Un tribunal falla contra Trump en su intento de ocultar documentación sobre el asalto al Capitolio

Un tribunal federal de Apelaciones ha fallado este jueves en contra del expresidente Donald Trump en su intento de evitar entregar documentación de la Casa Blanca relativa al ataque del Capitolio del pasado 6 de enero, que reclama el comité que investiga el asalto en el que murieron cinco personas. Aun así, el tribunal concede al equipo legal de Trump dos semanas para poder apelar al Tribunal Supremo —de mayoría conservadora y con tres magistrados nombrados por el propio exmandatario—, algo que ya habían solicitado el pasado 30 de noviembre ante la posibilidad de que el fallo les fuera desfavorable.

El comité especial de la Cámara de Representantes que indaga sobre la mayor embestida jamás ejercida contra la democracia norteamericana ha solicitado más de 770 páginas de documentación, incluidos registros de los principales asesores de Trump y memorandos a su secretaria de prensa. Entre los registros se encuentran documentos del exjefe de Gabinete de Trump, Mark Meadows, el exasesor Stephen Miller y el exabogado adjunto Patrick Philbin. Trump también esperaba bloquear la publicación del diario de la Casa Blanca, un registro de sus actividades, viajes, reuniones informativas y llamadas telefónicas.

Desde que la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, anunciara la creación del comité a finales de junio, se ha producido un tira y afloja entre la actual Administración demócrata y el expresidente Trump. Joe Biden ha autorizado a los Archivos Nacionales, que es la institución que custodia esos registros, a entregar tan sensible documentación. El actual presidente rechaza de plano la argumentación del republicano de que si esas informaciones ven la luz del día, la seguridad nacional estará en peligro.

A partir de octubre, los numerosos abogados de Trump comenzaron el combate para frenar la entrega de los registros de la Casa Blanca sobre el asalto del 6 de enero invocando el llamado “privilegio ejecutivo”, una disposición legal que establece la confidencialidad de determinadas comunicaciones y documentos de la Casa Blanca. El 9 de noviembre, una jueza federal le quitó la razón al expresidente una primera vez. La magistrada Tanya Chutkan concluyó entonces que la comisión de la Cámara tenía derecho a recibir esa documentación. La jueza defendió que “la posición de Trump de que puede anular la voluntad expresa del poder ejecutivo [en alusión a la decisión de Biden de autorizar la entrega de documentos] parece basarse en la noción de que su poder existe a perpetuidad”. “Pero los presidentes no son reyes”, sentenció. Chutkan determinó que en una disputa sobre si deben hacerse públicos o no unos documentos, siempre prevalece la decisión del presidente en activo sobre aquel que ya ha dejado el cargo.

Cuando se daba por hecho que los papeles que podían comprometer a Trump y a su entorno estaban a punto de ver la luz, los abogados del magnate recurrieron la decisión de la jueza. El equipo legal de Trump aseguraba en su apelación que el caso suscitaba cuestiones importantes, tales como si un expresidente puede demandar a un sucesor para evitar la entrega de registros del Gobierno al Congreso. En opinión de los abogados de Trump, la institución de la presidencia se vería dañada de forma irreparable si se hacían públicos los documentos.

Este jueves, un panel de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia desestimó este recurso en lo que constituye el segundo revés judicial para Trump en su propósito de mantener oculta la documentación sobre el asalto al Capitolio. Los jueces Patricia Millett, Robert Wilkins y Ketanji Jackson denegaron la solicitud del expresidente y argumentaron de forma unánime que Biden tenía derecho a negar el “privilegio ejecutivo” que reclamaba su predecesor en el cargo.

“Los hechos del 6 de enero pusieron de manifiesto la fragilidad de instituciones y tradiciones democráticas que quizá habíamos dado por sentadas”, se lee en el dictamen redactado por la magistrada Millett, nombrada para su cargo por el expresidente Barack Obama. “En respuesta, el presidente de Estados Unidos y el Congreso han dictaminado que es necesario el acceso al registro de comunicaciones presidenciales para poder abordar un asunto de gran importancia para la República”, prosigue el fallo judicial. “El expresidente Trump no ha dado a este tribunal ninguna razón legal para que podamos dejar de lado la valoración del presidente Biden”.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región