La extradición a EE UU de tres piezas clave del chavismo tensa al Gobierno de Maduro

Alex Saab, Hugo Carvajal y Claudia Díaz, acusados de blanqueo y otros delitos, podrían aportar información sobre los millonarios esquemas de corrupción de Venezuela

Personas se manifiestan para mostrar su apoyo al empresario Alex Saab en Caracas (Venezuela).
Personas se manifiestan para mostrar su apoyo al empresario Alex Saab en Caracas (Venezuela).Getty Images

Estados Unidos va poco a poco recuperando las piezas del rompecabezas de corrupción que fue construyendo el chavismo en poco más de dos décadas. En unos días, Washington ha logrado la extradición de tres personas clave para el Gobierno venezolano. El considerado el gran operador de negocios del chavismo de los últimos años y el presunto testaferro de Nicolás Maduro, el empresario colombiano Alex Saab, aterrizó el pasado sábado en Miami. Tendrá que responder ante la justicia por acusaciones de lavado de dinero después de pasar 16 meses detenido en Cabo Verde echando un pulso al sistema judicial del país africano para evitar su entrega. Esa misma semana, la Audiencia Nacional acordó enviar a Estados Unidos desde España a Claudia Díaz, extesorera de Venezuela y enfermera del fallecido Hugo Chávez. Y en las próximas horas, Hugo Carvajal, el exjefe de inteligencia de Chávez y Maduro, también será entregado por España a Estados Unidos, después de que Washington llevara años señalando sus supuestos vínculos con el narcotráfico y la exguerrilla colombiana de las FARC. Tres duros golpes en apenas una semana que suponen una amenaza para el chavismo.

Los tres trataron de evitar su entrega a Estados Unidos hasta el final. La Audiencia Nacional ya había aprobado la extradición de El Pollo Carvajal en 2019, pero logró huir y pasó dos años fugado de la justicia española hasta su detención el pasado mes de septiembre en Madrid. Como ex alto cargo del chavismo, el militar ha alardeado en sede judicial de la información clasificada que posee. El pasado septiembre incluso acusó a Podemos de financiación irregular con dinero en efectivo enviado por el chavismo a España a través de valija diplomática. El juez de la Audiencia Nacional ordenó reabrir la causa contra el partido español, que había sido archivada en 2016, pero el caso no evitará que El Pollo sea enviado a Estados Unidos.

Carvajal estuvo durante casi una década a cargo de los servicios secretos, muy cerca del comandante de la revolución, como jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar. En 2008, el militar fue uno de los primeros en ser incluido en la lista negra de Estados Unidos que hoy suma más de un centenar de venezolanos. Entonces, el Departamento del Tesoro lo acusaba de “proteger los envíos de droga de su captura por las autoridades venezolanas antinarcóticos” y de “proveer armas e identificaciones del Gobierno venezolano a las FARC”. Se le ha señalado como parte del llamado cartel de los soles, supuestamente integrado por militares y altos funcionarios del chavismo.

Carvajal escapó de una detención en Aruba -y posible extradición- en 2014 con unas credenciales diplomáticas de cónsul, la misma estrategia que el chavismo intentó aplicar con Saab, cuando le nombró embajador estando en prisión en Cabo Verde. Cuando El Pollo fue capturado nuevamente en España el 10 de septiembre, se escondía en un apartamento y se había sometido a cirugías y usaba pelucas para ocultar su identidad, como un buen espía. Carvajal ha negado una y otra vez todas las acusaciones sobre narcotráfico y relación con las FARC, incluso tras la aparición de su nombre entre varios intercambios de correos guardados en el ordenador del exjefe guerrillero colombiano Raúl Reyes, abatido en Ecuador en 2008, año en el que empezó a despertar alarmas en Estados Unidos.

Como él y otros exfuncionarios implicados en corrupción, Claudia Díaz también recaló en España cuando salió de la burocracia chavista. Díaz y su pareja, Adrián Velásquez, exguardaespaldas de Chávez, fueron detenidos por la Policía española el 23 de diciembre de 2020 y liberados horas después con medidas cautelares. Ambos militares son requeridos por Estados Unidos, que ha seguido la compleja maquinaria de lavado de dinero proveniente de Venezuela.

Uno de los implicados en el caso de Díaz es el empresario Raúl Gorrín, acusado de ser parte de un esquema de corrupción asociado al control cambiario que restringió la economía en Venezuela durante 15 años y enriqueció a los allegados del Gobierno. Gorrín es el dueño de Globovisión, el único canal de noticias 24 horas que había en el país, hasta su llegada muy crítico con el Gobierno. Cuando Gorrín lo compró en 2014 la línea editorial cambió a una totalmente favorable al chavismo, como un eco de la televisora estatal. Varias investigaciones han revelado que Díaz también habría comprado unos 250 lingotes de oro -valorados en más de 9,5 millones de dólares- a través de una compañía fantasma establecida en paraísos offshore del Caribe.

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En el caso de Carvajal, Díaz y Velásquez, Venezuela ha intentado evitar su posible colaboración con la justicia estadounidense pidiendo la extradición a su país. El fiscal Tarek William Saab ha hecho solicitudes que se han quedado sin respuesta hasta ahora. Estos señalados entraron en la purga del chavismo que se desató tras la muerte de Chávez y que hizo que importantes fichas del chavismo, como el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, y el propio Carvajal retiraran su apoyo a Maduro.

Fuera de Venezuela se han abierto más de 80 averiguaciones sobre manejos irregulares de los gobiernos de Chávez y Maduro, según Transparencia Venezuela. Cuando estaba en manos de la oposición, el Parlamento venezolano calculó que la trama de corrupción en torno al chavismo superaba los 400.000 millones de dólares asociados principalmente a la petrolera estatal y al control cambiario, un desangre del patrimonio público que llevó al colapso económico y la crisis humanitaria que se vive hoy en Venezuela. Nada más el escándalo de la Banca Privada de Andorra involucra 2.300 millones de dólares en sobornos por contratos con PDVSA. Otros 1.500 millones de dólares estarían congelados en cuentas y propiedades en Estados Unidos, según organizaciones que están promoviendo la recuperación de esos activos.

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