La inviable activación del revocatorio contra Nicolás Maduro

La oposición venezolana empezó 2022 con un dilema conocido: embarcarse o no en un nuevo referéndum revocatorio a Nicolás Maduro. Es un tema que divide a varios sectores y que carga con el fracaso de 2016, cuando una cadena de trabas burocráticas terminó en una decisión judicial que invalidó las firmas recogidas, un proceso que movilizó a millones de venezolanos. Esta vez el chavismo parece haber hecho una jugada adelantada en la que el Consejo Nacional Electoral aceptó rápidamente las peticiones de tres organizaciones, lo que lucía como una manera de facilitar el proceso. Pero también, de forma veloz, convocó a recoger más de cuatro millones en una jornada de apenas 12 horas esta semana, un desafío casi imposible de cumplir.

Con distintos métodos, el chavismo parece haber bloqueado nuevamente el revocatorio para retrasar la transición política que reclama la oposición hasta las presidenciales de 2024. Mover (Movimiento Venezolano por el Revocatorio), uno de los sectores de la oposición que han promovido el proceso, han criticado las condiciones, pero anunciaron que no se retirarán. Nicmer Evans, del chavismo disidente, y César Pérez Vivas, de un partido tradicional de oposición, han asumido las trabas como un desafío. “Esto es un zarpazo más que nos convoca a movilizarnos a todas las fuerzas populares. Ellos querían dividirnos y lo que lograron fue unirnos”, señaló Evans en una conferencia de prensa. Anunciaron que este lunes exigirán al CNE elaborar un nuevo cronograma que les permita participar.

Para iniciar el revocatorio es necesario recoger las firmas y huellas del 20% del padrón electoral nacional, como ocurrió en 2004 cuando se realizó el referéndum sobre el mandato de Hugo Chávez, al que siguió una persecución a los empleados públicos que entonces firmaron para activar este mecanismo. Esta vez, igual que en 2016, el árbitro electoral se acogió a una sentencia del Tribunal Supremo que complica el requisito de las firmas, pues obligar a recolectar el 20% del padrón en cada Estado. Para esta semana se han habilitado 1.200 puntos en plazas y centros electorales.

La decisión del CNE de pautar ese proceso para este miércoles ha sido considerado por algunos sectores como una manera de hacerlo inviable. El propio rector Roberto Picón, que representa a la sociedad civil dentro del organismo electoral, ha señalado que retiró su voto de la decisión. “Se tendrían que procesar cinco electores por minuto, por 12 horas, en todas las máquinas del país, sin margen de error, sin tiempo para notificar a la ciudadanía los puntos de recolección. El proceso se llevará a cabo sin auditoría del software que garantice integridad e inviolabilidad del proceso, sin tiempo para nombrar testigos en los 1.200 puntos, sin medias de bioseguridad. De haber convocatoria, habría colas de 300 personas en pleno pico de ómicron”, denunció en un hilo de Twitter los inconvenientes técnicos de la decisión.

El revocatorio divide a la oposición. Por un lado, los sectores más moderados consideran que la estrategia debe ser de largo aliento con miras al 2024. Otros grupos, sin embargo, claman por un cambio de Gobierno antes del próximo ciclo electoral, bien sea a través del revocatorio o de una negociación política que permita el adelanto de las elecciones presidenciales y parlamentarias, las que la oposición considera que deben repetirse.

La ratificación el pasado 9 de enero del triunfo opositor en Barinas, con todo en contra y luego de que el Gobierno maniobrara para quedarse con esa plaza simbólica, la tierra de los Chávez, ha dado aliento a algunos sectores para impulsar el revocatorio. Pero el camino hasta allá es empedrado.

Para revocar a Maduro, además de conseguir los 4,2 millones de firmas, se necesita obtener al menos 6,2 millones de votos a favor de que se termine anticipadamente de su mandato. Si esto ocurre durante 2022 podría convocarse a una nueva elección, para la que la oposición aún no tiene un líder en el panorama que pueda competir. Las faltas absolutas del presidente pueden cubrirse a través de una nueva elección solo si ocurren dentro de los primeros cuatro años de Gobierno, que en el caso de Maduro se cumplen el 10 de enero de 2023. Si el proceso se extiende hasta después de esa fecha, la Constitución señala que lo que resta del período lo asume el vicepresidente, es decir Delcy Rodríguez.

El referéndum revocatorio ha sido visto con clara prevención por amplias capas de la sociedad opositora venezolana, en virtud de lo engorroso que se ha convertido el proceso. Aunque ha sido impulsado por algunas plataformas de activismo, para numerosos políticos y observadores el revocatorio es un instrumento que pone en sobreaviso a la militancia chavista, que polariza en exceso el debate público y retarda la concreción de un marco político acordado para celebrar unas elecciones limpias.

Aunque no lo han declarado abiertamente, Juan Guaidó y su equipo de la presidencia interina habían resuelto acompañar la tesis del revocatorio hasta donde fuera posible, aún a pesar de las diferencias existentes con los partidos mayoritarios, el llamado G-4, sobre esta fórmula. Se argumentaba que el país no podía seguir esperando resignadamente hasta 2024 para intentar cambiar al Gobierno en el desastroso estado económico y social del país. El desarrollo de la iniciativa para promover el referéndum iba a profundizar las grietas actuales de los partidos de la oposición. Guaidó ha dicho este domingo que el Gobierno “enterró el revocatorio porque le tiene miedo a la decisión de la mayoría”.

Piero Trepiccione, analista político y profesor universitario, sostiene que “el Gobierno de Maduro está acostumbrado a manejar los hilos de la agenda de la oposición” y el revocatorio es una muestra. “Por un lado, intentan ofrecer la idea de que este es un mecanismo accesible para dirimir inquietudes, pero por el otro ponen obstáculos que dificulten de manera extrema su concreción”. Trepiccione opina que esta es una fórmula usada desde el poder para disipar el descontento. “Maduro ha estado montado en estos años sobre una gran olla de presión y descontento popular. Esta secuencia de expectativas, furia y frustración diluye las tensiones. No hay forma de que el descontento se exprese”.

“Mientras se mantenga el autoritarismo madurista en Venezuela, el revocatorio es solo una ilusión constitucional”, opina Julio César Fernández, académico en derecho y analista político. “Esta decisión ha cimentado el criterio de parte de la población de que el CNE y la justicia electoral estarán siempre controlados desde Miraflores, lo cual es un descrédito inducido interesadamente por el madurismo”. Fernández alerta: “Habría que ver si por su enorme impopularidad, Maduro está pensando en radicalizar el autoritarismo político al modo nicaragüense”.

La propia pertinencia de este dispositivo constitucional ya venía siendo cuestionada por las fuerzas democráticas, por su crónica inviabilidad. Al respecto, Fernández apunta: “Los mecanismos político-constitucionales para prevenir, procesar y solucionar conflictos o crisis políticas dependen de la percepción general de la sociedad. Hay una relación directa entre la confianza en tales medios y su utilidad política para formular una decisión que sea aceptada como legítima incluso por quienes la adversaron”.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región