Éxodo y pobreza en un Líbano en caída libre

Khadija Fares y su marido viven en un bajo de dos austeras habitaciones sin ventanas, agua potable o electricidad en el empobrecido barrio de Bab el Tebeneh, en la norteña ciudad libanesa de Trípoli, segunda urbe del país. Ante la falta de luz, el frigorífico se ha convertido en armario. El baño, colectivo, se sitúa fuera de la vivienda. Varios sofás remendados incontables veces, dos retratos en blanco y negro y un colchón son todo el mobiliario que tienen. Acostumbrada a vivir en la penuria, la crisis económica pone hoy contra las cuerdas a esta pareja. A sus 70 años, el matrimonio puede verse en la calle. Tras más de medio siglo viviendo aquí de alquiler, el casero quiere echarles para cambiar el contrato de renta antigua.

Estos son solo dos de los afectados de ese 55% de los 4,5 millones de libaneses (sin contar a 1,5 millones de refugiados sirios) que la brutal crisis financiera ha hundido bajo el umbral de la pobreza, según un cálculo del Banco Mundial. En Trípoli, ocho de cada 10 vecinos se mueven en torno a esa delgada línea de supervivencia. Ni rastro de ayuda del Gobierno; tan solo acuden a este barrio de Bab el Tebeneh miembros de los partidos tradicionales, divididos por confesiones, para distribuir ayudas a sus seguidores, y algunas asociaciones recién creadas por la sociedad civil que financia el exilio libanés.

“La crisis económica que atraviesa el país es más acuciante que la vivida durante la guerra civil [1975-1990]”, sostiene la economista libanesa Alia Moubayed desde Beirut. “Entonces, aún funcionaban los bancos y los servicios estatales en gran parte del país donde no había enfrentamientos. Hoy la crisis golpea a todos y en todas partes”, destaca.

La crisis ya golpeaba a la sociedad libanesa en 2019, cuando el anuncio de una tasa por el uso de WhatsApp desató una ola de protestas en la que los manifestantes exigían reformas y la salida de la élite política y económica que lleva tres décadas en el poder. Pero la irrupción de la pandemia ha acallado progresivamente las protestas y Líbano ha acelerado su vertiginosa caída libre: la libra libanesa ha perdido el 80% de su valor frente al dólar, la hiperinflación supera el 150% en el precio de productos básicos, los bancos han impuesto un control informal del capital, limitando el dinero mensual que los libaneses pueden retirar de sus cuentas y el Gobierno ha declarado el primer impago de deuda en su historia. Cinco tipos de cambio distintos coexisten en las calles libanesas; oscilan desde las 1.500 libras por dólar establecidas por el Banco Central a las 13.000 de los cambistas informales.

La pandemia ha ahondado la crisis económica, a la que se sumó la explosión el pasado 4 de agosto de un depósito con 2.700 toneladas de nitrato de amonio en el puerto de Beirut, una tragedia que causó 211 muertos, más de 6.500 heridos y 350.000 desplazados de sus casas, y que dio la estocada final al divorcio de la población y la clase política. Nueve meses después, la investigación sigue paralizada tras apuntar como responsables de negligencia a miembros de esa élite política que no acaba de abordar las reformas que necesita el país. La misma a la que ahora se acusa también de transferir ilegalmente sus fortunas al extranjero.

El primer ministro en funciones, Hasan Diab, presentó su dimisión al día siguiente de la tragedia. No obstante, la formación de un nuevo Gobierno sigue paralizada y con ello las necesarias reformas, condición para desbloquear la ayuda internacional y evitar un colapso total de la economía libanesa. “No habrá una recuperación si no se acaba antes con la cultura de impunidad impuesta por los líderes sectarios que han asentado un sistema clientelista y cooptado los recursos del Estado”, apunta Moubayed.

“Que Alá nos proteja cuando se acaben las ayudas estatales”, afirma Fátima S. (que prefiere no revelar su apellido), en el barrio tripolitano de Zouqat Roumane, ante los repetidos avisos de un fin próximo a las subvenciones del pan o el aceite. Vive en un laberinto de casas subterráneas y callejas de un metro escaso de ancho alumbradas con farolas y en las que los desagües escupen un líquido turbio y maloliente sobre el cemento que pisa. Allí, la asociación local Los Guardianes de la Ciudad distribuye 200 platos calientes diarios a la hora del iftar, ruptura del ayuno musulmán en el mes de Ramadán. Mohamed Choub, fundador de esta ONG asegura que los fondos provienen de la diáspora libanesa. Una comunidad en el exterior que ya duplica el número de habitantes que quedan en el país y que sobrepasaría los cuatro millones.

Cientos de jóvenes voluntarios se sumaron a esta ONG en 2015, cuando una crisis en la gestión estatal de basuras inundó las calles libanesas con montañas de desechos desatando la indignación popular. Esos mismos jóvenes se unieron luego a la zaura de 2019 (“revolución”, en árabe) y son el pilar de una miríada de asociaciones civiles aconfesionales.

En ese mundo construido bajo el suelo de una mezquita, los habitantes no disponen de seguros médicos ni de ingresos para pagar, por ejemplo, la diálisis que necesita Ghazal, una tímida niña de ocho años de ojos turquesa. Antaño los partidos políticos, “sobre todo en tiempos de elecciones o choques armados, distribuían ayudas a cambio de votos”, interviene un vecino que añade: “Ya, ni eso”. En el barrio de Zouqat Roumane, un bastión suní, los pósters de jóvenes armados muertos durante décadas de combates sectarios en el país comparten muro con los de los zaim, líderes feudales cuyos rostros han sido agujereados o garabateados. Con las arcas vacías hasta en esos partidos, las organizaciones de ayuda que han germinado durante las protestas suponen el último salvavidas para los más vulnerables. “No es la caridad lo que nos va a sacar de esta, sino puestos de trabajo”, zanja, no obstante, este vecino del barrio.

Emigración y remesas

Muchos libaneses sobreviven gracias a las remesas de los emigrantes, que supusieron unos 5.800 millones de euros en 2019, aunque los expertos calculan que ahora suman la mitad. La economista Alia Moubayed advierte de que “la crisis ha destapado un sistema fallido de clientelismo y patronazgo que, paradójicamente, sus propios artífices pueden usar a su favor instrumentalizando la creciente pobreza para reforzar ese mismo sistema de dependencia”.

En esta situación de crisis, muchos intentan marcharse. Líbano no ofrece datos oficiales de emigración, pero la prensa local cita cálculos de la web MacroTrends, que estima que el saldo migratorio no solo es negativo, sino que se ha incrementado en torno a un 47% con respecto a 2019.

“Mes tras mes, se me van los mejores médicos, los más capacitados y necesarios”, se queja Mustafá Alloush, jefe de Cirugía en el hospital Nini de Trípoli. Antiguo diputado, es también vicepresidente del partido suní El Futuro, que dirige Saad Hariri, llamado a ser primer ministro en un Gobierno que no acaba de constituirse. “Ya ni siquiera podemos importar maquinaria o incluso accesorios básicos por la falta de divisas”, añade este médico de 63 años en un país que hasta este año ofrecía los mejores servicios sanitarios de la región.

“Ya ni siquiera podemos importar maquinaria o incluso accesorios básicos por la falta de divisivas”, lamenta este médico de 63 años en un país que hasta este año ofrecía los mejores servicios sanitarios de la región. El remanente de divisas, estimadas por el Banco Central en 14.100 millones de euros, se agotará, según los expertos, en seis meses o un año, lo que acabará con los subsidios estatales. Las colas en las gasolineras y farmacias se multiplican según se devalúa la libra y escasean los productos. Como otros muchos, Alloush ve inevitable un estallido de violencia: “Ya lo vivimos en la guerra civil, cuando nos obligaban a operar a un paciente insolvente apuntándonos con un Kaláshnikov”.

A medida que los jóvenes formados abandonan el país, “los que quedan tienen muy difícil encontrar trabajo por falta de cualificación”, lamenta el cirujano. Jamil Alí, de 21 años, es uno de ellos; sin más opciones laborales que recoger cartón en un barrio popular de Trípoli, en una buena jornada cobra tres euros deslomándose la espalda. Al igual que otros vecinos de su edad, mira hacia Turquía, nuevo faro para la población suní de esta metrópoli y único destino donde no les exigen visado y pueden abrir “una cuenta de banco sin dificultades”.

Aquellos que pueden permitirse una conciencia social, también quieren irse. La bandera de un partido político sobre el ataúd de una de las víctimas de la explosión de Beirut consumió la última brizna de energía contestataria que le quedaba a la activista Eman Ibrahim, de 26 años. “Ese día me dije que no hay cambio posible en un país cuyas gentes siguen alabando a los mismos partidos que matan a sus ciudadanos”, reflexiona en el café Warshe 13 del barrio cristiano Al Mina de Trípoli.

Pertenece a la generación de posguerra, pero ya a los 13 años conoció el trauma del enfrentamiento armado sectario en el barrio alauí de Jebel al Mohsen. “Me estoy muriendo lentamente en este país. Me consumo en un intento por cambiar un sistema inalterable”, dice. Lideró marchas feministas durante los primeros meses de las protestas de 2019 y hoy trabaja en una ONG con jóvenes en programas de género y de resolución de conflictos. “Las mujeres libramos múltiples batallas en esta sociedad patriarcal y sectaria”, cuenta resignada antes de lidiar con un “padre machista” en el hogar que sostiene con su salario.

A pocos metros de este café, la universitaria Mira Al Sukkari baila al ritmo de música tecno en una discoteca vacía y recién inaugurada en tiempos de pandemia y Ramadán. Conforme el país va camino de la desintegración, la juventud libanesa, expulsada del mercado laboral y de la esfera política, busca nuevos espacios donde sentirse viva. El día de la explosión de Beirut también marcó su vida. Sobrevivió a la onda expansiva que arrasó el piso que alquilaba en el barrio de Gemeyze, uno de los más afectados. Sin embargo, esta estudiante de Criminología, no ha vuelto a pisar la universidad desde entonces porque no se ve capaz psicológicamente de volver a “ese lugar”.