Pesimismo en los barrios más golpeados por la crisis argentina: “Hay que rebuscársela cada vez más”
El aumento de las ayudas estatales antes de las elecciones legislativas tiene un impacto escaso en la población más vulnerable
“Todo sube y no se vende nada”, se lamenta Javier desde detrás del mostrador de su carnicería frente al barrio popular de Villa Nueva, en Berisso, 60 kilómetros al sur de Buenos Aires. Con 33 años y tres hijos que mantener, Javier cuenta que tuvo que mudarse del centro a la periferia por las deudas acumuladas durante la pandemia de la covid-19. El alquiler es menos de la mitad, pero también las ventas. Su pesimismo coincide con el de muchos argentinos que no se han recuperado de la brusca caída del nivel de vida que sufrieron en 2020 y es clave para entender la derrota del gobernante Frente de Todos en las primarias del pasado 12 de septiembre.
La semana siguiente a las elecciones, referentes de los distintos partidos políticos fueron puerta por puerta a buscar a quienes no habían concurrido a las urnas. El objetivo era entender a ese casi 36% de votantes que se abstuvieron e intentar convencerlos de cara a las legislativas del 14 de noviembre, en las que se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. En sus manos está la llave para mantener o alterar el resultado de hace tres semanas, cuando la oposición se impuso en 18 de los 24 distritos del país.
El resultado más inesperado para el oficialismo fue el de la provincia de Buenos Aires, bastión histórico del peronismo en el que se concentra casi el 40% de la población de Argentina. El Frente de Todos obtuvo 356.533 votos menos que la suma de las dos listas de Juntos por el Cambio, un 33,25% frente al 37,33%.
“Encontramos a vecinos enojados, que no fueron a votar a modo de castigo, y otros que no fueron a votar por miedo a contagiarse, por falta de cuidados”, dice Lilia Bustamante al ser consultada sobre las respuestas de quienes no concurrieron a las urnas. Bustamante, candidata a concejala del Frente de Todos en Berisso y coordinadora de la organización social Barrios de Pie en esta ciudad, señala que los principales reclamos de los vecinos tienen que ver con infraestructura urbana, problemas de vivienda y falta de trabajo.
Villa Nueva, como otras barriadas pobres de Berisso, está construida sobre terrenos inundables que fueron ocupados hace más de dos décadas. Cada vez que llueve sus calles de tierra se convierten en enormes piscinas de barro por las que se vuelve muy difícil caminar. “Si llueve no puedo sacar a mi hijo, que es discapacitado”, lamenta Margarita Flores, boliviana, en la casa de ladrillo, madera y chapa que construyó junto a su marido, hoy jubilado. En la parte de atrás tienen una pequeña huerta, gallinas y patos.
A diferencia de las villas miseria de la capital argentina, que crecen hacia arriba con construcciones precarias de hasta tres y cuatro pisos, en aquellas formadas en áreas más rurales, muchos de sus habitantes tienen un pequeño jardín en el que cultivar algunas verduras y tener animales. La familia Flores alimenta a las gallinas y los patos con lo que les acerca un vecino verdulero y, a modo de trueque, de vez en cuando lo invitan a comer gallina o pato. “La situación está muy complicada, pero al menos aumentó la jubilación y estamos mejor que con [Mauricio] Macri”, asegura su marido al hablar de la principal fuente de ingresos que tienen. La pareja agradece también que por primera vez en 20 años pasa un autobús a la entrada del barrio, lo que les ahorra una caminata de casi un kilómetro cada vez que necesitan movilizarse.
En Berisso, a diferencia del resultado provincial, ganó el Frente de Todos, pero sus referentes son conscientes de la difícil situación económica que influyó en la votación. En el comedor popular que gestiona Barrios de Pie frente a Villa Nueva preparan merienda y cena para unas 180 personas. El número de vecinos que venían a pedir comida empezó a crecer a partir de 2018, en la segunda mitad del mandato de Macri, cuando arrancó una crisis económica que continuó en 2019 y se agravó en 2020 con la pandemia, ya con Alberto Fernández en el poder. La cifra casi no ha disminuido desde entonces.
A finales de 2020, dos de cada diez hogares argentinos sufrían inseguridad alimentaria, es decir, no tenían ingresos suficientes para garantizar un plato de comida en la mesa para toda la familia, según el Observatorio social de la deuda argentina de la Universidad Católica Argentina (Odsa). La protección aumentó con la tarjeta Alimentar distribuida por el Gobierno de Fernández —en la que cada mes se depositan entre 6.000 y 12.000 pesos (entre 57 y 114 dólares), según el número de hijos, para que las familias puedan ir al supermercado a comprar alimentos— pero no ha eliminado la concurrencia a los comedores.
“Esa es una característica de Argentina, que en la salida de sus diferentes crisis queda con un piso de pobreza más alto del que tenía antes”, destacó Leo Tornarolli, economista del Centro de estudios distributivos, laborales y sociales (Cedlas) de la Universidad Nacional de La Plata al conocerse el dato oficial de pobreza en el primer semestre de 2021: 40,6%. Descendió un 1,4% respecto a 2020, pero está muy por arriba de antes del 32,2% de hace cinco años y aún más del 24,7% de una década atrás.
“En Argentina quien quiere laburar [trabajar], labura, pero hay que rebuscársela cada vez más”, dice Jesús, herrero reconvertido en jardinero, albañil “y lo que salga”. Acostumbrados a las crisis recurrentes del país, los más golpeados por ellas buscan como sea la forma de sobrevivir. “En los políticos no confío más, es todo chamuyo (palabrería)”, agrega antes de subirse a su vieja motocicleta. Irma Parra García, referente barrial, recuerda que cuando llegaron al terreno en el que viven no había nada: “Cuando volvíamos de trabajar, agarrábamos pico y pala para hacer la calle”. Hoy hay alumbrado público, pero faltan cloacas. Las construcciones precarias conviven con espacios verdes en los que pastan vacas y se acumula basura.
“Hay cierta recuperación de empleo, pero no creación”, destaca el titular del Odsa, Agustín Salvia, para quien la suma de alta inflación [51,4%] y caída de remuneración ha supuesto un duro golpe para la economía de las familias argentinas. “Hoy un trabajo solo no garantiza salir de la pobreza, un trabajo informal mucho menos, ni aun teniendo además un programa social”, considera Salvia. Este sociólogo cree que para un descenso sostenible en el tiempo de la pobreza hacen falta políticas públicas centradas en “la creación de mejores empleos que generen un valor agregado, desde saneamiento ambiental hasta cuidado de personas mayores”, y subraya que la inyección de dinero del Gobierno antes de las elecciones supondrá solo un alivio temporal.
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