La UE golpea con sanciones a la trama rusa de mercenarios desplegada en Ucrania, Libia y Siria

La Unión Europea tiene previsto activar este lunes hasta cuatro regímenes sancionadores contra la red rusa de mercenarios conocida como Wagner. La reacción de Bruselas llega tras la irrupción del grupo paramilitar presuntamente vinculado al Kremlin en los países africanos del Sahel donde la UE mantiene misiones de formación militar. Bruselas acusa a magnates próximos al presidente ruso, Vladímir Putin, de financiar un cuerpo armado de unos 10.000 efectivos y presente en los conflictos más violentos del entorno europeo, desde Ucrania y Siria hasta Libia y numerosos países africanos.

Fuentes diplomáticas señalan que la batería de sanciones señalará directamente a Wagner, a pesar de que hay dudas sobre la existencia legal de esa organización, y a otras tres compañías u organismos implicados en la organización de la red mercenaria. Las sanciones, que serán aprobadas por el consejo de ministros de Asuntos Exteriores el próximo lunes, también afectarán a ocho responsables o cómplices de la trama. El castigo conlleva la congelación de bienes en los Estados miembros de la UE y la prohibición de entrar en territorio comunitario.

No es la primera vez que la UE apunta al grupo armado. En octubre del año pasado, la UE ya sancionó al empresario ruso Yevgeniy Prigozhin, al que acusó de mantener “vínculos estrechos, en particular económicos, con la empresa militar privada Wagner Group”. La inclusión de Prigozhin en la lista negra europea de sancionados obedecía a su presunta implicación en las actividades de ese grupo en Libia.

Pero en esta ocasión Bruselas amplía el foco y esgrime hasta cuatro regímenes sancionadores para golpear a Wagner. En concreto, los que castigan actividades ilícitas en Ucrania, Siria y Libia, así como el régimen general que persigue a los autores de violaciones de los derechos humanos.

La primera presencia del grupo ruso detectada por Bruselas fue en 2014 en Ucrania, como apoyo a los separatistas prorrusos y a la operación que desembocó en la anexión de la península de Crimea a Rusia. Pero desde entonces, se ha multiplicado la intervención en numerosos conflictos de unos mercenarios a los que se atribuyen violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y participación en secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

El Parlamento Europeo aprobó el pasado 25 de noviembre una resolución en la que expresó su “condena en los términos más enérgicos de los odiosos crímenes cometidos por el Grupo Wagner y entidades militares privadas relacionadas”. El texto, aprobado por abrumadora mayoría (585 votos a favor, 40 en contra y 43 abstenciones), apoya la imposición de sanciones al grupo y pide a los países de la Unión Africana que adopten un castigo similar.

La inquietud europea ha ido a más desde que trascendió que las autoridades de Malí negociaban con Wagner el despliegue de 1.000 contratistas, término que alude a los mercenarios a sueldo que ofrece la compañía en numerosos países. La utilización de grupos paramilitares, además, no es una estrategia exclusiva de Moscú. Turquía también ha sido acusada de desplegar mercenarios en Azerbaiyán durante el reciente conflicto de ese país con Armenia. Y a Emiratos Árabes Unidos se atribuye el envío de mercenarios a Libia.

Pero ningún grupo paramilitar parece tener la envergadura del conglomerado ruso sancionado por la UE. Según la resolución del Parlamento Europeo, la empresa cuenta hasta con 10.000 efectivos. Y sus tentáculos han estado o están presentes en Siria, Sudán, Mozambique, Libia, República Centroafricana y Venezuela. El grupo parece compaginar su actividad militar con operaciones de enriquecimiento aprovechando la fragilidad del Estado en los países donde opera. En República Centroafricana, por ejemplo, una empresa del grupo, Lobaye Invest, se hizo con los derechos de prospección en varios yacimientos de oro y diamantes, según el Parlamento Europeo.

El Kremlin siempre ha negado cualquier relación con Wagner y otras compañías similares, especializadas en operaciones militares con pocos miramientos para las leyes internacionales. Pero Bruselas recuerda que ese tipo de actividad hunde sus raíces en la política internacional de la Unión Soviética, que utilizó grupos similares durante la Guerra Fría sin reconocer nunca su responsabilidad. Y el propio Putin señalaba en 2012, durante un discurso ante la Duma (el Parlamento ruso) que “un grupo de empresas militares privadas sería un instrumento eficiente para alcanzar objetivos nacionales sin implicar directamente al Estado ruso”.

La propiedad y control del grupo Wagner es difusa y, según Bruselas, se camufla tras una red de sociedades pantalla. Pero la Comisión considera que tras la empresa se encuentran personalidades estrechamente vinculadas al Kremlin, en particular, Yevgeny Prigozhin, propietario de negocios de hostelería y conocido como “el chef de Putin” por la predilección hacia sus restaurantes del presidente ruso.

La Comisión Europea considera a Prigozhin responsable de apoyar la puesta en marcha de Wagner y, en concreto, las operaciones de suministro de armamento y despliegue de mercenarios en Libia, así como de violar el embargo de armas decretado por Naciones Unidas contra ese país.

Prigozhin niega todos los cargos. Y en diciembre del año pasado presentó un recurso contra las sanciones europeas ante el Tribunal general de la UE, todavía pendiente de resolución. El magnate ruso aduce a su favor, según el texto del recurso, que la UE “no identificó la entidad descrita como Wagner Group, que no conoce a ninguna entidad conocida como Wagner Group; que no tiene ningún vínculo con tal entidad, y que ni colaboró con ella ni prestó apoyo a la misma”.

El presunto financiero del grupo asegura que las sanciones impuestas por la UE solo obedecen a objetivos políticos y que los cargos son tan vagos que “hace imposible que una persona conozca qué actos debería abstenerse de realizar para evitar la imposición de medidas restrictivas”.

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