El Parlamento Europeo reclama el fin del veto en la UE para sortear a países como Hungría o Polonia

La Unión Europea está calentando motores para una reforma en profundidad de sus normas de funcionamiento y el Parlamento Europeo ha decidido tomar la delantera activando, por primera vez en su historia, el derecho a solicitar una convención para reformar los Tratados. La decisión final corresponde al Consejo Europeo, que se reúne el 23 y 24 de junio en Bruselas, pero la presión política para acometer cambios gana peso. Con vistas a esa cumbre europea de final de mes, el Parlamento ya ha aprobado este jueves una resolución en la que, además de pedir la convención, reclama el fin del veto nacional en decisiones como las sanciones contra Rusia, paralizadas durante semanas por Hungría, o cuando se produzcan emergencias como la guerra en Ucrania, una pandemia o una crisis económica.

El Parlamento Europeo se convierte así en la primera institución en fijar posición sobre las reformas derivadas de la reciente Conferencia sobre el futuro de Europa, un foro de consulta ciudadana que presentó sus conclusiones el pasado mayo y que se interpreta como la antesala de una remodelación del club que podría desembocar, incluso, en una nueva reforma de los Tratados. La Eurocámara aspira a que los cambios le permitan seguir ganando competencias, ampliadas una vez tras otra en las sucesivas reformas de los Tratados. Entre los objetivos, reducir la capacidad de bloqueo de las capitales y, de paso, ganar terreno en el reparto del poder institucional dentro del club comunitario, obteniendo un derecho de iniciativa legislativa que ahora tiene limitadísimo.

“La guerra en Ucrania empezó el 24 de febrero y Estados Unidos fue capaz de aprobar el 8 de marzo una orden ejecutiva para el embargo del petróleo, el carbón y el gas ruso; en Europa hemos tardado tres meses en llegar a la misma conclusión”, ha recordado el eurodiputado liberal Guy Verhofstadt, uno de los impulsores de la resolución. “Las sanciones son un buen ejemplo de algo que no funciona, pero no debemos restringir a eso el debate sobre la supresión de la unanimidad, debemos ser más ambiciosos”, ha pedido el eurodiputado popular Paulo Rangel. Y el socialista Doménec-Ruiz Devesa ha señalado que “este ya no es el mundo del Tratado de Lisboa [vigente desde diciembre de 2009]” y ha defendido la necesidad de “actualizar el marco constitucional, mejorando la toma de decisiones”.

Pero la batalla institucional en ciernes se augura muy dura porque los avances de la Unión cada vez tocan más a partes esenciales de la soberanía nacional, como la defensa, la energía o la política exterior. Y la supresión de la unanimidad asusta a muchos países, en particular, a los menos poblados porque temen que los llamados grandes les apabullen imponiendo sus intereses.

El propio debate parlamentario ha reflejado la división, con varios eurodiputados, sobre todo de los países del Este, acusando a los partidarios de la reforma de querer convertir la UE en una especie de Unión Soviética. El voto posterior también ha mostrado el carácter tan sensible del proceso de reforma que se avecina.

La resolución se ha aprobado con holgura, con 355 votos a favor procedentes de los principales grupos políticos (populares, socialistas, liberales, verdes e izquierda unitaria). Pero en contra ha habido 155, la mayoría de ellos de los grupos ultraconservadores (incluido Vox) y euroescépticos. Pero hasta 40 eurodiputados de los principales grupos también se han mostrado contrarios a las reformas. Y casi otro medio centenar de esos mismos grupos ha optado por abstenerse.

Francia, que ocupa la presidencia semestral de la UE, se ha mostrado abierta a incorporar las posibles reformas a la agenda del consejo de ministros de la UE, como anticipo al probable debate en la cumbre europea del 23 y 24 de junio. La cita de los presidentes de Gobierno podría poner en marcha la convención. Pero el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Claude Beaume, se ha mostrado partidario en el Parlamento “de mantener vías paralelas”, con una posible opción para la reforma de los Tratados, pero introduciendo también cambios por la vía de proyectos legislativos sobre la base de los actuales.

El texto aprobado por los parlamentarios aboga por convocar una convención con representantes de los 27 países de la UE, de la Comisión y del Parlamento para enmendar los Tratados y dotar a la UE de competencias como sanidad o la compra conjunta de armamento, políticas reservadas tradicionalmente a las autoridades nacionales, pero que han ganado una dimensión europea con la covid-19 y con la invasión de Ucrania, respectivamente.

La resolución también defiende la ampliación de las materias aprobadas por mayoría cualificada en el Consejo (donde se sientan los 27 Gobiernos), eliminando un derecho de veto que en ocasiones se utiliza con objetivos espurios y como forma de presión para obtener concesiones en áreas sin ningún vínculo con la decisión bloqueada.

Hungría y Polonia han sido los dos países que más se han distinguido en los últimos años en la invocación del veto, hasta el punto de que amenazaron con dinamitar el acuerdo presupuestario que en 2020 creó el multimillonario fondo de recuperación frente a la pandemia. Ambos países frenan con frecuencia cualquier proyecto en el que se incluyan referencias a la igualdad de género o al respeto de minorías.

El Gobierno húngaro de Viktor Orbán obstaculiza, además, casi de manera sistemática, las posiciones de la UE sobre asuntos internacionales. Y Budapest retrasó durante varias semanas la aprobación de la sexta ronda de sanciones contra Rusia hasta lograr el derecho a no secundar el embargo comunitario al petróleo ruso y retirar de la lista negra de la UE al patriarca de la iglesia ortodoxa rusa, a quien se quería sancionar por sus continuas arengas a favor del ataque armado contra Ucrania.

El Parlamento considera que la UE no puede seguir avanzando al ritmo de los más reacios ni resignándose a actuar en la escena internacional sin una voz única, clara y potente. La resolución considera evidente, “especialmente tras las recientes crisis, que es preciso modificar los Tratados con urgencia al objeto de garantizar que la Unión disponga de competencias para actuar más eficazmente en futuras crisis”. En concreto, el texto aprobado señala como imprescindible “reforzar la capacidad de actuación de la Unión mediante la reforma de los procedimientos de votación”. Y propone suprimir la unanimidad “en ámbitos pertinentes, como las sanciones y las denominadas cláusulas pasarela, y en caso de emergencia”.

La llamada pasarela es la cláusula del Tratado que permite suprimir el derecho de veto, pero su activación requiere la unanimidad, por lo que es prácticamente imposible aplicarla a áreas como la fiscalidad o los presupuestos. Su activación por mayoría cualificada, como propone el Parlamento, aceleraría la desaparición de la unanimidad.

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