume que son alrededor de 400 soldados. Se teme, con justa razón, que la represión sea más intensa.

En medio de este día agitado, donde la cuerda del gobierno se sigue tensando, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar en contra del ministro del Interior, Vicente Romero, por ser el presunto autor del delito de omisión de actos funcionales en agravio del Estado, debido al operativo policial en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que acabó con la detención de 193 personas, a quienes no se les encontró ningún arma de fuego.

Hasta el último reporte de la Defensoría del Pueblo, en el día del pico de las protestas en la capital, se registraron bloqueos de vías, paralizaciones y movilizaciones en 39 provincias, lo cual equivale al 19.9% del total de provincias a nivel nacional. Este miércoles Boluarte deberá dar explicaciones ante la Comisión Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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