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Venezuela denuncia el secuestro de ocho militares en la frontera con Colombia

El ministro de Defensa de Nicolás Maduro confirma las capturas, presuntamente a manos de disidentes de las FARC. El Gobierno pide a la Cruz Roja facilitar la liberación de los soldados

Florantonia Singer
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López (c), confirmó el suceso este sábado en conferencia de prensa.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López (c), confirmó el suceso este sábado en conferencia de prensa.JHONN ZERPA (EFE/Prensa Miraflores)

El Gobierno de Nicolás Maduro ha confirmado el secuestro de ocho militares en la zona fronteriza con Colombia. “Denunciamos ante la comunidad internacional, ante los organismos multilaterales, y las organizaciones de derechos humanos, el infame secuestro de estos soldados y exigimos a sus captores la preservación de su vida e integridad física”, declaró el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, el sábado. Los militares están secuestrados desde el 23 de abril por presuntas disidencias de la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero hasta sólo lo denunciaban organizaciones como FundaRedes y familiares de los soldados. Tras las palabras del ministro, la televisora estatal VTV transmitió un video con una fe de vida de 8 militares venezolanos que fue recibida por la autoridades venezolanas el 9 de mayo, de acuerdo con el comunicado leído por el funcionario.

Hace dos meses el gobierno de Venezuela desplegó “Escudo Bolivariano”, una intensa operación militar en el sur de Venezuela con el objetivo de combatir lo que el chavismo ha terminado por llamar Gricolt, grupos armados colombianos. El Ministerio de Defensa ha enviado vehículos blindados, aviones y helicópteros de combate, tropas de distintos contingentes del país, incluso refuerzos policiales de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional. También creó una unidad militar especial fronteriza en las poblaciones de La Victoria, El Ripial y otros poblados a orillas del río Arauca, en donde la violencia ya ha desplazado a más de 6.000 personas hacia el lado colombiano.

En lo que va de conflicto las autoridades han informado sobre la muerte de 16 miembros de las Fuerzas Armadas en ataques con minas antipersonas y emboscadas de guerrilleros. El gobierno venezolano también ha asegurado que los irregulares cuentan con 9 bajas —entre las que está una familia campesina que denunció ajusticiamiento de cuatro de sus miembros por parte del Ejército— y que han capturado 34 presuntos delincuentes, incluidos algunos miembros del Cartel de Sinaloa. Ahora se suman los ocho secuestrados, de los que no han dado los nombres ni ha dicho en manos de qué grupo están ni las circunstancias de su captura.

Padrino informó que la Cancillería venezolana hace gestiones ante la Cruz Roja Internacional para liberación de los soldados. “Expresamos solidaridad incondicional y apoyo irrestricto a los familiares de tan valientes compañeros de armas, que de manera gallarda y estoica continúan honrando el sagrado juramento de defender la patria; no escatimaremos ningún esfuerzo y agotaremos todas las vías posibles para recuperarlos sanos y salvo”.

A principios de esta semana circuló una supuesta comunicación del llamado Décimo Frente Martín Villa de las disidencias FARC-EP donde informaban que tenían como ”prisioneros de guerra” a cinco sargentos, dos tenientes y un primer teniente venezolanos. Pedían al organismo humanitario su intermediación para la entrega. A esto se han sumado las denuncias de madres de los secuestrados y de otros soldados que reportan como desaparecidos, difundidas por Javier Tarazona, director de FundaRedes, una ONG que ha documentado el conflicto en la frontera.

En uno de los videos que circularon este sábado como pruebas de vida aparecen solo cinco soldados del Ejército y la Armada. Cada uno de los militares se identifica con su rango, dice haber recibido buenos tratos de parte de las FARC y pide que el conflicto en la frontera se resuelva con diálogo. Según el testimonio de los secuestrados el video fue grabado hace más de 10 días, el 4 de mayo. En otra grabación salen ocho militares, pero carece de audio.

El incidente ha estado cubierto de la recurrente opacidad de las autoridades venezolanas. En la zona continúan los combates. Organizaciones de la sociedad civil pidieron hace unas semanas a las Naciones Unidas la designación de un enviado especial para el conflicto fronterizo, que puede escalar ante el congelamiento total de las relaciones entre Colombia y Venezuela desde hace dos años, en medio del conflicto institucional que desató la toma de posesión de Nicolás Maduro para un segundo mandato, luego de unas elecciones calificadas de fraudulentas y que no fueron reconocidas por la comunidad internacional.

El fuego cruzado de las últimas semanas entra también en el terreno geopolítico que ha signado la crisis venezolana. Rusia, uno de los principales aliados de Maduro, advirtió el jueves sobre el peligro que la situación en Apure representaba para la estabilidad en la región. “Nos preocupa seriamente el agravamiento en la frontera entre Venezuela y Colombia, donde las Fuerzas Armadas venezolanas vienen tratando durante las últimas semanas de evitar que unidades armadas ilegales y grupos narcotraficantes ingresen al país. Estos enfrentamientos armados, que se han intensificado en los últimos días, han provocado numerosas víctimas. Un posible deterioro de la situación podría tener consecuencias extremadamente negativas para la estabilidad y la seguridad regionales”, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Maria Zakharova, quien hizo un llamado al presidente Iván Duque a “atender los llamados de Maduro para dialogar”.

Desde hace varios años, organizaciones como International Crisis Group y Human Rights Watch han denunciando la presencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano, en particular miembros de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional. El corredor fronterizo se ha convertido en la fuente de ingresos de estos grupos a partir de de actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión, minería ilegal y el tráfico de migrantes, señalan algunos de sus informes. Analistas como Rocío San Miguel, de Control Ciudadano, también han advertido sobre la conformación de una “guerrilla binacional” y sobre cómo las volátiles alianzas locales entre guerrilleros, fuerzas de seguridad y actores estatales y sus pugnas por el territorio y los negocios lucen como telón de esta nueva crisis.

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