La Audiencia Nacional rechaza aplazar la extradición de ‘El Pollo’ Carvajal a EE UU

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado un golpe de autoridad este jueves y ha rechazado volver a frenar la extradición de Hugo Armando Carvajal, alias El Pollo Carvajal, el exjefe de la contrainteligencia venezolana que se encuentra encarcelado en España y a quien reclama Estados Unidos por narcotráfico, blanqueo y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los jueces de la Sección Tercera, que este miércoles ordenaron hacer efectiva la entrega a la potencia americana, se han negado a posponer esta medida después de que el magistrado instructor Manuel García-Castellón les comunicase que había citado al militar a declarar el próximo 27 de octubre en una causa sobre Podemos. El tribunal acusa a Carvajal de desplegar una “estrategia dilatoria”.

A través de una resolución de tres páginas, la Sala concluye que “no ha lugar ni a suspender ni a posponer la materialización de la entrega” del militar. E incide en que el juzgado de García-Castellón no puede “participar” en nada relacionado con “la fase de ejecución” de la extradición: “Que es exclusiva de esta Sección como única autoridad judicial competente”, subrayan los magistrados Alfonso Guevara, Carolina Rius y Carlos Fraile. Es más, el tribunal ha ordenado remitir su fallo a la Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, así como al comisario jefe de la Oficina de Cooperación Policial Internacional, para hacer saber a este último que “única y exclusivamente atenderá a las órdenes que le remita esta Sección Tercera de la Sala de lo Penal, única autoridad competente para resolver sobre la presente causa extradicional”.

Las últimas resoluciones dictadas por la Sala infligen un duro golpe al militar, que lleva semanas intentando frenar in extremis su entrega. En 2019, la Audiencia Nacional ya la aprobó, pero Carvajal huyó poco antes de que esta se materializara y ha permanecido fugado de la justicia española casi dos años, hasta su arresto el pasado 9 de septiembre en Madrid. Desde entonces, el exjefe de contrainteligencia ha abierto tres frentes legales para tratar de impedir su entrega: en el Ministerio del Interior, con una petición de asilo; en la Audiencia Nacional, donde solicitó que se le considere testigo protegido para colaborar en una causa sobre terrorismo internacional que dirige García-Castellón; y en el Tribunal Supremo, donde ha recurrido el acuerdo del Consejo de Ministros que, el 3 de marzo de 2020, aprobó su extradición para ser juzgado en el distrito sur de Nueva York.

“[La] voluntad de Carvajal de pretender colaborar con la justicia española sería una maniobra dilatoria del proceso extradicional, que ya logró dilatar al no comparecer voluntariamente ante esta Sección una vez dictado el 8 de noviembre de 2019 el auto de prisión, y busca y captura”, recalca la terna de magistrados, que remacha: “[Entonces] fue necesaria su detención policial el 9 de septiembre del presente año”. En este sentido, los jueces insisten en que El Pollo nunca pidió declarar sobre la causa de Podemos hasta su arresto este 2021 y que, aunque se ejecute la entrega, el venezolano puede testificar por videoconferencia gracias “a los mecanismos de cooperación jurídica en materia penal suscritos por España y Estados Unidos”.

El proceso de entrega se ha acelerado en los últimos días. Interior comunicó a principios de semana que declaraba firme la negativa de conceder asilo al venezolano, quien todavía podría llevar esa decisión del Gobierno a los tribunales por la vía contencioso-administrativa. De seguido, la Sección Tercera de lo Penal ordenó este miércoles hacer efectiva la extradición. Pero, un día antes, García-Castellón había reabierto un viejo caso sobre la supuesta financiación irregular de Podemos, que llevaba cinco años archivado, tras haber tomado declaración antes a Carvajal en la causa sobre terrorismo internacional. En aquel interrogatorio, celebrado el 20 de septiembre, El Pollo acusó a Podemos de recibir dinero de los gobiernos chavistas y, posteriormente, aportó varios documentos al magistrado que, según dice el militar, sostienen sus palabras.