La lista de invitados a la Cumbre de la Democracia pone en aprietos a Biden

La convocatoria esta semana a un encuentro virtual para tratar los desafíos del autoritarismo enfada a China, Rusia, Hungría y otros países excluidos como El Salvador, Guatemala, Nicaragua o Cuba

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, en la Casa Blanca, este miércoles 8 de diciembre.
Joe Biden, presidente de Estados Unidos, en la Casa Blanca, este miércoles 8 de diciembre.TOM BRENNER (Reuters)

El éxito de una fiesta depende mucho de su lista de invitados. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha convocado una este jueves y viernes y la nómina de asistentes (pero, sobre todo, la de excluidos) amenaza con aguársela. Se trata de la Cumbre por la Democracia, una iniciativa virtual que reunirá a 110 países para debatir sobre los desafíos que plantea el autoritarismo, la mejor manera de combatir la corrupción y la defensa de los derechos humanos.

Desde su anuncio el pasado mes de agosto, la idea, que Biden ya puso encima de la mesa durante su campaña presidencial, no ha dejado de suscitar polémica. Es controvertida por lo que subyace en la confección de una lista que divide entre “buenos” y “malos” al mundo, que si alguna vez pudo interpretarse en términos binarios, ese tiempo queda muy lejos, pero sobre todo por quiénes quedan dentro y quiénes fuera. ¿Brasil, Irak y Filipinas? Que pasen. ¿Turquía, Rusia y Egipto? No están invitados. Tampoco Irán, Corea del Norte, Arabia Saudí, Honduras, Bangladés, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Marruecos, China o Cuba, para cuyo ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, esta cumbre es un síntoma de la “debilidad” de Washington.

Pekín, molesto tanto por su exclusión como por la invitación de Taiwán, respondió este fin de semana con un documento titulado China, una democracia que funciona, en el que presumía de sus credenciales como Estado de derecho, pese a décadas de evidencias en contra, y argüía que “no hay un modelo fijo de democracia”. También dudaba de la validez de Estados Unidos, un país que ha demostrado estar “polarizado en la respuesta a la pandemia”, como árbitro en estos asuntos.

Ha sido la última piedra de un edificio argumental levantado por el Gobierno de Xi Jinping durante semanas para contestar la iniciativa de Biden, que incluyó la publicación el mes pasado en la revista conservadora sobre relaciones internacionales National Interest de una tribuna firmada por su embajador en Washington, Qin Gang, y por el ruso, Anatoly Antonov, en la que ambos despachaban la cumbre como un “producto que evidencia su mentalidad [de Biden] anclada en la Guerra Fría”, que “solo avivará la confrontación ideológica y creará nuevas divisiones”.

La exclusión de Hungría, miembro de la OTAN y el único país de la UE que no está en la lista, provocó también el enfado de su primer ministro, Viktor Orbán, que ha logrado evitar, con el ejercicio del veto, que la Unión participe activamente y que adquiera en la cumbre compromisos comunes jurídicos o financieros. Tanto el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asistirán, pero tendrán las manos atadas a la hora de ofrecer compromisos vinculantes, y sus intervenciones deberán limitarse a los principios previstos en el Tratado de la Unión para la política exterior comunitaria.

Ted Piccone, investigador de Brookings Institution, ha cotejado la lista, que publicó el Departamento de Estado en su web el pasado 24 de noviembre, con el último índice del World Justice Project, que ordena la salud del Estado de derecho en 139 países, para detenerse en algunos ejemplos “extraños”. Pakistán ha sido invitado, aunque a última hora declinó participar, pese a ocupar el puesto número 130 en ese índice (en su caso, como en el de Ucrania, ha pesado la condición de aliados estratégicos de Estados Unidos). Polonia también participará, pese a que desde 2015 “ha caído 10 puntos”, igual que la República Democrática del Congo (que figura en el puesto 137). Y otros países, como Bolivia o Sierra Leona, mejor situados en ese índice y en otros como el del Economist Intelligence Unit, no están convocados.

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Una de las frases favoritas de Biden dice que “la democracia no surge por accidente”, que “hay que defenderla, luchar por ella, reforzarla y renovarla”. A ese ideal obedece esta iniciativa, que ha obligado a su Administración a una defensa cerrada. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, explicó el lunes que “la inclusión en la lista o la mera invitación no es un sello de calidad de la democracia de tal o cual país admitido en la cumbre, como tampoco implica la exclusión de un cierto club o la desaprobación de los que no están”.

“Ninguna democracia es perfecta, tampoco la estadounidense, y por eso acometemos este proyecto con humildad”, dijo al día siguiente un alto funcionario de la Casa Blanca, que pidió mantenerse en el anonimato. También explicó algo que vienen repitiendo los miembros de la Administración de Biden en público y en privado: “Estados Unidos no quiere erigirse con esto en árbitro de lo que es y lo que no es una democracia”.

Aunque ha sido inevitable que así se interprete. Al menos, la cumbre, que contará también con representantes de ONG y miembros de la sociedad civil, será este año virtual, debido al coronavirus. Así que al menos Biden se ahorrará el trago de decidir cómo sentar a los invitados, otro resbaladizo terreno a la hora de organizar una fiesta.

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Sobre la firma

Iker Seisdedos

Es corresponsal de EL PAÍS en Washington. Licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Deusto y máster de Periodismo UAM / EL PAÍS, trabaja en el diario desde 2004, casi siempre vinculado al área cultural. Tras su paso por las secciones El Viajero, Tentaciones y El País Semanal, ha sido redactor jefe de Domingo, Ideas, Cultura y Babelia.

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