Irán retiene a decenas de presos europeos para presionar a la UE

El cooperante belga Olivier Vandecasteele ha sido condenado a 28 años de cárcel en Irán por cargos que aún se desconocen, pero que el ministro de Justicia, Vincent Van Quickenborne, aseguró este miércoles en el Parlamento de su país están basados en “una serie de delitos inventados”. El de Vandecasteele no es un caso único. Decenas de ciudadanos europeos y de otros países occidentales están presos en Irán y la cifra no ha parado de crecer desde que, a mediados de septiembre, estallaron las protestas por la muerte de Mahsa Amini, la joven arrestada por la policía de la moral acusada de llevar mal puesto el velo.

No existe una cifra oficial de europeos encarcelados en Irán. Las autoridades iraníes pueden tardar meses en confirmar una detención y los gobiernos de sus países de origen no suelen hacerlas públicas confiando en que las gestiones discretas sean más eficaces para lograr su liberación. Los eurodiputados españoles Francisco José Millán y Gabriel Mato preguntaron al alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, por el número de europeos detenidos en Irán, pero su respuesta, fechada el pasado día 13, no aporta ningún dato: alega que no le corresponde a él divulgarlos.

La condena al ciudadano belga, la última conocida, es incluso superior a los 20 años que un tribunal de Amberes impuso a Assadollah Assadi, el diplomático iraní acusado de preparar un atentado con bomba contra una reunión cerca de París de un grupo opositor al régimen de los ayatolás. La semana pasada, el Constitucional belga había dejado en suspenso un acuerdo entre Bruselas y Teherán diseñado para intercambiar a ambos presos, según la oposición belga y disidentes iraníes en el exilio.

La familia de Vandecasteele no duda de que las autoridades iraníes le capturaron con la intención de canjearlo por el diplomático: el trabajador humanitario de 41 años fue detenido en Teherán cuando regresó en febrero pasado para recoger sus pertenencias, tras haber trabajado en el país para distintas ONG entre 2015 y 2021. Pocos días antes se había conocido la condena de Assadi.

Suecia ha vivido un caso similar. En julio pasado, un tribunal de Estocolmo, en aplicación del principio de jurisdicción universal, condenó a cadena perpetua a Hamid Nouri, un exoficial iraní de 61 años, por la matanza de presos políticos en una cárcel de Irán en 1988. El presidente del Parlamento iraní arremetió contra la justicia sueca y exigió la liberación del antiguo carcelero. Pocos días después, Teherán anunció la detención de un turista sueco, que supuestamente había estado en Israel, acusado de espionaje.

En octubre pasado, el Center for Human Rights in Iran (CHRI), con sede en Nueva York, cifraba en al menos 20 los occidentales presos en el país, de los que 14 tienen doble nacionalidad, por lo que Teherán no les reconoce la condición de extranjeros ni permite que se les preste asistencia consular. Esta lista es incompleta, pues no incluye a los nueve europeos de cuya detención informó el 30 de septiembre el Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional iraní ni los 40 extranjeros cuyo arresto reveló el 22 de noviembre el portavoz del Poder Judicial de Teherán, sin detallar sus nacionalidades. Los casos conocidos de ciudadanos de la UE afectan a Francia (7), Suecia (5) Alemania (4), Austria (2), España (2), Bélgica (1), Holanda (1) y Polonia (1). Además, hay estadounidenses, británicos, canadienses o suizos.

El madrileño Santiago Sánchez Cogedor, de 41 años, fue detenido en el Kurdistán iraní el pasado 2 de octubre. Había partido desde San Sebastián de los Reyes (Madrid) el 8 de enero y se proponía recorrer 6.800 kilómetros a pie hasta llegar al Mundial de Qatar. El aventurero español visitó la tumba de Mahsa Amini en Saqqez y le hizo una foto, lo que fue suficiente para que fuera detenido como supuesto agente de un servicio secreto extranjero. Es la misma acusación que pesa sobre la gallega Ana Baneira, de 24 años, ecologista y feminista, que el 9 de junio salió del aeropuerto de Santiago de Compostela (A Coruña) con la intención de viajar durante seis meses por Oriente Próximo y Asia Central. El 10 de noviembre se supo que la activista había sido detenida durante una manifestación de mujeres en Irán.

En el caso de los dos españoles, Teherán no ha mostrado interés en canjearlos por ningún preso. Pero en la conversación que el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantuvo con su homólogo iraní, Hossein Amirabdollahian, el pasado 12 de noviembre, este último criticó las “medidas poco constructivas” tomadas por países europeos ante las protestas en Irán y acusó a funcionarios de la UE de “prestar más atención a sus objetivos partidistas que a los intereses de sus países”. Según la nota difundida por la Cancillería iraní, Albares concluyó reclamando la liberación de los dos españoles presos.

Cada vez que los ministros de Exteriores europeos adoptan nuevas sanciones contra Teherán, ampliando la lista negra de personas y entidades a las que se les impide la entrada en la UE y se les congelan activos, como sucedió el pasado lunes, pende sobre sus cabezas la espada de Damocles de sus propios conciudadanos presos en Irán. Fuentes diplomáticas europeas no tienen duda de que las acusaciones contra los europeos detenidos son casi siempre falsas y que se trata de “rehenes con los que Teherán presiona para frenar la imposición de sanciones”; por las violaciones de derechos humanos o por el suministro de los drones que usa Rusia para atacar Ucrania.

Los arrestos persiguen también, agregan las mismas fuentes, un objetivo propagandístico: demostrar que las protestas que sacuden el país desde la muerte de Amini están dirigidas desde el extranjero, como pretende hacer ver el régimen. La televisión oficial iraní difundió el 6 de octubre la confesión de dos presos franceses, la sindicalista Cécile Kohler y su esposo, Jacques Paris, en la que aseguraban ser espías. El Gobierno francés calificó la emisión de “repugnante, inaceptable y contraria al derecho internacional”.

La mayoría de los presos europeos no han sido detenidos por el Ministerio del Interior iraní, sino por el servicio secreto de la Guardia Revolucionaria Islámica, un Estado dentro del Estado, o por el Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional, lo que dificulta aún más las gestiones para su liberación.

El embajador español en Irán, Ángel Losada, pudo visitar el pasado día 6 a Santiago Sánchez en la cárcel de Saqqez, a 600 kilómetros de Teherán, antes de que fuera trasladado a la capital. Además de llevarle cartas y ropa, la visita sirvió para que el madrileño pudiera hablar durante 11 minutos, en presencia de un intérprete, con sus padres. En cambio, las autoridades iraníes han puesto más obstáculos para visitar a Ana Baneira, con quien el embajador español ha hablado telefónicamente. Aunque estas gestiones han servido a las familias para tranquilizarlas sobre el estado de salud de ambos, el Gobierno español teme que su liberación no vaya a ser un proceso fácil ni rápido.

Familiares de cuatro de los europeos presos en Irán remitieron en septiembre pasado una carta al alto representante en la que criticaban la pasividad de la UE ante la situación de sus allegados. Fuentes próximas a Borrell alegan que los gobiernos prefieren gestionar las crisis directamente; como el de Roma, que el 10 de noviembre logró la liberación de una bloguera italiana de 30 años, en lo que constituyó el primer éxito diplomático de la ultraderechista Giorgia Meloni. Pese a ello, el Consejo de Asuntos Exterioresde la UE debatió el pasado lunes la situación e instó al régimen iraní a “poner fin a la preocupante práctica de detener a civiles extranjeros inocentes con el fin de obtener beneficios políticos”. Un veterano diplomático recuerda que fue precisamente con una toma de rehenes, los de la Embajada estadounidense en Teherán, como se dio a conocer el régimen del ayatolá Jomeini.

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