Detenidos en Dubái los dos empresarios acusados de liderar la mayor trama de corrupción de Sudáfrica

En Sudáfrica, cuando Jacob Zuma era presidente, entre 2009 y 2018, existió un poder en la sombra. Lo ejercían los empresarios Rajesh y Atul Gupta, que disfrutaron durante esos casi diez años de un poder casi omnímodo amparados por el jefe de Estado. Los Gupta no solo se beneficiaron a golpe de sobornos de lucrativos contratos públicos; llegaron incluso a proponer nombres para los más altos cargos del Estado, incluido el del ministro de Finanzas, con el único criterio del lucro personal, según la comisión judicial que investigó la trama de corrupción que habían orquestado. En 2018, cuando esta era ya imposible de ocultar, los Gupta huyeron a Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Este lunes, los detuvo la policía del país, ha confirmado el Ministerio de Justicia sudafricano en un comunicado.

Rajesh, Atul y un tercer hermano, Ajay –cuyo nombre no figuraba en la orden de arresto que ha permitido su detención– llegaron a Sudáfrica desde su India natal en 1993, cuando el país africano acababa de salir del apartheid. Procedían de una familia acaudalada y no lo hicieron con las manos vacías. En los noventa, empezaron a construir un amplio conglomerado empresarial en los sectores de la minería, los medios de comunicación y la informática. Sin embargo, fue su amistad con Jacob Zuma, el presidente que llegó al poder presentándose como abogado de los pobres, lo que les permitió infiltrar las instituciones para apoderarse de los recursos del Estado.

Los Gupta llegaron a obtener la ciudadanía sudafricana, pero en enero de 2018, poco después de la puesta en marcha de la Comisión Zondo, una comisión judicial para investigar la trama de corrupción de la que se les considera artífices, huyeron a los Emiratos. Después de tres años de indagaciones, la Comisión Zondo llegó a la conclusión de que habían infiltrado hasta tal punto las estructuras del Estado que incluso participaron en la gestión de sus asuntos, proponiendo nombres para algunos ministerios.

Los testigos interrogados durante la investigación también han aportado pruebas sobre cómo los Gupta influyeron en otros nombramientos, como los de los responsables de importantes organismos estatales, haciendo valer la influencia de Zuma. El objetivo era garantizar que sus empresas se beneficiasen de contratos públicos. Según declaró el investigador Paul Holden, estos hermanos cobraron presuntamente más de 49.000 millones de rands (casi 3.000 millones de euros o 3.200 millones de dólares), en contratos amañados a través de distintas empresas. El uso de los recursos del Estado en beneficio propio de los Gupta y de su supuesto padrino en el poder, el entonces presidente, fue tal que los sudafricanos conocen a esta trama corrupta como la “Captura del Estado”. Su relación con el expresidente y su familia es tan conocida que en Sudáfrica se les denomina despectivamente “los Zupta”, juntando la inicial de Zuma y el apellido de los hermanos empresarios.

En concreto, la Comisión relaciona a los Gupta con el pago de un contrato de 25 millones de rands (1,5 millones de euros o 1,63 millones de dólares), provenientes del erario público a la empresa Nulane Investments para que realizara un estudio de viabilidad agrícola en la provincia del Estado Libre. Este dinero fue a parar a una empresa de su propiedad, Islandsite Investments.

Desde su huida, los Gupta han permanecido en Dubái, donde tienen propiedades y negocios, y allí fueron detenidos este lunes después de que la Interpol lanzara una alerta roja de busca y captura. Este tipo de notificaciones permite a las fuerzas del orden arrestar a una persona buscada para ser procesada o para cumplir una condena, y detenerla a la espera de su extradición.

El arresto de los dos prófugos es el resultado de que Sudáfrica y Emiratos ratificaran un acuerdo de extradición en junio de 2021, que el Gobierno del presidente Cyril Ramaphosa esperaba que llevara a los Gupta a regresar para enfrentarse a los cargos que pesan sobre ellos. “La detención refleja los continuos esfuerzos de los Emiratos Árabes Unidos en la lucha contra los delitos de blanqueo de capitales a través de la cooperación local entre las autoridades competentes”, ha declarado la policía de Dubái.

Se desconoce aún cuándo los Gupta serán extraditados, algo que ha reclamado ya el principal partido de la oposición, Alianza Democrática: “Esperamos más información sobre las detenciones y el proceso que se seguirá tras ellas. Es absolutamente importante que haya transparencia en este asunto”, han solicitado en un comunicado.

Los delitos que investiga la Comisión Zondo no son, ni de lejos, los únicos problemas con la Justicia del expresidente Zuma. En 2018, el Tribunal Superior de Sudáfrica restableció unos cargos de corrupción que habían sido retirados en 2009, relacionados con un negocio de tráfico de armas y sobornos por valor de cinco mil millones de dólares en los años noventa. El exmandatario, de 80 años, fue condenado a 15 meses de cárcel en julio de 2021 por desacato, al negarse hasta en tres ocasiones a declarar por estas imputaciones, pero dos meses después de ingresar en prisión se le permitió cumplir el resto de la pena en régimen de arresto domiciliario por motivos de salud.

Solo en esta trama del tráfico de armas, Zuma se enfrenta a 16 cargos: 12 de fraude, dos de corrupción, uno de lavado de dinero y otro por asociación ilícita. Presuntamente, aceptó hasta 783 pagos ilegales. En mayo de 2021 se declaró inocente de todos ellos.

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