Malí ordena la expulsión del embajador de Francia

El Gobierno de Malí, bajo control de los militares tras el golpe de Estado de 2020, ha ordenado este lunes la expulsión del embajador de Francia, Joël Meyer, a quien las autoridades dan un plazo de 72 horas para abandonar el país, según un comunicado oficial leído en la televisión nacional. Esta drástica medida se produce como reacción a las recientes declaraciones en medios franceses del ministro galo de Exteriores, Jean Yves Le Drian, en las que acusaba a la junta militar de “ilegítima” y de “adoptar medidas irresponsables”. El embajador francés fue convocado este lunes al Ministerio de Exteriores, donde se le comunicó su expulsión del país.

“Esta decisión se produce tras los comentarios hostiles e indignantes realizados recientemente” por el citado ministro, según asegura el comunicado, “y a la repetición de tales comentarios por parte de las autoridades francesas respecto a las autoridades malienses a pesar de las reiteradas protestas” por parte del Gobierno de Malí, quien considera dichas opiniones “contrarias al desarrollo de las relaciones amistosas entre naciones”. Pese a ello, sostiene la nota oficial, el Ejecutivo maliense mantiene su “disponibilidad a continuar el diálogo y la cooperación con el conjunto de sus socios internacionales, incluida Francia, en el respeto mutuo y sobre la base del principio cardinal de la no injerencia”.

Las relaciones entre ambos países se han ido deteriorando desde que en agosto de 2020 el coronel Assimi Goïta encabezó un golpe de Estado contra el presidente Ibrahim Boubacar Keïta y logró derrocarlo, pero sobre todo después del segundo golpe liderado también por Goïta en mayo de 2021, que frustró la transición a la democracia que se había puesto en marcha. El presidente francés Emmanuel Macron se mostró especialmente molesto por esta segunda asonada militar y, días más tarde, anunció la retirada parcial de la operación Barkhane de lucha contra el terrorismo yihadista, que ha llegado a contar con unos 5.500 soldados en el Sahel, muchos de ellos en Malí, y que ya se ha reducido a unos 4.800 con la previsión de llegar a unos 3.000 en 2023.

El viraje de la junta militar maliense hacia Rusia y, más en concreto, el inicio de negociaciones con la compañía privada Wagner vinculada al Kremlin para el despliegue de mercenarios en Malí, marcó el comienzo de las hostilidades. Para las autoridades francesas, que aseguran que miembros de Wagner ya están en Malí, esto es una línea roja y así lo han manifestado en repetidas ocasiones. Sin embargo, el Gobierno de transición maliense niega dicho despliegue y asegura que se trata de instructores del Ejército ruso dentro de misiones de formación similares a la que lleva a cabo la Unión Europea desde 2013.

Tras el segundo golpe de Estado, los militares malienses se comprometieron a mantener el calendario de la transición ―negociado con la Comisión Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), que establecía elecciones en febrero―, pero en diciembre pasado rompieron esta promesa y anunciaron su intención de continuar en el poder entre seis meses y cinco años más. La reacción de la Cedeao fue aprobar durísimas sanciones contra Malí, como el bloqueo de toda ayuda financiera exterior o el cierre de fronteras, medidas que Francia y la UE respaldaron. En paralelo, y tras ocho años de intervención militar sin resultados claros frente a un yihadismo que avanza, un fuerte sentimiento antifrancés se ha ido extendiendo por toda la región y está detrás del respaldo popular a los golpes en Malí y Burkina.

La tensión continuó subiendo

La pasada semana, las autoridades malienses ordenaron la salida del país de un centenar de soldados daneses desplegados en el marco de la operación europea Takuba de apoyo a Barkhane, alegando que no habían sido consultadas. Asimismo, la junta anunciaba la revisión de los acuerdos militares con Francia. Desde París, y en distintas declaraciones a medios franceses, el ministro Le Drian ha denunciado en los últimos cuatro días el carácter ilegítimo de la junta militar, a la que acusó de pretender perpetuarse en el poder con la excusa del yihadismo. También aseguró que Wagner había llegado a Malí para expoliar el país con el beneplácito de sus autoridades. Por su parte, Florence Parly, ministra de Defensa, aseguró que no podían seguir en Malí “a cualquier precio”.

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