Los militares golpistas deponen al presidente y al primer ministro de Malí
El coronel Assimi Goïta, vicepresidente del país y líder de la junta castrense que dio un golpe de Estado en agosto, acusa a los dos altos cargos de “sabotaje” por nombrar un nuevo Gobierno sin consultarle
El vicepresidente de Malí y líder de la junta militar que tomó el poder mediante un golpe de Estado en agosto de 2020, el coronel Assimi Goïta, anunció este martes la destitución del presidente maliense Bah Ndaw y de su primer ministro, Moctar Ouane, a quienes acusó de un intento de “sabotaje de la transición”. En un comunicado firmado por Goïta y leído en la televisión nacional por el comandante Baba Cissé, el vicepresidente señaló que ambos altos cargos, que desde este lunes se encuentran retenidos por los militares en el cuartel de Kati, próximo a la capital, habían intentado violar la Carta de la Transición al renovar el Gobierno sin tener en cuenta la opinión del propio Goïta.
Buena parte de la comunidad internacional ha reaccionado con rapidez y contundencia para mostrar “su firme apoyo a las autoridades de transición”. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha calificado los hechos de “golpe de Estado dentro de un golpe de Estado, algo inaceptable” y ha anunciado que los líderes europeos se disponen a adoptar sanciones contra los responsables, según manifestó en una rueda de prensa posterior a una cumbre europea, informa France Presse.
La detención de Ndaw y Ouane se produjo este lunes pocas horas después del nombramiento de un nuevo Gobierno de transición del que fueron excluidos dos generales que participaron en el golpe de Estado del año pasado, Sadio Camara y Modibo Koné, que ostentaban los puestos de ministros de Defensa y Seguridad, y que fueron sustituidos por generales enfrentados a los militares golpistas.
En su comunicado, Assimi Goïta alució a la “asfixia” que supone para el país la huelga general indefinida convocada por el poderoso sindicato Unión Nacional de Trabajadores de Malí (UNTM), que ha paralizado prácticamente todos los servicios públicos, y aseguró que esta situación podía conducir a la inestabilidad. Sin embargo, justificó su decisión de destituir a Ndaw y Ouane, algo que legalmente no puede hacer, porque la Carta de la Transición establece que Defensa y Seguridad son áreas bajo la coordinación de la vicepresidencia y se nombró a los nuevos ministros sin ser consultado.
“El vicepresidente se ha visto en la obligación de actuar para preservar la Carta de la Transición y defender la República”, asegura el comunicado firmado por Goïta, quien instó a los ciudadanos a seguir con sus ocupaciones y prometió mantener la celebración de elecciones para el próximo año 2022.
Bamako ha amanecido este martes en relativa calma, pero en medio de una gran expectación tras la detención de Ndaw y Ouane el día anterior. Todas las fuentes consultadas indican que se trata de una reacción de descontento por parte de la junta militar que ha visto reducida su influencia en el Gobierno tras los nombramientos anunciados este lunes. Los golpistas confiaban en conservar las carteras de Defensa, Seguridad, Administración Territorial y Reconciliación Nacional, pero las dos primeras fueron entregadas a los generales Souleymane Doucouré y Mamadou Lamine Diallo, enfrentados al sector del Ejército que protagonizó el golpe de Estado de agosto. Doucouré también fue detenido este lunes y se encuentra en manos de los militares.
El ambiente se había enrarecido mucho en las últimas semanas, sobre todo debido a la citada huelga general indefinida y por el creciente distanciamiento entre la sociedad civil, encabezada por el movimiento M5-RFP (Agrupación de Fuerzas Patrióticas), y las autoridades de transición. El pasado 14 de mayo, Moctar Ouane presentó su dimisión como primer ministro, pero el presidente Ndaw le volvió a colocar en su puesto con el encargo de nombrar “un Gobierno más inclusivo” en el que la clase política tuviera más peso.
En un comunicado conjunto firmado por la Unión Africana, la Comisión Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización en Malí (Minusma), la Unión Europea, Francia, Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania, se exige “la liberación inmediata e incondicional” de los dos altos cargos y de sus colaboradores también detenidos. Un portavoz de Minusma alertó poco después de las “graves consecuencias” de esta detención. Está previsto que Goodluck Jonathan, mediador de la Cedeao, llegue este martes a Bamako para tratar de rebajar la tensión.
En el momento de su detención, el primer ministro se encontraba en conversación telefónica con un periodista de la agencia France Presse: “Lo confirmo: hombres de Goïta han venido a buscarme para llevarme a la casa del presidente, que vive cerca de mi residencia”. Instantes después se cortó la comunicación, según la citada agencia.
El pasado 18 de agosto, tras meses de manifestaciones lideradas por el M5-RFP, un grupo de oficiales protagonizó un golpe de Estado en Malí y derrocó al entonces presidente Ibrahim Boubacar Keita. Tras intensas negociaciones con la Cedeao, la junta militar nombró presidente al coronel retirado Bah Ndaw, pero logró mantener el poder con una notable presencia en el Consejo Nacional de Transición y en el Gobierno nombrado poco después encabezado por el civil Moctar Ouane.
Los acontecimientos que se viven en Malí son muy similares a los que tuvieron lugar el 11 de diciembre de 2012, cuando los militares que protagonizaron un golpe de Estado nueve meses antes detuvieron al primer ministro de transición Cheick Modibo Diarra, con quien habían mantenido notables desencuentros, y lograron forzar su dimisión.
El norte y centro de Malí se enfrentan a la constante amenaza de grupos yihadistas que llevan a cabo atentados y ataques que sufren, sobre todo, miembros del Ejército y de la misión de Naciones Unidas. Esta violencia ha provocado también la muerte y el desplazamiento forzoso de decenas de miles de civiles. Estaba prevista la celebración de un referéndum constitucional el próximo mes de octubre así como unas elecciones presidenciales y legislativas en febrero-marzo del próximo año que pusieran fin a la transición y devolvieran el poder a las autoridades civiles.
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